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El juez de instrucción Eliseo Otero citó a indagatoria a nueve policías federales por la golpiza a la que sometieron a dos personas en medio de la represión desplegada durante el desalojo en el Parque Indoamericano, a principios de diciembre. Sin embargo, el juez rechazó ordenar la detención de cinco de ellos, tal como había pedido el fiscal Sandro Abraldes al imputarles el delito de torturas. Dos de los sospechosos, los comisarios Eduardo Pereyra y Miguel Angel Cariolo, eran hasta hace pocos días los titulares de las seccionales 48ª y 52ª, pero fueron desplazados por decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Los policías imputados fueron filmados en plena acción y las imágenes son parte de la prueba recopilada en el expediente. El caso más flagrante es el que tuvo como víctima a Emanuel Maximiliano Ríos, quien recibió una pedrada en la cabeza cuando intentaba alejarse de los uniformados y, al caer contra un guardarrail, un desfile de agentes empezó a darle “golpes de puño, patadas y bastones”. Lo golpearon con saña cuando estaba tendido en el suelo, “inmovilizado, aislado e indefenso”, describió la fiscalía. Así consta en los videos y así lo declararon él mismo y un camarógrafo de TN, que también fue agredido para evitar el registro de los hechos.

El 13 de abril, según confirmaron allegados a la causa, serán indagados el principal Roberto Alejandro Morales (comisaría 48ª); el agente Iván Fernández, de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad); el cabo Patricio Mariano Sabah, que estaba asignado a esa dependencia, aunque es de la Policía Montada, y el agente Facundo César Suárez (comisaría 42ª). Para ellos, que habrían tenido participación directa, el fiscal había pedido la detención, igual que para el comisario Pereyra, a quien acusó de haber presenciado la violenta escena inmutable, sin intentar evitarla pese a poder hacerlo por su jerarquía. Los primeros fueron imputados por torturas. Pereyra por omisión. Pero el juez Otero consideró que no existe un “riesgo procesal” que justifique arrestarlos.

Pereyra está citado para el 14 de abril. Ese mismo día está prevista la indagatoria del cabo Miguel Angel Luna (Doucad) y del sargento Ismael Romero (seccional 48ª), a quienes se les adjudica encubrimiento por agredir al camarógrafo. Al ex jefe de la comisaría 52ª Miguel Angel Cariolo se le atribuye la omisión de notificar de inmediato a la fiscalía de turno lo ocurrido, pese a que debía hacerlo en casos de “urgencia, trascendencia, gravedad o con personas privadas de la libertad”. Por último, el sargento Daniel Alberto Caloni (comisaría 36ª) debe responder por posibles torturas, ya que fue filmado cuando le daba un puñetazo en el estómago a una persona (aún no identificada) que “se encontraba aprehendida” por él y “con sus brazos sujetados por otro agente”.

El fiscal Abraldes había pedido los arrestos por la gravedad del delito de torturas, que prevé de 8 a 25 años de prisión. En un comienzo, el juez Otero –que mantiene fuertes discrepancias con la fiscalía desde el inicio– se declaró incompetente, pero la Cámara le devolvió el caso. En su breve resolución de llamados a indagatoria deja abierta la posibilidad de suavizar las imputaciones.

El gran paso pendiente en esta investigación apunta a determinar qué fuerza (la Policía Federal o la Metropolitana) y quiénes efectuaron los disparos que mataron a Rosemarie Chura Puña y a Bernardo Salgueiro durante el operativo de desalojo. También está bajo la lupa el asesinato, dos días después pero en el mismo contexto, de Emiliano Canaviri.