Un ingeniero electrónico, de 41 años, sentenciado a 14 años de prisión por violar reiteradas veces a sus hijos de 5 y 6 años, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria porque “goza de un buen concepto social”, según los jueces de una sala de la Cámara Penal platense. Los crímenes ocurrieron entre 2005 y 2006, pero el acusado fue encerrado cuando se conoció el veredicto, en septiembre pasado. El tribunal tomó en cuenta que 714 amigos, colegas y familiares del condenado juntaron firmas para que se le concediera la prisión domiciliaria y pudiera trabajar. “No hay nada ilegal en la concesión del beneficio, pero no hay suficientes argumentos para darlo”, le dijo a este diario el fiscal de instrucción del caso, Gabriel Sagastume. La medida fue apelada por Sofía Caravelos, abogada de los chicos, quien considera que se trata de “un claro fallo clasista”.

La resolución fue emitida el miércoles pasado por la Sala III de la Cámara Penal de La Plata y es una causa que está bajo revisión del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Según dictaminaron los jueces Alejandro Villordo y Laura Lasaga, “el imputado goza de un buen concepto social corroborado con la presentación efectuada por 714 familiares, amigos y compañeros laborales, quienes se permiten afirmar, con sorprendente impertinencia, que la denuncia que pesa sobre el procesado resulta falsa y las decisiones judiciales erróneas”.

Estas personas, continúa el texto, se convierten “en garantes de la presentación del imputado ante la Justicia cada vez que sea requerido, lo que demuestra que se trata de una persona querida y apreciada en el ámbito social en el que se desenvuelve”. En el escrito, de seis páginas, los magistrados mencionan la buena impresión personal que les causó el condenado, los informes psicológicos y el hecho de que sea recibido en su casa por su actual pareja y la hija de ésta. “Estos argumentos permiten descartar un posible peligro de frustración de los fines del proceso si se le concede un arresto domiciliario con salidas laborales”, explicaron.

El 20 de septiembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata acreditó que entre el 2005 y 2006 el acusado violó reiteradamente a sus dos hijos cuando se encontraban bajo su guarda en su casa de City Bell. El hombre los llevaba al baño, les pedía que se hicieran los dormidos al momento del abuso sexual y luego los amenazaba con llamar a la policía si contaban algo. A veces los sedaba con pastillas o les dibujaba una bombacha y un corpiño en sus cuerpitos desnudos. La madre de los niños, según comentó una fuente del caso, dudó de ellos al principio.

“Ella no les creía y los chicos decidieron callarse. Después, cuando se hacían pis encima, les iba mal en el colegio, se negaban a hacer deportes o ir a los cumpleaños de los amiguitos porque todo les daba miedo, la madre empezó a sospechar. Un día los llevó al hospital y se constataron marcas y heridas que podían tener relación con un acceso carnal. Ahora, con esta nueva noticia, la mujer está destrozada”, afirmó la fuente judicial consultada por este diario.

Al momento de la condena de 14 años, los jueces platenses agravaron la pena por el vínculo, la reiteración del crimen y también por la formación académica, porque “su buen nivel de culturización y socialización, superior a la media de la población, lo coloca en posición de menor vulnerabilidad y mayor compromiso frente a la motivación de la norma penal”. Un argumento parecido al que sus colegas de la Cámara utilizaron, pero como atenuante: “El bueno concepto social”.

Los abogados defensores del hombre pidieron el arresto domiciliario no bien se conoció la condena. Menos de siete meses después lo consiguieron. “Si tomamos en cuenta el apoyo de los parientes y el contexto social, el 90 por ciento de los detenidos debería recibir este beneficio, pero estamos ante una justicia sólo para ricos y blancos”, dijo a Página/12 el ex fiscal Sagastume. En su opinión, la expectativa de pena es demasiado alta para conceder la prisión domiciliaria, es decir, el condenado lleva sólo siete meses cumplidos de una condena de 14 años.

Para Caravelos, que representa a las víctimas, “es un claro fallo clasista” porque esa misma sala judicial rechazó pedidos de morigeración de prisión de personas muy enfermas, con conflictos familiares complicados o de edad avanzada. “Es llamativo que un ingeniero de clase media alta sea el único que se beneficia con ese tipo de medidas”, deslizó la abogada. La empresa en la que se desempeñaba el ingeniero, y que decidió suspenderlo tras la condena, es la misma que ahora le ofrece trabajo.

En diálogo con este diario, Lucila Larrandart, vicedirectora del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, explicó que las enfermedades o la avanzada edad son “pautas” para conceder beneficios, pero no una obligación para el tribunal. “Lo importante es la presunción de que el acusado no se va a escapar, sobre todo si existe una condena larga. Muy pocas veces se da este tipo de beneficio en casos como éste, pero depende del criterio del tribunal”, comentó la especialista.

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