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Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

Después de dos horas al mediodía, y otras dos horas por la tarde, concluyó ayer la audiencia por el pedido de apartamiento del fiscal Diego Molina Pico del caso García Belsunce. Estaba previsto que los alegatos de los abogados de la familia, José Licinio Scelzi y su pupilo en retórica Marcelo Nardi, concentrarían sus argumentos en que el fiscal participó en el velorio de María Marta como testigo, motivo que le impediría ser parte objetiva en el proceso. Molina Pico lo negó y aseguró que había acudido por pedido del fiscal de Casación Juan Romero Victorica. “Por respeto a su investidura –dijo Molina Pico refiriéndose al fiscal de Casación–, le di credibilidad a su versión de que había sido un accidente doméstico en el baño.” Es la primera vez que la participación de Juan Romero Victorica en la versión del accidente fue confirmada por el fiscal del caso. Ahora, el juez deberá decidir si acepta o rechaza el pedido de apartamiento. Nardi aseguró en la audiencia que se reservaba el derecho de apelar a Casación. “Quieren dilatar con chicanas –dijo una fuente judicial a Página/12–. El fiscal fue como fiscal. A quién se le ocurre ir a un velorio de un muerto que no conocés acompañado por un policía.”
El viernes 24 de enero, Marcelo Nardi, abogado de Carlos Carrascosa (El Gordo) y Guillermo Bártoli (Willy), presentó un escrito pidiendo el apartamiento de Molina Pico. Lo acompañaba, como ocurrió a lo largo de todo el caso, José Licinio Scelzi, representante de Horacio García Belsunce (Horacito), Constantino (Dino) y Juan Hurtig (John), y Nora Taylor (Pichi). Aquel viernes, las pomposas loas y conceptos laudatorios dirigidos al fiscal por Scelzi y Nardi desde el inicio del caso no sólo se habían enfriado sino que se recalentaron en un curioso proceso coincidente con el pedido de detención e indagatorias de sus clientes (ver aparte).
El fiscal rechazó el pedido y frenó todo hasta tanto no se resolviera su situación. El expediente pasó a manos de Barroetaveña, quien convocó ayer a las 12 a una audiencia para escuchar a las partes. Citó a todos. La ubicación, totalmente casual, fue curiosa: el juez sentado al centro, detrás de su escritorio, con su secretario al lado. De frente a él, en la extrema derecha, se sentó Nardi. Un asiento hacia el centro, Scelzi. A su lado, justo al lado de la puerta, Molina Pico. Seguía Eduardo Ludueña, representante de la masajista Betty Michelini. Salteando un sillón vacío, Gabriel Becker, abogado del médico Gauvry Gordon. Y paradójicamente a la izquierda, Roberto Ribas, abogado de Nicolás Pachelo, cuya presencia fue comentada, ya que no es uno de los imputados. “Lo tuvieron como parte -señaló una fuente a este diario–, porque su cliente fue acusado por la familia.” El ausente fue el abogado Caride, representante de Sergio Binello. Ninguno de los imputados ni Pachelo se hicieron presentes.
La apertura correspondió a Scelzi y Nardi. Prácticamente toda la primera parte (la audiencia tuvo un receso hasta las 17), una hora y media, fue ocupada por la retórica de Scelzi, quien ahondó en palabras para demostrar que Molina Pico había ocupado el rol de testigo, no volcó sus propios conocimientos en la escena del hecho e interrogó a los imputados sobre su propia actuación en el día del velorio, perdiendo la objetividad. “Además, indudablemente, está pretendiendo salvaguardar su responsabilidad administrativa”, aseguró Scelzi. Nardi agregó que se reservaba el derecho de apelar ante la Cámara de Casación bonaerense en caso de que Barroetaveña rechazara la recusación.
Molina Pico sostuvo que “en ningún momento actué como testigo”. Dijo que recibió un llamado del comisario Aníbal Degastaldi, convocado a su vez por Romero Victorica, amigo de Horacito. Aseguró que esa llamada lo inquietó mucho, “no sabía quién era la persona fallecida, si familiar o amigo de Romero Victorica”. Y también sostuvo que nadie lo invitó al velorio. Cuando llegó, “debido a mi instrucción militar y por respeto a la investidura (de Romero Victorica), le di credibilidad a lo que me dijo sobre que era un accidente doméstico en el baño”. De ese modo, Molina Pico confirmó que Romero Victorica lo había convocado bajo la sospecha de unhomicidio y luego, como amigo de la familia, lo convenció de que se trataba de un accidente, como anticipó Página/12.
Por su lado, Becker se declaró prescindente de qué fiscal continuara con el caso. “Más allá de qué fiscal continúe –dijo el abogado de Gauvry Gordon–, a esta defensa sí le interesa que se profundice la investigación sin mayores dilaciones, para que mi defendido pueda demostrar su inocencia en el menor tiempo posible.” Adhirió Ludueña.
Ribas, en cambio, salió en defensa de Molina Pico, afirmando que “una cuestión formal no habilita a separar a un funcionario. Todo esto conspira contra la celeridad del proceso”. Desde los asientos de la derecha, no recibió precisamente miradas de aprobación, aunque todo se mantuvo en la más correcta de las formalidades.
Ahora, Barroetaveña tendrá 48 horas para decidir si da curso o rechaza el pedido de apartamiento. La resolución no será sencilla. Por un lado, el juez ya había cuestionado algunos pasos de la investigación. Pero por el otro había sugerido fuertes sospechas sobre la participación del Gordo Carrascosa en el crimen. “Molina Pico es un fiscal querido por sus pares -reveló una fuente judicial–. Su reemplazo no será sencillo. Actuó de buena fe, pero pecó de ingenuo.”
Fuera de la audiencia, Juan Makintach, juez inicial en el caso y que se excusara por amistad con Horacito, desmintió que estuviera imputado (por la denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Iglesias). “Antes de que el fiscal investigue a un juez, que tiene fueros, otro juez tiene que iniciar un antejuicio –dijo Makintach a este diario–. Si considera que hay pruebas, entonces se eleva a la Corte para que suspenda al juez y se le inicie una investigación penal. Acá, no se hizo eso. Para colmo, la fiscal las únicas pruebas que tiene son fotocopias no certificadas y que además son ilegibles.”