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La gran mayoría de los chicos que cursan la escuela media en la ciudad de Buenos Aires sólo se sienten seguros en su casa, con sus familias, o en el colegio, con sus amigos; casi ninguno ve en la policía una fuente de protección sino que, al contrario, una gran parte considera a esa fuerza como “agente de inseguridad”. Por lo general, admiten desconocer los derechos que los asisten ante un eventual abuso por parte de las fuerzas de seguridad o adonde pueden recurrir. Su participación en actividades comunitarias es muy escasa y, en una gran proporción, manifiestan la necesidad de tener espacios propios. Esas conclusiones son parte del resultado de los Talleres de Promoción de Derechos organizados en el marco del Plan de Prevención del Delito de la ciudad, que se realizaron recientemente en diez escuelas, en barrios de distinta extracción social, en los que participaron 828 jóvenes de entre 16 y 20 años.
Se trata de un estudio piloto que se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2002, en escuelas distribuidas en los tres cordones geográficos de la ciudad: el norte, el sur y el área central. Esta selección permitió trabajar con grupos de chicos de estratos sociales medio, medio alto, medio bajo y bajo. Para este año está previsto extender la experiencia a otras escuelas medias de la ciudad.
El trabajo se dividió en dos talleres, uno de sensibilización del problema de seguridad entre los jóvenes y otro sobre promoción de derechos. Pese a la desconfianza e incredulidad inicial, los adolescentes valoraron en forma positiva el espacio ofrecido.
Del análisis cualitativo de las respuestas que dieron los jóvenes, se desprende que el concepto de “seguridad” es apenas un “estado ideal, lo que debe ser pero no es observado en la vida cotidiana”. Tanto esa respuesta como la que expresa una “muy alta” desconfianza en las autoridades se manifestó por igual en los tres cordones, sin diferencias en los distintos estratos sociales.
Para el 88 por ciento de los chicos que participaron, la seguridad queda restringida al círculo íntimo de convivencia: el hogar y la familia. En segundo lugar se ubicó la escuela. “Los hace sentir seguros estar en la casa, con sus familias y en el colegio, a través de la contención de los seres queridos, de los amigos”, sostiene el trabajo. Al andar por la calle, sostienen, una fuente de seguridad es “estar mal vestido para que no me asalten” o el mantener un “perfil bajo”.
En muy pocos casos apareció la presencia policial como sensación de seguridad: sólo el 2 por ciento de los consultados. En cambio, el 61 por ciento de los estudiantes visualizan a las fuerzas de seguridad como factor de inseguridad. El 37 por ciento restante le adjudica una posición ambivalente: “deberían hacer cosas que no hacen”, expresan. Y el 92 por ciento cree que la policía actúa con autonomía del poder político, como un poder aparte y no como auxiliar de la justicia. También existe descreimiento hacia el accionar de la justicia: “no cumplen las leyes necesarias”, dicen los jóvenes.
Las relaciones con las autoridades, por lo general, no son buenas, pero lo que se destaca es el vínculo negativo con la policía, ya sea por haber sufrido maltratos alguna vez o porque desempeñan mal su función. Aunque la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad se dio en todos los estratos socioeconómicos por igual fueron los estudiantes del cordón sur los que manifestaron un mayor grado de abusos y atropellos.
En cuanto a las fuentes de inseguridad, están asociadas a los problemas que se viven en la calle, “la gente indeseable e indecente”, “las bandas”, “los patovicas de los boliches” y, en algunos casos, “la violencia que se encuentra en las esquinas, en la escuela y con ciertas personas en algunos barrios”. La seguridad aparece asociada a la sensación de tranquilidad, algo que –dicen– no suelen experimentar en lo cotidiano ya que continuamente están “en alerta o pendientes de que nos vaya a pasar algo”. El desconocimiento de los derechos fue marcado: sólo el 17 por ciento sabe que existe una ley de protección de los derechos de niños y adolescentes y que hay organismos oficiales donde pueden denunciar atropellos. No hay diferencias relevantes, al respecto, si se analizan los distintos niveles socioeconómicos. Pero el nivel de violencia que impera en la zona sur llevó a que se hicieran preguntas del tipo: “¿es cierto que la policía me puede pegar?”. “El vínculo con la vida es totalmente distinto en la zona sur, donde no llama tanto la atención que alguien reciba un puntazo o un balazo”, dice Esteban Sottile, miembro del equipo de Estrategias de Prevención Social. En la zona sur –el tercio de territorio porteño donde más creció la población y donde mayor es el nivel de NBI– se registra la mitad de los homicidios dolosos que se cometen en toda la ciudad.
Los talleres se encuadran en la prevención de la violencia institucional, que se manifestó en forma trágica con el crimen de Ezequiel Demonty. “Nos preocupa la vulnerabilidad de los jóvenes ante el manejo discrecional de la autoridad por parte del Estado”, dijo a Página/12 el director de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Claudio Suárez. Los talleres, adelantó el funcionario, continuarán este año en otras escuelas. A ellos se sumará una tercera etapa, que consiste en “generar proyectos de integración, actividades recreativas, culturales o comunitarias que permitan vincular de otra manera a los chicos en conflicto con el sistema penal con su comunidad”, explica Suárez. “En otros términos –concluye–, se apunta a reconstruir el tejido social.”