La Asesoría General Tutelar de la Ciudad presentó una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para que el gobierno porteño revierta de manera urgente el “cuadro de desidia” que padece el único parador para familias en situación de calle de la ciudad, ubicado en Costanera Sur, reabierto en 2009 por la gestión macrista. El organismo que defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes denuncia, en sucesivos informes, la falta de infraestructura adecuada –como son baños para los menores–, una asistencia que no plantea instancias superadoras a quien no tiene un techo, y la desatención de cuestiones básicas como la salud. De no avanzar en una política integral que aborde el problema de pobreza y falta de vivienda, desde la AGT entienden que se legitima, como en este caso, la creación de “depósitos de pobres”.

En su presentación judicial hecha el 3 de mayo, la AGT exige que el gobierno porteño “cese en su actitud discriminatoria” ante quienes asisten a ese centro, ubicado en España 2265, ya que la institución no les brinda “condiciones de funcionamiento dignas, seguras y adecuadas”. Además critica la falta de adopción de medidas para que el alojamiento de las familias “dure el menor tiempo posible”, y accedan a “egresos sustentables” en materia habitacional.

El 2 de septiembre de 2009, tras la reapertura del refaccionado parador, desde el gobierno de Mauricio Macri aseguraron que ofrecerían “todos los días alojamiento, alimentación y atención médica, psicológica y social a 140 personas en situación de calle”. Y, orgullosa, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, prometía: “Retomamos una antigua iniciativa, reactivamos la obra y ahora hemos sumado más equipo, infraestructura y vacantes que seguiremos ampliando”. Este diario consultó a esa cartera, pero ningún funcionario aceptó hacer declaraciones porque, argumentaron, no estaban notificados de la presentación del amparo.

Tras una visita de control, el 22 de febrero último, la AGT enumera múltiples deficiencias. “Falta de botiquín y productos de primeros auxilios”, “mala calidad de la comida provista y falta de entrega de viandas especiales para niños con bajo peso y otros problemas de salud”, “falta de ropa de cama, toallas y pañales”, “escasez de baños –para 70 mujeres hay dos duchas y dos inodoros, porque otros cuatro sanitarios están rotos– y “pésimas condiciones de limpieza en habitaciones y baños”, donde se detecta la presencia de cucarachas, son algunas de las fallas señaladas.

La asesora tutelar Mabel López Oliva le dijo a Página/12 que en su última recorrida por el parador, el 7 de abril, “la situación seguía igual”. Cansada de realizar intimaciones al subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, y de no obtener respuestas, López Oliva optó por apostar a esta instancia judicial.

Ante el actual cuadro de “desidia”, la Asesoría pidió que el Ejecutivo porteño “diseñe, presente y ejecute un plan de obras en tiempo urgente”. Particularmente requiere que se construyan baños para ser utilizados por niñas y niños a fin de proteger “su derecho a la salud y la intimidad”, ya que hoy lo comparten con los adultos.

A estas demandas, suma la necesidad de que “se garantice el personal suficiente y debidamente capacitado”. Por ejemplo, se debe designar un médico que preste servicio de manera permanente en el horario de funcionamiento del parador.

En otro tramo de la presentación, desde la Asesoría apuntan que es “inaceptable” que no se coordinen tareas entre los trabajadores del parador y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes ni con otras áreas de Desarrollo Social a fin de orientarlas en torno de cuestiones educativas, de vivienda y sociales. De no exigir este tipo de tratamiento estructural de los casos, se legitimaría “la creación de depósitos de pobres”, remata la presentación.

Para la funcionaria de la AGT, el “circuito perverso” que genera la política llevada adelante en este centro tiene varias causales. “No brinda oferta para superar la situación de calle, y muchos se quedan por un tiempo prolongado. Otros no aguantan el régimen institucional que allí les plantean –horarios para entrar, salir, comer, bañarse– y deciden irse y seguir en la calle. Y están los que consiguen algún subsidio habitacional, pero cuando se les agota ese recurso regresan al parador.” Lo que le queda claro a la funcionaria de la AGT es que en ningún caso se intenta dar solución al “problema de fondo que es la pobreza y falta de vivienda”. Por lo que, entendió, estas personas en situación de vulnerabilidad “parecen ser seres invisibles” a los ojos de los funcionarios.

Tras relatar las sucesivas observaciones realizadas desde la reapertura del parador, la AGT concluyó: “El funcionamiento del Centro Costanera Sur da cuenta de la sistemática omisión del GCBA en materia de protección prioritaria de los niños y niñas”.

Informe: Leonardo Rossi.