Desde hace una semana y en medio de las negociaciones que mantenían con el Ministerio de Desarrollo Social porteño, varios ocupantes de la vereda de la calle Portela, en el Bajo Flores, fueron llamados a declarar por el fiscal Luis Cevasco, que les imputa el delito de usurpación. “Se les pregunta si tienen otro lugar donde vivir y si alguna organización los impulsó a ocupar”, aseguró ayer una fuente del Ministerio Público Fiscal porteño. Por su parte, legisladores de la Ciudad junto a varias asociaciones civiles denunciaron esta estrategia “de iniciar causas judiciales contra personas en situación de calle y emergencia habitacional que ocupan espacios públicos y la falta de políticas públicas respetuosas de la dignidad humana y los derechos fundamentales”. Por otra parte, el lunes habrá una nueva audiencia entre las partes en el proceso de mediación judicial, con vistas al desalojo que fue ordenado para el jueves.

La ocupación de “La Veredita” comenzó a fines de noviembre pasado, pero en el último mes, tras frustrarse los pedidos de desalojo ordenados por la jueza Claudia Alvaro, las negociaciones se aceleraron. Y se endurecieron también. Actualmente, hay más de 240 personas durmiendo en esas precarias casillas de cartón, maderas y chapa, dispuestas sobre la vereda. La mitad de los ocupantes recibió una notificación para brindar declaración indagatoria en la fiscalía que encabeza Cevasco. “Declaran, en promedio, seis o siete personas por día”, aseguró una fuente judicial.

Esta titánica faena judicial fue criticada por “antieconómica, disfuncional y hasta insólita” por la Defensoría General porteña. Pero además esconde un apriete, según advirtió Betina Castorino, la titular del área de Derechos Humanos de esa Defensoría. “Me da la impresión de que como el Ministerio Público Fiscal no logra el desalojo, pretende asustar y presionar con estas medidas, que desde luego están dentro del juego procesal de la causa”, advirtió Castorino, quien además afirmó que el tema no debería debatirse en el Fuero Penal.

“Acá no hay delito ni contravención. Se los acusa de usurpación, pero no estamos hablando de una propiedad privada sino de un espacio público que fue ocupado sin fines lucrativos, lo que sí castigaría el Código Contravencional. Es un problema social que no debe judicializarse”, dijo la defensora. Un colega suyo afirmó que el gobierno porteño incumplió las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. “El Estado debe garantizar la reubicación de los ocupantes si quiere desalojar, eso no equivale a ofrecer cama en un refugio como hizo el Ejecutivo porteño”, señaló la fuente.

Por este y otros motivos, desde el Ministerio de Seguridad nacional se negaron a aportar fuerzas federales para llevar adelante el desalojo. Desde el Ministerio Público Fiscal insistieron ayer en que la Policía Metropolitana no puede llevar adelante la medida indicada por la jueza Alvaro. La decisión judicial ya está siendo analizada, por las apelaciones presentadas, en el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad.

“El PRO persigue con el Código Penal a los que demandan soluciones políticas para un problema social como la falta de viviendas”, sintetizó ayer el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna. “Esta ocupación fue simultánea a la del Parque Indoamericano, pero en ese momento el gobierno porteño no hizo nada porque por esa calle no pasa nadie. Los dejó abandonados, sin atender los reclamos habitacionales”, evaluó la legisladora Laura García Tuñón. “Ahora se entiene por qué antes se negaban a censarse. Al hacerlo, en vez de recibir ayuda, fueron tomados como usurpadores y judicializados”, dijo García Tuñón.

Ambos legisladores enfatizaron que el trasfondo de ocupación es la subejecución de los planes de vivienda social. “Desde que asumió, Macri mantuvo ociosos más de 500 millones de pesos destinados a la construcción de casas”, observó el kirchnerista. “En esta Ciudad no existe un Ministerio de Vivienda, por lo que estos temas están enmarcados en distintas áreas, con las dificultades que esto implica, hay una gravísima desarticulación para atender las emergencias habitacionales”, señaló la legisladora del bloque Proyecto Sur.

Ayer se distribuyó un comunicado en repudio a “la persecución penal” contra los ocupantes de “La Veredita”. Está firmado, entre otros, por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Abogados por la Justicia Social, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la CTA de los Trabajadores y también la CTA Capital, UTE, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, la Tendencia Nacional y Popular y varios legisladores porteños de la oposición.

La criminalización de este reclamo, destaca el comunicado, “sólo retroalimenta las dinámicas de exclusión y marginación, estigmatización y persecución hacia quienes requieren con más intensidad de políticas de seguridad social que aseguren su dignidad”.

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