Representantes indígenas realizan desde ayer y hasta el miércoles un acampe, que incluirá cortes de calle, frente al Congreso, para reclamar el tratamiento en Diputados de la Ley de Reparación Histórica de los Pueblos Originarios. El proyecto de la diputada Silvia Vázquez (Concertación Forja) tuvo un primer intento en el recinto el 12 de octubre último, pero la falta de quórum no permitió someterlo a votación. Aspectos como la participación de las comunidades en los presupuestos que los tienen como destinatarios y el desarrollo de espacios autónomos para implementar sus políticas forman parte del espíritu de la iniciativa. Además, las comunidades aborígenes esperan que en breve se trate la jerarquización a rango constitucional del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “herramienta básica para abordar las políticas indígenas”.

Andrea Quevedo, presidenta de la Mesa Política Indígena de Buenos Aires, indicó que son tres los ejes centrales del proyecto de ley. Primero, “la participación directa en el presupuesto para los pueblos originarios”, ya que “hoy el gran gestor es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas” (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El segundo eje que destacó Quevedo es el de la obtención de personería jurídica de orden público para las comunidades. “Así se podrá accionar como pueblo o nación preexistente”, apuntó la dirigente. Este avance permitiría “autonomía de gestión” en aspectos culturales, sanitarios y educativos, entre otros. “Queremos autonomía, pero sin dejar de estar adentro del Estado”, aclaró.

Por último, la representante diaguita-calchaquí hizo referencia a la cuestión territorial, ya que a partir de la ley se lograría que los representantes aborígenes “sean partícipes directos de la reubicación o devolución de sus tierras”.

En paralelo se busca que el convenio 169 de la OIT obtenga rango constitucional, para contar con “una herramienta básica para abordar las políticas específicas indígenas”, ya que hace hincapié en la participación directa de las comunidades en todo aspecto vinculado con su forma de vida. El 169 hoy tiene rango supraconstitucional, pero “de esta forma tendría mayor reconocimiento” en sectores judiciales, que hoy lo ignoran.

Quevedo confía en que ambas propuestas sean aprobadas en el Congreso. “Esto atraviesa lo partidario, porque negar la historia preexistente de la Argentina es no hacer patria. Por eso acompañan radicales, peronistas y socialistas”, aseguró. Y aunque el año pasado el Frente para la Victoria no dio quórum para tratar el proyecto en Diputados, Quevedo manifestó que esta vez “votarán la ley porque no hacerlo es estar en contra de los pueblos originarios”.

Informe: Leonardo Rossi.