En el primer día de vigencia de la nueva normativa de seguridad vial del gobierno porteño, se incautaron 48 registros de conducir a quienes cruzaron semáforos con luz roja. Los afectados fueron, según explicaron fuentes oficiales, veinticinco conductores particulares, nueve motociclistas, diez taxistas, tres colectiveros y un camionero. Todos ellos recién podrán recuperar sus registros luego de pagar la multa.

De acuerdo con el gobierno porteño, sólo en la primera hora de aplicación de la norma se secuestraron siete licencias en una de las 25 postas distribuidas en cruces de grandes avenidas y proximidades de terminales de colectivos. Quince de esos registros incautados en avenida Garay y Salta habían sido emitidos por la Ciudad, y el resto por diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Los “controles contribuyen a incentivar la toma de conciencia y el sentido de la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener a la hora de sentarse frente a un volante”, declaró el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Los operativos estuvieron a cargo de 90 agentes de la Central de Tránsito de la ciudad, la Agencia de Control Ambiental y apoyo policial. También participaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

La aplicación de la normativa, sin embargo, no se realizó sin cuestionamientos. Un automovilista que se identificó como “Carlos” protestó ante cámaras televisivas luego de que le retiraran el registro. “Crucé en verde y se puso en rojo cuando estaba detrás de un camión de caudales”, explicó, tras lo cual insistió en los riesgos: “Es la palabra mía contra la del controlador. Me siento indefenso y hay falta de criterio”. Montenegro, por su parte, señaló que el monto de las multas “queda a discrecionalidad del controlador que tiene que ver la hora en que se pasó el semáforo, el lugar, si había riesgo o un colegio cerca”.

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien observó algunos de los operativos, explicó que quien haya sido sancionado con el secuestro de la licencia por haber cometido una infracción tiene en su poder “un certificado que vale por 40 días”. Durante ese lapso, la persona sancionada “puede manejar” con esa constancia, pero debe presentarse ante un juez de Faltas para “pagar la multa”, que oscila entre los 300 y los 3000 pesos. Luego de eso, le será devuelta la documentación. Sin embargo, “si a los 40 días no va, la licencia se rompe y tiene que hacer el trámite de nuevo”. De acuerdo con Rodríguez Larreta, se resolvió proceder de esa manera porque “mucha gente no pagaba” la multa “y la sanción no se hacía efectiva”. Por ello “ésta es una presión adicional para ir a pagar”, aunque “lo más importante” de la normativa que acaba de implementarse, aclaró el funcionario por las dudas, “es cuidar las vidas”. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con fuentes del gobierno porteño.