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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio vía libre para la reapertura de los burdeles, que funcionaban en la zona roja de la ciudad santacruceña de Río Gallegos, conocida como Las Casitas, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, que trabaja contra la trata de personas, tildó de “una aberración” el fallo del tribunal y reclamó que se deje sin efecto.

La Cámara hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de propietarios de los locales nocturnos, que reclamaron el levantamiento de la clausura aplicada hace dos años por orden de la jueza Ana Alvarez, luego de que fueran rescatadas mujeres que habían sido víctimas de trata y eran explotadas sexualmente en uno de los burdeles. La sentencia no está firme y el fiscal ante la Cámara Horacio Arranz confirmó a este diario que está preparando la presentación de un recurso de Casación, para objetarla. La magistrada dejó acreditada en la causa que con independencia de si hubo o no trata, lo que justificó el cierre de los burdeles fue el proxenetismo.

Una investigación de La Alameda, que incluyó cámaras ocultas, dejó en evidencia lo que ocurría puertas adentro de los locales. Vera recordó que “los prostíbulos, desde el año 1936, por la ley 12.131, están prohibidos, así como la explotación sexual por cuenta ajena, o sea cualquier actividad que se vincule al proxenetismo”.

Desde la fiscalía especializada en el delito de trata, de la Procuración General de la Nación, Ufase, su titular, Marcelo Colombo, también cuestionó la sentencia del tribunal: “Pretende reconocer como derecho una situación ilegal”, apuntó. Colombo explicó que “no puede existir un recurso de amparo –que implica pedir por el reconocimiento de un derecho– cuando lo que se pide está prohibido legalmente”.

La pretensión de los dueños es reabrir con habilitación municipal como cabarets clase “C” con la figura de “alternadoras”. Gabriela Mestelán, diputada provincial de Santa Cruz, por Encuentro Ciudadano, lamentó y “rechazó rotundamente” la decisión judicial que permitiría reabrir los locales de Las Casitas. “Hay que cumplir con tratados internacionales, con claras y contundentes leyes nacionales, ya que lo que está en juego es la posibilidad de luchar contra prácticas, poderes e intereses económicos que ponen en riesgo la vida y la libertad de tantas mujeres de todas las edades”, opinó Mestelán.