“Vinieron para matar”, describió el cacique Félix Díaz en una conferencia de prensa tumultuosa. Pocos minutos después, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, ratificaba el sentido del relato: “Fue una emboscada”. Alrededor, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular del Inadi, Claudio Morgado; la diputada formoseña Silvia Vázquez, Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el presidente de Amnistía Internacional Argentina, Julio Montero, asentían. Verbitsky refirió la “violencia armada”, las “falsas pistas” sembradas para inculpar a las víctimas y lo “premeditado” de cuanto sucedió. Pérez Esquivel planteó que “Hay que pedir la renuncia del gobernador” y la destitución inmediata del comisario y las fuerzas policiales que hicieron la represión”. En un instante, el silencio del auditorio colmado de representantes de distintos pueblos originarios, representantes políticos, académicos y de ONG, se quebró con un grito que pronto se volvió consigna: “¡Juicio y castigo!”.

“A este indio hay que matarlo. A vos te voy a matar, indio de mierda”, contó el cacique Félix Díaz que escuchó cuando la policía montada, tras desalojarlos de la ruta, avanzó sobre él y “los hermanos” de la comunidad qom La Primavera. Se le venían hombres armados y a caballo; “tuve que sacar mi gomera, que usamos como medio de subsistencia para cazar pájaros. Esa gomera me salvó”. Recibió disparos, “siete de revólver y varios con escopeta”; “el comisario (Ricardo) Cajes de Laguna Blanca jamás levantó la voz” para detener la represión.

Esas mismas circunstancias, pero más detalladas y con respaldo en la historia legal que refiere a las tierras ocupadas por La Primavera, avalaron la medida cautelar que el CELS y la Defensoría General de la Nación habían pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad qom”. Es preciso, evaluó Verbitsky, propiciar la creación de “un ámbito común en el Estado” y del que participen todos los actores del conflicto. Hasta el momento, y de manera histórica, el Estado nacional ha sido “contradictorio” en su actitud hacia La Primavera. Por un lado, el Inadi “desde el primer momento protegió al cacique al designarlo delegado” en la provincia. Por otro, a pedido de la Justicia provincial, la Gendarmería elaboró un dictamen luego de la represión: allí “arriesga juicios y opiniones que no le corresponden, al hablar de enfrentamiento cuerpo a cuerpo”. “Eso es un disparate. Se trató de personas desarmadas, ancianos y niños. Es decir que hubo violencia armada contra pacíficos” pobladores. No sólo fue “premeditado” lo sucedido, sino que, además, las causas judiciales iniciadas contra los pobladores carecen de asidero. Verbitsky relató que una agente de la policía “hizo una simulación de abuso”, al abrirse la casaca y gritar, a la vez, “¡me atacan, me atacan!”. Esa es una de las denuncias abiertas actualmente contra integrantes de la comunidad qom.

En el corazón del conflicto hay cinco mil hectáreas. En 1940, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional las reconoció como pertenecientes a los qom, cuya tradición se sustenta en la propiedad colectiva de la tierra. En 1961, al crearse el Estado provincial, esa propiedad fue reconocida por una resolución local.

“En 1978 hubo un desalojo de criollos que ocupaban parte de esas tierras”, contó Verbitsky. La excepción fue “la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca”. Esa presencia es la que, ahora, la Justicia esgrime como argumento para expulsar a los qom de las tierras. Lo que se intenta es hacer “el desalojo de quienes tienen títulos reconocidos” de propiedad sobre ese territorio.

Las autoridades provinciales fueron señaladas como responsables del conflicto en más de una oportunidad. Ante un auditorio colmado , las definiciones refirieron la necesidad de medidas políticas. Las autoridades provinciales tienen “parte activa del conflicto y tienen responsabilidades”, señaló Verbitsky y también criticó la actuación del ministro de Gobierno provincial, Jorge González. “Actúa con real malicia”, aseguró; hace años, González fue abogado de la Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica.

Ante la descripción de Díaz, sólo se percibían el silencio y la expectación. La excepción fue el final, puntuado por percusiones, sonidos de instrumentos de viento y gritos pidiendo por la intervención de la provincia. Las demás intervenciones estuvieron puntuadas por pedidos de acción inmediata.

Lo sucedido en La Primavera no es un caso aislado, aseguró Pérez Esquivel. “Se margina a los pueblos originarios, a pesar de los pactos. No nos quedemos en la queja. Hay que sumar voluntades.”