La imputación por violación como delito autónomo y separado de la condición de tormentos; la necesidad de condenar a la llamada “guardia blanda” porque esa condición no puede pensarse en un centro de exterminio y la exigencia de detener inmediatamente a los militares acusados en este juicios que están en libertad fueron los tres nudos con los que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como cabeza de querella, concluyó su semana de alegatos por los crímenes de El Vesubio. En representación del organismo de derechos humanos, Rodrigo Borda y José Nebbia pidieron prisión perpetua para los militares Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio, y para Hugo Idelbrando Pascarelli y Héctor Humberto Gamen, jefes de área. Además pidieron 25 años de prisión para los cinco penitenciarios acusados. Con una detallada línea jurídica, se abrieron paso para plantear la posibilidad de imputar al “violador” Durán Sáenz como autor de ese delito. Durante la última semana, el CELS reconstruyó en su alegato las historias de cada una de las víctimas del centro de exterminio con las pruebas reunidas en el juicio oral. A través de imágenes proyectadas en una pantalla, los abogados hablaron de las pruebas de los tormentos, pero sobre todo de las escenas de la vida de cada uno y el compromiso político. Uno de los relatos fue sobre Mauricio Fabián Weinstein, desaparecido el 18 de abril de 1978. Su madre, sentada en la parte de atrás de la sala, lloró durante toda la audiencia. Cuando terminó, agradeció a los integrantes de Hijos por la proyección de las fotos. “Yo no pude despedirme de mi hijo”, les dijo y comentó que esa foto proyectada, en la que él la miraba todo el tiempo, había sido el modo de hacerlo.

Ayer, el CELS comenzó detallando el rol de los cinco integrantes del Servicio Penitenciario Federal a cargo de la custodia de los prisioneros. “Los cinco formaron parte del aparato de poder del terrorismo de Estado”, dijo Borda. Y tenían una responsabilidad vertical y una organización horizontal de la que formaban parte: estaban divididos en tres turnos de 24 por 48 horas; asumieron la distribución de la custodia de los prisioneros; trasladaron a los detenidos, mantuvieron la disciplina, engrillaron y encapucharon. “Quienes oficiaban de guardias –dijo Borda–- hicieron un aporte fundamental para mantener vivas a las víctimas y someterlas a tratos degradantes.”

Enseguida describieron el rol de cada uno, Diego Chemes, Néstor Maidana, Ramón Antonio Erlan, Ricardo Martínez, y por último mencionaron a Roberto Carlos Zeolitti, a quien algunos testigos incluyeron en una supuesta “guardia blanda”. Semanas atrás, la querella encabezada por Pablo Jacoby, representante de una víctimas, socio del estudio que representa a la dueña de Clarín en la causa en la que se investiga si sus hijos adoptivos fueron víctimas del terrorismo de Estado, pidió para Zeolitti siete años de prisión, lejos de los 20 años de la Secretaría de Derechos Humanos y de los 25 años del CELS. Borda no nombró a Jacoby, pero le dedicó parte del alegato. “El Vesubio era el mismo con todas las guardias –dijo–. Lo que pasa es que había guardias que no agregaban sadismo, y la guardia blanda pegaba igual.” En base a la teoría de Roxin, explicó que para que el centro funcionara hacía falta la división de tareas: el descanso de un grupo permitía el trabajo de otros, por lo tanto todos son responsables solidariamente de eso. Zeolitti “cometió delitos con plenos conocimientos y su deber era proteger y resguardar personas para su ejecución final”. Tal como surge de la declaración de un testigo, recordó, cometía los crímenes con “ánimo de lucro”, por eso lo llamó “mercenario”: estaba ahí porque le pagaban un plus en el sueldo.

Otro eje fue el de los delitos sexuales. Hasta ahora, se consideran parte de los tormentos. Desde hace meses, las querellas intentan visibilizarlos de modo autónomo y piden que el tribunal remita esos testimonios a un juzgado de primera instancia para que se investiguen a sabiendas de que los acusados no puede ser condenados por un delito por el que no se los acusó en un principio. El CELS reclamó la remisión de los testimonios, pero ante la posibilidad de un rechazo, pidió que entonces se los condene en el trascurso de este juicio.

Borda solicitó que los jefes militares sean condenados como autores mediatos por lo que hicieron sus subalternos. Para Durán Sáenz en cambio, que la condena sea además como autor directo, porque lo denunció una víctima. Explicó que esa condena es posible pese a que hay quienes sostienen que para ser delito de lesa humanidad la violación debe ser sistemática. “Si es así –dijo Borda–, en este juicio se verificó que las víctimas sufrieron sistemáticas y generalizadas violaciones: todas las mujeres e inclusive los hombres fueron víctimas desde el ‘76 hasta el ‘78”. En el centro se les decía: “¿Picana o violación?”, dijo. “En un contexto en el que el jefe de El Vesubio era un violador, no puede estar fuera de la regla violar a las mujeres.”