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Arminda se acuerda de la lluvia, se acuerda del agua cayendo con violencia sobre ese móvil policial que la trasladaba a la cárcel de San Rafael, en Mendoza. Ya no volvería a ser la misma. No lo sabía entonces ¿y qué importaba? Su bebé, el séptimo de los hijos de esta mujer de 29 años, se había muerto en sus brazos y de ese abrazo se lo habían arrancado. Tenía seis meses pero pesaba casi lo mismo que cuando nació, por eso Arminda fue detenida y procesada: el juez de instrucción Waldo Yacante la presumió culpable por abandono de persona seguido de muerte. Ni siquiera la dejaron despedirse de su hijo, mucho menos explicar que desde hacía dos meses el centro de salud al que iba a buscar la leche maternizada para el bebé –nacido prematuro–, caminando cuatro kilómetros, había cerrado.
Eso lo explicó después Daniel Cánovas, responsable de salud del área de San Rafael, dijo que el cierre se debió a un recorte presupuestario, y que para encontrar otro pediatra la mamá debería haber andado al menos 25 kilómetros. Pero ya era tarde, Arminda estaba presa, había perdido la tenencia de sus otros seis hijos y tardaría siete meses en recuperar su libertad, sobreseída por falta de mérito. En octubre ella volvió a su rancho en el paraje El Escorial, a 30 kilómetros de San Rafael. Pero todavía no pudo recuperar la tenencia de sus chiquitos, una escalera de niños entre los 8 y los 3 años de edad. Aquella violencia que se descargó sobre ella en abril y que Arminda recuerda como una lluvia pesada, la golpea de nuevo cada día que pasa lejos de sus hijos.
Hugo Damián murió el 12 de abril, todavía los casos de desnutrición no ocupaban el centro de la agenda política y las tapas de los diarios. Fue sencillo entonces encontrar en su mamá a la responsable por su fallecimiento. Según Zulimán Bitar, abogado de oficio de Arminda Martínez, “lo peor de todo es que aquí hubo una desidia general, todos desprotegieron a esta mujer y después la acusaron. Si estuvo tanto tiempo presa es porque las pericias se demoraron: no encontraban la manera de desincriminarse. Porque ese bebé había sido atendido y detectado su riesgo en el Hospital Schestakow. Pero nadie hizo nada por evitar lo que finalmente pasó”.
Sin embargo, eso no es lo peor para Arminda. Lo que ella no puede soportar es toparse cada mañana con la ausencia de sus otros seis hijos. ¿Por qué no le devolvieron la tenencia aun cuando quedó demostrado judicialmente que la familia completa fue abandonada de la protección del Estado? “Lo que pasa es que a esa señora le faltan caramelos en el frasco”, dijo a este diario Daniel Cánovas, el responsable de salud del área de San Rafael, como única respuesta. Se anima a decirlo aun cuando las pericias que se le hicieron a Arminda mientras estuvo detenida, según su abogado defensor, comprobaron que era una persona “totalmente normal, acorde con sus limitaciones culturales”. Y son esas limitaciones las que todavía la tienen presa, ella no sabe a quién reclamar, ni siquiera conocía el centro de la ciudad de San Rafael, la más cercana a ese paraje en el que vive, hasta el día en que se dispuso su libertad. Y no hubiera sabido dónde ir si el capellán de la cárcel no la hubiera subido en su auto para devolverla a ese campo abierto que fue su hogar desde que es capaz de recordar.
Tiburcio Martínez, el hermano de Arminda, es quien tiene la guarda de los chiquitos, nacidos uno detrás del otro, sin que la mamá supiera cómo evitar esa seguidilla de partos. El subsidio que él recibe por esos chicos es el ingreso más importante con que cuenta, él lleva a los niños a control y los cuida bien, dice, ¿por qué habría de devolvérselos a su hermana si nadie lo obliga? “Antes venía siempre a pedir que azúcar, que aceite. Desde que cobra no se lo ve más por acá y ni siquiera a mí me deja ver a los chicos”, dice Rosa Sandoval, mamá de Arminda, pensionada desde hace ocho años cuando falleció su marido. Durante largos años esa pensiónmínima era el único ingreso seguro en una familia que depende de la “cosecha y la pelada del ajo”.
Las razones de Tiburcio pueden parecer miserables cuando no se ha pasado una vida en un rancho de adobe y teniendo el campo abierto como único baño. Faltan las razones de un Estado que ha dejado librada a su suerte a una mujer que, como consta en el expediente judicial, ha sido víctima y no culpable.
Violencias
“Mi marido se fue hace tiempo. El primero me vendió la casa y después una motito que nos compramos con esa plata, para ir de acá para allá. Se llevó todo y no volvió. Después me junté con el padre del último. Había sido el primer novio que tuve, pero le gusta mucho tomar y cuando tomaba pegaba fuerte.” Arminda se deshace en atenciones para con quien la visita, desde que salió de la cárcel casi nadie la saluda en esa línea de casas de adobe que se acomoda sobre la calle Vieja de El Escorial, un paraje que está señalado en el mapa de la provincia como un posible paseo turístico. Hay un balneario allí, sobre el río Atuel, aunque muy lejos de la casa de Arminda y Rosa.
