[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Sus víctimas eran jóvenes dominicanas, de escasos recursos. Las traían engañadas a la Argentina con falsas promesas de trabajo en peluquerías y casas de familia. Les hacían hipotecar sus bienes para poder pagar sus honorarios y el pasaje, un monto que rondaba los 5000 dólares, una cifra que para ellas resultaba enorme. Las empujaban a pasar como refugiadas y finalmente las introducían al circuito de prostíbulos en distintas provincias, como La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Así operaba desde hacía tres años una red de tratantes de República Dominicana, de acuerdo con una investigación iniciada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase). La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de uno de los integrantes identificados por la pesquisa. Hay una orden de captura internacional contra otros dos dominicanos que formarían parte de la banda. Uno de ellos, se presume, tendría cinco pasaportes con distintas identidades.

El procesamiento fue dictado el 9 de mayo por el juez federal N° 2, Marcelo Martínez de Giorgi. Tras ser apelado por la defensa, la Sala I de la Cámara lo confirmó el martes último y pidió, además, que se investigara si hubo “connivencia de personal de la Dirección Nacional de Migraciones” en la maniobra.

Esta investigación judicial tiene la particularidad de que es una de las primeras –desde la sanción en abril de 2008 de la Ley 26.364, que tipificó el delito de trata– que muestra con más claridad la logística de una red y sus eslabones de captura, recepción y traslado de víctimas.

Actualmente hay otras causas que involucran a redes prostibularias poderosas en Mar del Plata y Tierra del Fuego. Este caso tiene otra singularidad y es que se inició –en febrero de 2009– a partir de una denuncia realizada por el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), de la DNM, ante la Ufase, que depende de la Procuración General de la Nación.

En la década del ’90, durante la convertibilidad, cuando un peso valía un dólar –y no estaba tipificado el delito de trata– centenares de dominicanas fueron víctimas de una red mafiosa que las tentaba con la posibilidad de enviar suculentas remesas en billetes verdes a sus familias del empobrecido país centroamericano, y las forzaba a ejercer la prostitución en burdeles de diversos puntos del país. En aquel momento se involucró incluso a autoridades diplomáticas dominicanas en la red.

Falsas refugiadas

En el Cepare comenzaron a sospechar de la existencia de una posible red dedicada al tráfico ilícito de migrantes o bien a la trata de personas al observar el llamativo aumento del número de ciudadanas de nacionalidad dominicana que solicitaban refugio, alegando persecución política o amenazas de muerte en su país. Los pedidos crecieron de once en 2007, a 125 en 2008, y en los dos primeros meses de 2009 ya se contaban 22. Esa fue la punta del ovillo. Aunque no se requiere visado a los ciudadanos dominicanos para ingresar al país, las autoridades de migraciones detectaron que en muchos de los casos las personas entrevistadas habían pagado para que un tercero les gestionase el viaje, ya sea proporcionándoles documentación falsa o, incluso, cartas de invitación supuestamente exigidas como requisito para ingresar a la Argentina.

Tenían otro denominador común: habían recibido promesas engañosas de trabajo con la expectativa de viajar primero a Buenos Aires y posteriormente a España con el mismo propósito, ofrecimientos que nunca se cumplieron. Las damnificadas presentaban un perfil similar: mujeres jóvenes –aunque también se detectó alguna víctima masculina–, pobres y muchas de ellas madres. Otro dato que generó sospechas es que una gran cantidad de ellas fueron acompañadas por el mismo hombre a realizar los trámites para pedir asilo. Ese hombre, Julio Almonte Javier, dominicano, con DNI argentino, de 36 años, está imputado como parte de la organización de tratantes. Está preso en el penal federal de Ezeiza. El juez Di Giorgi lo acaba de procesar con prisión preventiva.

La Ufase, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, realizó una investigación preliminar, que permitió ubicar a varias de las víctimas de la organización. Ellas brindaron su testimonio. La pesquisa, en la que intervino la Policía Federal, se extendió incluso a diversas provincias. Colombo denunció los hechos detectados ante la Justicia federal. Se estableció que la red estaría conformada por al menos tres miembros –todos dominicanos– que “cumplían distintas tareas”.

La banda

Almonte Javier llegó al país en 2007. Se afincó en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación judicial, la banda habría operado desde 2008. Los otros dos miembros serían una mujer, Tania María Carmona Soto, que también vivía en Buenos Aires, y Bautista William Vázquez, que residiría en el país centroamericano. No se descarta que hubiera otros integrantes todavía no identificados. El juez De Giorgi libró a Interpol un pedido de captura internacional contra Soto y Vázquez.

Vázquez –dice la resolución judicial– se encargaba de “la captación mediante engaños de mujeres y/u hombres en su país de origen a quienes tentaba con mejores propuestas laborales que las que desempeñaban allí”. También se ocupaba de “cobrarles las abultadas sumas de dinero con la excusa de cubrir gastos relativos al viaje, tanto a las víctimas como a sus familiares”. En algunos casos no sólo operaba como “reclutador”: “se comprobó que personalmente trasladó a las víctimas a la Argentina y las entregó a las personas que posteriormente las explotaron sexualmente”, dice la resolución del juez De Giorgi. Soto también se habría ocupado de “tentar” y “captar” con “idéntica modalidad” a personas dominicanas “abusando de la confianza o la amistad forjada con las víctimas y dándole participación a su hermano de apellido Moreno Soto en el cobro del dinero exigido, en virtud de que ella operaba desde la Argentina”, señala el juez. Otra de sus tareas sería la de recibir y acoger a las personas recién llegadas desde República Dominicana y dirigirlas a regularizar y así blanquear su situación migratoria en la Dirección Nacional de Migraciones.

Sobre Almonte Javier “se acreditó en primer lugar que se dedicaba con habitualidad a la tarea de acompañar a sus connacionales –quienes se encontraban en la Argentina en situación de vulnerabilidad– a tramitar la petición de la condición de ‘refugiado’ ante las oficinas de la Comisión Nacional para los Refugiados, de la DNM, cobrándoles por ello una suma de dinero extra (de diversos importes), en determinadas ocasiones bajo la identidad de ‘René Galván’”, dice el auto de procesamiento. En algunos casos, señala el magistrado, redactaba él mismo las cartas de presentación que encabezaban los legajos migratorios e inventaba las falsas causas por las cuales las víctimas habían dejado su país de origen, como persecución política y amenaza de muerte, en otros dictaba el contenido y les decía que lo memorizaran para que al momento de ser entrevistados su relato tuviera coherencia. Si bien los ciudadanos dominicanos no requieren visado para ingresar al país, el hecho de ser reconocidos con carácter de “refugiados” les permitiría obtener la residencia precaria en poco tiempo, incluso, en algunos casos, inmediatamente, explica el juez De Giorgi. Almonte Javier estaba tramitando él mismo la solicitud de refugiado junto con Soto.

El magistrado estableció que Almonte Javier también se ocupaba de recibir a las personas engañadas al llegar al Aeropuerto de Ezeiza y trasladarlas a hoteles del barrio porteño de Once. Su tercera función –dice el juez– fue establecer un contacto entre las damnificadas y prostíbulos ubicados en diversas provincias. Almonte Javier fue indagado, el 25 de abril último, negó las imputaciones, pero quedó preso. En la causa declararon nueve víctimas de la banda, ocho mujeres y un varón, pero se presume que las personas damnificadas serían muchas más. Algunas de las jóvenes terminaron “vendidas” y entregadas en distintos locales nocturnos, de las localidades de 25 de Mayo en La Pampa, Quilmes en el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, entre otros puntos.