Apenas concluida la conferencia de Nilda Garré en su presentación del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, los movileros presentes se le arrojaron encima en busca de una presunta primicia: confirmar la orden impartida de retirar los federales que cumplieran adicionales en edificios de jurisdicción porteña. Cuestión que Garré no sólo confirmó, sino que explicó como parte del plan de prevención para dar seguridad a la ciudadanía. De inmediato, el gobierno porteño cruzó la información hacia otro discurso para reclamar por el “vacío”, “abandono de edificios, hospitales y parques porteños”, “preocupación por la inseguridad en las escuelas”, la excusa de que “la Metropolitana no da abasto” y la vaga amenaza de iniciar acciones legales contra Nilda Garré, tanto de parte del ministro de Seguridad local, Guillermo Montenegro, como del jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta. No profundizaron en la materia. Hubiera sido inconveniente mencionar que el retiro de los adicionales de federales no fue sorpresivo, sino que se venía conversando entre ambos gobiernos; que la propia presidenta Cristina Fernández ya lo había hecho público dos meses antes. No mencionaron que la Ciudad adeuda a la Federal siete meses de los adicionales que ahora reclama como si los hubiera pagado, en una cifra que ronda los 30 millones de pesos. Y les hubiera sido mediáticamente inadmisible explicar que entre los edificios abandonados a la custodia desbordada de la Metropolitana figuran la quinta personal Los Abrojos que Macri tiene en San Miguel; la casa de su ex mujer en la avenida Las Heras; los playones del servicio tercerizado de grúas por infracciones y la propia custodia personal del ministro Montenegro.

El 3 de febrero pasado, CFK anunció que había instruido a Garré para “articular con el gobierno local y con nuestra Policía Federal las jurisdicciones y competencias que han sido perfectamente delimitadas”. Se refería a convenios firmados entre ambos gobiernos en 2004 y 2007 y que refieren a los traspasos de las competencias de Justicia y policía, convalidados por la ley votada en el Congreso en 2008. Entre esas jurisdicciones y atribuciones traspasadas figuran la Justicia contravencional que es propia de la Ciudad, además de delitos menores del Código Penal que pasaron a ser analizados en los despachos de los jueces porteños: lesiones en riñ, abandono de persona, exhibiciones obscenas, violación de domicilio, usurpación (como el caso del Indoamericano o del edificio de Castañares), ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de asistencia a hijos o familiares bajo responsabilidad (como la cuota alimentaria tras una separación), trato cruel de animales, discriminación y amenazas. “Este tema fue motivo central de la reunión que mantuvieron Garré y Montenegro el 8 de febrero”, señalaron a este diario desde los pasillos del edificio de Gelly y Obes. Es que las amenazas de ex maridos, ex novios y toda la variable de ex conlleva cantidades inusitadas de federales dedicados a custodiar la puerta de la vivienda de una mujer amenazada en lugar de estar recorriendo calles en forma preventiva para bajar los decibeles a las diferentes versiones de inseguridad.

CFK hizo su anuncio no en cualquier contexto, sino el día en que fue recuperado pacíficamente el club Albariño, luego de que Garré sostuviera la presencia de la Federal disuasiva y como cerco, tal como había ordenado el juez federal Daniel Rafecas, en lugar del desalojo violento que reclamaba todo el arco de la oposición empezando por el gobernador metropolitano. Toda una definición de políticas a la vista.

“La Metropolitana no puede, la desborda, si tenemos 2000 efectivos en la calle y podemos ir agregando de a mil al año”, señalaron cerca de Eugenio Burzaco, jefe de la desbordada Metropolitana. “Lo mismo dijeron con el Indoamericano, lo mismo dijeron con el de Castañares, siempre dicen lo mismo. ¿Para qué sirven?”, preguntaron en el mismo pasillo de Seguridad nacional a este cronista, pregunta que no supo responder.

Los edificios públicos involucrados en el retiro de federales son 85 e implica a 1400 federales. Públicos en parte: en la cuenta figuran la quinta privada Los Abrojos, en San Miguel, donde Macri se solaza a su regreso de giras. También la casa de su ex esposa, en la avenida Las Heras. Los playones de los servicios de acarreo por mal estacionamiento, que son servicios tercerizados pero custodiados por federales. Además, cantidad de funcionarios porteños tienen custodia federal en lugar de metropolitana, como por ejemplo el encargado de las políticas de Seguridad de la Ciudad, el ministro Montenegro.

Además, figuran hospitales (no los policías con destino allí sino los que cumplen adicionales), edificios como la sede del gobierno porteño, plazas (que de todos modos seguirán cubiertas por la cantidad de federales que incorporarán a las calles), alguna escuela (Macri al llegar al gobierno dio de baja todos los servicios de vigilancia privada y recontrató nuevos privados y en parte adicionales de la Federal). Quedaron exceptuados el Tribunal Superior de Justicia porteño, la Magistratura y la Legislatura.

“El plan no consiste en anular los adicionales –aseguran alrededor de Garré–, sino los que tienen que ver con la jurisdicción porteña. La Federal tiene alrededor de 800 adicionales y se retira el 10 por ciento. Esto no significa una reducción en el sueldo de los agentes, porque se recargará por el lado de las recorridas en la calle.”

También sostienen que la orden que se cumple a partir de hoy no es unilateral ni inconsulta (fue objeto de reuniones de la más alta jerarquía), sino que se debe ubicar dentro de una serie de pasos dados en dirección a la seguridad preventiva anunciada por CFK.

• Primero anunció la desafectación de uniformados de las tareas administrativas para distribuirlos en las calles.

• Luego incorporó un suplemento de mil pesos en el sueldo al personal que estuviera destinado en la calle.

• En tercer lugar, en un acuerdo resultante en el Comité de Seguridad Bancaria, en la que participaron el Banco Central, la Asociación Bancaria y las restantes representaciones bancarias, se resolvió que los federales asignados a los bancos dejarían la custodia dentro del recinto para cumplirla en la calle, frente a la puerta, lo que equivale a prevenir mediante la visibilidad del uniformado y evitar riesgos a los clientes dentro del local. El acuerdo comenzará a funcionar en unos 20 días.

• En ese marco donde los ejes son el traslado de uniformados en función no preventiva y reasignarlos a las calles en tarea preventiva es que se decidió recuperar a los que estaban asignados a custodias que deberían cumplir los de la Metropolitana.

Hasta ayer, el gobierno nacional subsidiaba la seguridad del gobierno de Macri, de su ex, de su ministro y de sus Abrojos.

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