Mientras el personal de la Administración de Inmuebles Fiscales Sociedad del Estado termina de emparejar el terreno del predio del club Albariño, luego de remover las precarias casillas y tiendas que dejaron los ocupantes, el juez federal Daniel Rafecas continúa su investigación. Dos de los siete detenidos fueron liberados, pero podrían ser procesados por el delito de usurpación. Los otros cinco continúan presos y, aunque el magistrado tiene una semana para decidir la situación procesal, todo indica que se les podría dictar la prisión preventiva. Se les imputan delitos que no son excarcelables, con penas de entre cinco y quince años. “Acertamos en la estrategia de ver que había una mafia detrás, por eso logramos la desocupación”, reflexionó ayer Rafecas en diálogo con Página/12.

Desde el lunes pasado, cuando desde el Juzgado Federal Nº 3 se ordenó detener a 14 personas, no hubo nuevas capturas en la causa, según fuentes judiciales, “porque los sospechosos ya desaparecieron de la zona, aunque la División Delitos Federales de la Policía Federal los sigue buscando”. El pedido de captura para Regino Abel Acevedo, un conocido puntero de Villa Fátima, quedó sin efecto porque no había elementos para sostener los cargos en su contra por ocupación en Ciudad Oculta.

Sin embargo, habría pruebas que vinculan a Acevedo con una toma en su barrio, por lo que se abrió un nuevo expediente en el Juzgado de Instrucción 12, a cargo del juez Ricardo Warley. Este magistrado podría pedir la captura de Acevedo en los próximos días. Esa toma ocurrió a principios de diciembre, días antes de la ocupación del Parque Indoamericano, en un tercio de manzana que estaba destinado a la construcción de un polideportivo. Acevedo les habría prometido subsidios o tierras a los ocupantes, aunque muchos se fueron al Indoamericano cuando se supo que allí se haría un censo para entrar en futuros planes de vivienda.

“Nosotros estamos convencidos de que los hermanos Ferreira son los principales organizadores de la toma”, dijo ayer Rafecas. El paraguayo Guillermo Ferreira ya está detenido; su hermano, apodado “El Petiso”, sigue prófugo y en el juzgado recalcan que tiene antecedentes por falsificación de documentos. Fue expulsado del país por este delito y se le prohibió la entrada, aunque se sabe que reingresó ilegalmente.

Roxana García y Leonel Duarte fueron liberados porque no tienen niveles de responsabilidad en la organización. Este matrimonio podría quedar procesado por el delito de usurpación, pero no por asociación ilícita. Según estimó ayer Rafecas, “la organización quedó desmembrada y sus cuadros medios también. Creo que al verse atrapados dieron la orden de retirarse a la gente”. El lunes pasado, agregó, ya había muy poca gente en el predio y se podría haber desalojado. “Pero preferí esperar un día más para que la policía pudiera detener a más miembros de la banda”, aseguró el juez.

En el juzgado aseguraron que la investigación por la toma del predio del Club Albariño, el 13 de diciembre pasado, ya se encamina hacia un juicio oral. Ya fueron indagados los siete detenidos, que no serían excarcelados por las posibilidades ciertas de fuga y entorpecimiento de la causa, además de lo elevado de las penas por usurpación y asociación ilícita, delitos por los que se los acusa. Antes de la elevación a juicio se esperará un tiempo más en caso de que la policía detenga a alguno de los 10 prófugos. Según los datos suministrados por los investigadores, si esta organización se hubiera apoderado del predio, que ocupa menos de una manzana, podría haber obtenido por el loteo de terrenos entre 300 y 500 mil pesos.

Ayer, en el juzgado a cargo informó que alrededor del predio “se tendió un alambrado perimetral y en las próximas horas se terminará de reconstruir la pared que separa el predio de Ciudad Oculta, que había sido derribada por los intrusos para invadir el lugar”. Una vez que se terminen estas tareas, la Administración de Inmuebles Fiscales Sociedad del Estado deberá entregar el informe final al juez. Luego, el Estado nacional será responsable de impulsar las medidas necesarias para transferir el predio a Policía Federal Argentina para instalar allí un Cuartel de Bomberos.

“Lo que dicen de la multiplicación de las tomas en la Capital Federal después del Indoamericano es mentira. Desde el 14 de diciembre, que se tomaron algunos terrenos cerca de la Villa 31, no se reportaron más ocupaciones”, recalcó Rafecas. Su juzgado se encontraba, hasta hoy, de turno para todos los delitos federales cometidos en la Ciudad de Buenos Aires.