A casi tres meses de su ocupación, ayer fue desalojado el complejo habitacional construido por el gobierno porteño en Villa Soldati para pobladores que viven sobre la margen del Riachuelo. No hubo represión ni enfrentamiento alguno, aunque cinco de los 204 departamentos fueron incendiados, al parecer, por los ocupantes. Según informaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social porteño, la negociación incluyó el traslado provisorio de los ocupantes a paradores y la promesa de subsidios habitacionales “después de revisar caso por caso”. Tras el operativo conjunto de la Policía Metropolitana y de la Federal, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, destacó que “se pudo llevar este procedimiento adelante sin ninguna víctima”. El candidato a jefe de Gobierno por el FpV, Daniel Filmus, remarcó que el operativo “demostró que el Gobierno nacional tenía razón cuando planteaba que debía encargarse la Policía Metropolitana, con el respaldo de la Federal”. El lugar será custodiado por ambas fuerzas hasta que sea adjudicado a los habitantes del asentamiento El Pueblito, ubicado a la vera del Riachuelo.

El operativo comenzó a las 8.50, cuando centenares de uniformados tomaron posiciones alrededor del predio de Castañares y Lafuente. Tal como se había acordado en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia nacional, que avaló la postura del Gobierno nacional en el conflicto con la ciudad por este tema, en la vanguardia estaba la Policía Metropolitana apoyada por la Federal, pero primero se intentó un acuerdo con los ocupantes, en su mayoría vecinos de la villa 1-11-14 y de distintos asentamientos de Villa Soldati. Era la cuarta orden de desalojo del juez federal Luis Armella, quien tiene “facultades amplias” para cumplir con el fallo de la Corte para sanear la cuenca del Riachuelo.

Casi dos horas después, un grupo de ocupantes salió sin oponer resistencia, llevando sus pertenencias, mientras detrás emergía el humo. En total, cinco departamentos se estaban incendiando, lo que obligó a actuar a los bomberos. Según el gobierno porteño, los responsables eran los ocupantes que aún se negaban a desalojar las viviendas. Cuando los agentes de la Metropolitana entraron, sólo un hombre se resistía a irse y quedó en calidad de “demorado” en la comisaría 36ª.

“Yo fui la primera en salir. No quería exponer a mi hijo a una situación violenta. Es algo que el día de mañana no me iba a poder perdonar”, reconoció Daiana Juárez, que dejó colchones, muebles, frazadas y sábanas en la toma. Sólo pudo rescatar algunas bolsas con ropa, que arrastró hasta un colectivo escolar fletado por el gobierno porteño, bajo la atenta mirada de la Brigada de Rápida Intervención (BRI) y la Brigada Especial de Contención (BEC), dos escuadrones de la Policía Metropolitana.

Juárez y otras 30 familias habían ocupado el predio a principios de marzo en reclamo por una estafa denunciada un mes antes en la Justicia. En nombre del IVC, les habían pedido dinero para acceder a viviendas sociales. Algunas reuniones con los estafadores –relató la legisladora porteña Laura García Tuñón– fueron hechas dentro del IVC, organismo que también denunció el hecho que perjudicó en total a 150 familias. Ayer, de esas 30 familias de la ocupación inicial sólo quedaban dos, porque el ambiente “se había puesto muy pesado”, comentó Juárez a Página/12. Pasado el mediodía, fueron trasladados en colectivos y camiones hasta el Instituto Superior de Seguridad de la Policía Metropolitana, en el ex Club Deportivo Español, para ser censados. Sin embargo, oficialmente se afirmó que irían a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social porteño. “Mucha gente que no sabía del desalojo se fue a trabajar o llevó a los chicos al colegio. Esa gente quiso después ir al Deportivo Español pero no los dejaron entrar, ahí sí que hubo palos, pero se quedaron afuera”, aseguró Juárez.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a este diario que tras el censo sólo la mitad de los ocupantes accedió a ser trasladada a los paradores. Es decir, alrededor de 80 personas. Los datos aportados por la Defensoría General porteña duplicaban esta cifra. Las mujeres y sus hijos fueron a un refugio en San Telmo y otro en Villa del Parque (ver aparte). Los hombres fueron distribuidos en dos paradores ubicados en Retiro y Parque Patricios.

“Había mucha gente que suele venir a dormir a este parador de San Telmo y se encontraron con más gente. Así que hay mucha cola, este lugar colapsó”, describió anoche Mabel López Oliva, de la Asesoría General Tutelar 1, quien se acercó hasta el parador Villaflor. Allí estaba Daiana Juárez, con su bebé en brazos, esperando una cama o un traslado a “un hogar”, como le habían prometido. De almorzar, dijo, les dieron un sandwich y una manzana. Desarrollo Social prometió para hoy un subsidio de 800 pesos por seis meses “o una ayuda económica”.

Algunos departamentos están en condiciones de ser entregados, pero en otros deberán ser reparados. “El macrismo festeja el desalojo en lugar de resolver la problemática de la vivienda”, dijo el legislador porteño Francisco “Tito” Nenna.

Filmus, por su parte, sostuvo que “el desalojo del complejo de Bajo Flores confirmó cuál es el camino para la resolución de este tipo de conflictos”. “La Corte -dijo- dio instrucciones para que en primer lugar se intentara la negociación pacífica. En segundo lugar, encomendó a la Metropolitana el desalojo y en tercer lugar a la Federal establecer un cerco protector. Si esto se hubiera hecho apenas ocurrió la intrusión, hubiéramos evitado tres meses con las viviendas ocupadas”. Para el senador, “la forma de resolución de este tipo de conflictos debe ser la puesta en marcha de importantes planes de viviendas que han estado ausentes en la ciudad en los últimos cuatro años”.

Anoche Mauricio Macri recorrió el lugar con María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social y candidata a vice. Antes, el comisionado de la Metropolitana, Juan Maglioco, aseguró a Página/12 que será compartida la custodia del predio. Allí los federales vigilaban de pie; sus colegas metropolitanos, dentro del patrullero.

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