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La Legislatura porteña aprobó un proyecto que consagra la “protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle”. Lo hizo al aceptar el veto parcial que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había dictado sobre esa misma norma, cuando fue aprobada el año pasado, e insistir sobre el resto del texto. “La norma obliga al Estado porteño a hacer un diagnóstico y brindar contención a las familias en situación de calle o en riesgo de llegar a esa situación, a hacer un seguimiento y brindar una solución definitiva, en lugar de limitarse a dar subsidios, como ahora”, dijo a Página/12 la diputada Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, quien acompañó, junto a otros legisladores, la iniciativa que había presentado la agrupación Proyecto 7.

La ley ya había sido aprobada el año pasado, por unanimidad, pero el 13 de enero último Macri vetó el artículo 5 de la norma. Ese artículo establecía el “derecho a la ciudad”, que definía como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho de acceso a los servicios por parte de todos los habitantes”. Ese punto fue pensado como un freno legal a los atropellos de la UCEP, la fuerza de choque del gobierno del PRO que protagonizó desalojos violentos a indigentes que vivían en la vía pública.

Pero en el medio ocurrió la toma del Parque Indoamericano y el Ejecutivo porteño se basó en eso para eliminar el artículo. Argumentó “un importante grado de imprecisión, que generaría dificultades en su aplicación”. “En una interpretación exagerada, tenían miedo de que legitimara la ocupación del espacio público”, consideró Sánchez Andía, de la Coalición Cívica.

“Hablamos con la gente de Proyecto 7 y acordamos que era mejor resignar ese artículo, que no era de fondo, y que la ley esté en vigencia”, agregó la legisladora. Proyecto 7 es una organización integrada por personas que atravesaron o pasan por situaciones de calle.

La norma aprobada el jueves, otra vez por unanimidad, establece que los centros asistenciales deben estar abiertos las 24 horas del día y no solamente por las noches, como lo hacen actualmente los paradores. Y crea una “referencia administrativa postal”, que consiste en otorgar una casilla de correo postal gratuita, para proveer “mayor accesibilidad a los recursos socioasistenciales y administrativos, y para cumplimentar requisitos laborales”.

La ley define a las personas en situación de calle a los “hombres, o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la ciudad, en forma transitoria o permanente, utilicen o no la red de alojamiento nocturno”. También caracteriza a los que están “en riesgo de situación de calle” a los que “se encuentran en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional”; a los que tengan orden de desalojo administrativo o judicial, y a los que habiten en asentamientos “sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento”. Todas estas personas tienen derecho a que el Estado las proteja y garantice su acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo.

“La ley le marca el rumbo al gobierno de que el problema no se resuelve con paradores inmundos que se convierten en depósitos de gente”, afirmó Sánchez Andía. “El Estado debe hacer un relevamiento, un diagnóstico, el parador debe ser una solución transitoria; y hay que ofrecer una solución habitacional para que las personas no vuelvan a la calle”, enfatizó.

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