La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay respaldó el decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos sexuales en los medios de comunicación. “Me encanta la medida, me parece muy bien”, dijo la magistrada, porque “esos avisos tratan a la mujer como mercancía”. También explicó que la decisión no limita la libertad de expresión.

“Los medios no se van a poder defender contra esta medida porque acá no hay opiniones, de modo que no se atenta contra la libertad de expresión. Lo que estamos coartando es la propaganda de una mercancía prohibida. Celebro la medida del Gobierno”, insistió Argibay.

Desde el 18 de julio, la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, el organismo creado por el decreto de la presidenta Cristina Fernández que prohibió los avisos conocidos popularmente como “rubro 59”, podrá aplicar sanciones a los medios de comunicación o portales de Internet que violen la prohibición de difundir las publicidades contempladas en la resolución.

La fecha fue confirmada por el ministro de Justicia Julio Alak, quien también señaló –como publicó Página/12 ayer– que el decreto 936 “claramente determina que será controlada y prohibida toda la oferta (sexual) por cualquier medio, que incluye a los que no son gráficos”, en referencia a los sitios web y los volantes de vía pública. El decreto firmado el martes pasado, agregó, tiene vigencia a partir de “los ocho días hábiles de la publicación” en el Boletín Oficial.

Ayer mismo “muchos medios han dejado de publicar avisos” de oferta sexual, destacó el ministro Alak al tiempo que informó que se había reunido con representantes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y del Consejo Nacional de las Mujeres para conformar la Oficina de Monitoreo, que “internamente ya está funcionando”.

El funcionario también aclaró que toda oferta por medio de avisos “es un vehículo” para la trata de personas, un delito “aberrante” que tiene como objetivo “la explotación” de jóvenes, adolescentes, niñas y niños. Por ello, agregó, se avanzará “en la reglamentación para que la oferta sexual, que es el vehículo de la trata, no se pueda ejecutar a través de medios audiovisuales ni Internet. Los portales no pueden hacer ofertas de sexo”.