Los familiares, amigos y colegas del prefecto Octavio Romero marcharon ayer desde la casa que compartía con su prometido, en el microcentro porteño, hasta la Casa Rosada, al cumplirse un mes del día en que desapareció. Los manifestantes reclamaron el esclarecimiento del caso: “Tavo”, como lo conocían sus allegados, apareció muerto, totalmente desnudo, en una playa de Vicente López. Asesorada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), su familia política pidió la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) durante una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde esa cartera, adelantaron que además de impulsar ese paso, abrirán una investigación “para evaluar el desempeño de la Prefectura Naval en este caso”.

La marcha partió de la esquina de San Martín y Córdoba, en Retiro, el último lugar donde se vio con vida al prefecto, quien desapareció cuando se preparaba para salir a una fiesta. La caravana silenciosa llegó hasta la Plaza de Mayo por la peatonal Reconquista para no interrumpir el tráfico, con el lema: “¿Qué pasó con Tavo?”. “El viernes tuvimos una reunión con (la secretaria de Seguridad Operativa) Cristina Caamaño en el Ministerio de Seguridad nacional y están como nosotros, no saben nada porque hay secreto de sumario”, le contó a este diario Lucía, cuñada de Tavo, quien pensaba casarse a fin de año con Gabriel Gerbach.

El secreto de sumario fue extendido por pedido de la fiscal Stella Andrade de Segura, mientras continúan las declaraciones testimoniales en la División Búsqueda de Personas de la Superintendencia de Investigaciones Federales. “El único sumario que inició la Prefectura fue porque Tavo no fue a trabajar cuando estaba desaparecido”, dijo a este diario Pedro Paradiso Sottile, abogado de la CHA. “No parece un típico crimen de odio, hubo más de una persona involucrada”, estimó.

La FIA, que depende del Ministerio Público Fiscal, recibirá en estos días el legajo de Romero en Prefectura. En la CHA, recordaron que ese organismo logró reflotar el caso de una razzia policial en una fiesta gay en 2006. “Los policías habían sido absueltos y la FIA logró que Casación modifique dos fallos y se llegue a un juicio oral que, rogamos, sea antes fin de año”, dijo Paradiso Sottile.

Más allá de la fase penal, la FIA puede constituirse como acusadora si se abre un sumario en la fuerza porque se considera que alguna persona de Prefectura podría estar implicada en la muerte de Romero. Hasta el momento, la Justicia no se definió al respecto. El 27 de junio pasado, día del cumpleaños de la víctima, hubo un allamiento en las oficinas donde trabajaba Tavo, en el Edificio Guardacosta. Según trascendió, se llevaron el armario del prefecto.

El armario se sumó a otras medidas de pruebas como el rastreo de llamadas, el peritaje de la computadora de Tavo y la autopsia, que determinó que tenía un golpe en la cabeza y fue arrojado al río con vida aún. Las hipótesis manejadas por los investigadores incluyen un crimen pasional, de odio por su elección sexual o por temas relacionados con su trabajo en la oficina de control de gestión de Prefectura.

Anoche, en el Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré señalaron que investigarán lo actuado por la Prefectura, teniendo en cuenta que la víctima había pedido a sus superiores permiso para casarse dos meses antes de su asesinato. La iniciativa incluirá, entre otras medidas, entrevistas con los compañeros de trabajo de Octavio Romero.

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