Donde madre e hija viven, el barro acusa las noches de tormenta que arruinaron casi toda la cosecha de frutas de este departamento de la provincia y hasta dañaron la producción de ajo. Es curioso que en esa geografía en que el agua es tan deseada caiga en el verano como piedras de hielo, destruyendo el trabajo de todo el año. Arminda, de todos modos, está ajena a los vaivenes de la producción. Dice que esta vez, cuando pasaron llamando a quienes podrían cosechar, como lo hacen cada vez los productores de la zona, a ella la ignoraron. Es que no puede quitarse de encima el estigma de haber estado presa. Por eso se emociona cuando recibe visitas, no sabe cómo salir a buscar ayuda y cualquiera que llegue le acerca una posibilidad.
A sus tres varones les dio como primer nombre el de su padre, Oscar. A las tres nenas, Rosa, el de su madre. Hace pocas semanas trasladó los juguetes de sus chicos al único ambiente del rancho de adobe y tejas que no tiene grietas, así aspira a demostrar que tiene un buen lugar donde alojarlos. Lástima que haya tenido que vender las cuchetas, dice. Tuvo que hacerlo para seguir comiendo. Desde que perdió la guarda de sus hijos ya no recibe ninguna ayuda, ni siquiera los 60 pesos del Vale Vida del programa municipal que la asistía a cambio de limpiar el jardín de infantes de El Escorial. Cuando en este caserío se supo de la muerte del bebé, los vecinos denunciaron la falta de atención médica en el lugar, hubo solidaridad con ella. Pero al quedar detenida, la palabra de la Justicia silenció todo apoyo para con Arminda.
“El día que tuve al Hugo Damián fue muy feo. Me tuve que ir sola para el hospital. El padre había amenazado con que iba a tirar a mi mamá al zanjón y como yo sé que ella no sabe nadar, me desesperé. Tenía la panzota de siete meses y así y todo me le subí a la espalda a él y le rompí toda la camisa. Me dio tremenda paliza y rompí bolsa. Me dolía todo, sabía que venía el nene pero él me decía que me hacía la tonta porque no quería estar con él”, dice y hace un gesto que implica alguna intimidad en ese “estar”. Arminda caminó con el vientre seco los cuatro kilómetros que la separaban del centro de salud y allí consiguió una ambulancia que la trasladó al Hospital Schestakow, donde nació Hugo Damián, un NN al momento de su muerte ya que, como sucede en esa zona rural habitualmente, no fue inscripto en el Registro Civil.
Desde entonces su caso quedó registrado en el GAR –Grupo de Alto Riesgo–, un grupo interdisciplinario creado por la ley provincial 6551 que atiende el maltrato a la niñez, adolescencia y familia. El mismo que según Cánovas depende de la policía y según la asistente social Susana Caló de Latandi, del Ministerio de Salud. El niño necesitaba atención particular y leche maternizada, pero su control se interrumpió en el mismomomento en que dejó de pagarse el salario del médico pediatra que atendía en El Escorial. “Se nos había caído un programa federal, por eso se quedaron sin pediatra. Había un clínico, pero usted no le puede pedir que atienda a un bebé en riesgo. Yo soy pediatra y si me traen a un viejo hecho puré no lo atiendo porque no sé por dónde empezar”, dice Cánovas que no sabe nada de la suerte de Arminda ya que “hasta hace poco esa mujer estaba presa”.
“Yo lo llevé al centro de salud dos días antes porque lo vi jodido, pero no lo atendieron. Después hizo una convulsión y mi prima, que es la enfermera de la salita, me dijo que me fuera al centro, pero no había ambulancia.” Arminda no tenía dinero ni para el colectivo, entre los vecinos no había quien la pudiera auxiliar hasta que la situación fue desesperante. Entonces apareció una chata, con un problema de dirección, “por eso andaba despacio”. En ese vehículo destartalado hicieron el camino hasta Salto de las Rosas, a 20 kilómetros. “Yo lo llevaba contra el pecho, el nene me agarraba el dedo, me lo apretaba fuerte, pero ahí nomás se me cortó.” Se me cortó, dice, como si ese vínculo fuera un lazo que se tensó al mismo tiempo que el cuerpo del bebé se puso rígido. “Di un grito porque supe, se había muerto.”
Después, todo fue rápido, llegaron al centro de salud, le quitaron el niño, “y vino el milico y me puso las esposas”. No la dejaron despedirse, dice, ni siquiera lo enterraron cerca de su casa como para que ella le llevara flores. Hasta lo enterraron con otro nombre, uno que eligió su hermano. “No sé por qué hicieron eso, todos sabían que se llamaba Hugo Damián.” Al padre del bebé nadie le preguntó nada, ni siquiera si era el padre, aun cuando visitó a Arminda en la cárcel diciendo que era su concubino. Zuliman Bitar dice que eso es lógico, al no estar inscripto el bebé, “habría que hacer un ADN para verificar la paternidad y que se haga responsable”. Lo cierto es que Arminda fue señalada como culpable, y aunque después se la haya sobreseído, perdió lo único que le daba sentido a su vida: sus hijos.
Es enero ahora, en el juzgado de familia en que cayó su caso no hay quien responda durante la feria judicial. Antes estuvo detenida siete meses por haberse perdido su caso en los laberintos de la burocracia judicial. Probablemente, si algún abogado se ocupa de su caso, se demuestre también que puede hacerse cargo de sus chicos si recibe ayuda adecuada. Lo cierto es que demasiadas violencias han caído sobre ella, como una lluvia densa, como las piedras de hielo que año a año destruyen las cosechas en San Rafael, Mendoza.