Un grupo de 31 mineros, de los 33 que permanecieron 70 días atrapados en la mina San José en el desierto de Atacama, demandó al Estado chileno por “negligencia”. El monto reclamado, para cada uno de ellos, es de 535 mil dólares. Según informó ayer el abogado Edgardo Reynoso, el servicio estatal no cumplió con su labor de fiscalizar la mina, propiedad de la empresa San Esteban, que ya tenía varios cierres anteriores y registraba numerosos accidentes laborales. Además, resta establecer la responsabilidad que tendrían los dueños de la explotación minera, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quienes fueron acusados de los delitos de “lesiones” y “homicidio frustrado”.

El reclamo judicial por lo ocurrido el 5 de agosto de 2010, cuando un derrumbe dejó a los mineros atrapados a 700 metros de profundidad, había comenzado en octubre pasado. Por entonces, Reynoso explicó a este diario que los familiares estaban muy agradecidos por el espectacular rescate emprendido por el gobierno entrante, a cargo de Sebastián Piñera, pero no olvidaban que el Estado había incumplido las labores de control.

Al momento del derrumbe, informó Brunilda González, alcaldesa del municipio de Caldera, el más cercano a la mina, sólo había tres inspectores en Atacama para 884 minas “y el gobierno nacional sabía esto y no hizo nada”. Los mineros pidieron el resarcimiento por “daño moral y falta de servicio”, también por los problemas e irregularidades denunciados en el Sernageomin (el ente de control), ya que en la mina había fallas de ventilación y en las salidas de emergencia.

El reclamo de los 31 mineros se presentó en el Noveno Juzgado Civil de Santiago, luego de que uno de ellos, Mario Sepúlveda, afirmase su intención de recurrir a tribunales internacionales si la Justicia chilena no sanciona a los dueños de la mina por los problemas que los afectaron. Sepúlveda, que estuvo de visita en Argentina para presentar la cápsula de rescate en Tecnópolis, incluso estaría dispuesto a gastar la plata que ganó yendo a varios programas de televisión para la ofensiva judicial contra todos los responsables de la seguridad en el yacimiento.

Por su parte, la alcaldesa de Caldera, quien al principio reunió a 24 familias en una querella conjunta contra la empresa y contra el Estado chileno, denunció varias veces que hubo “sobornos” y “tráfico de influencias” de funcionarios estatales para que la mina San José siguiera funcionando pese a las clausuras.

A los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, el Estado chileno les reclama 10 millones de dólares por los gastos del rescate. Por ahora, sólo pudieron retenerles 1.800.000 dólares. Además, ambos empresarios pagaron tres cuartas partes de las indemnizaciones a los 400 trabajadores que tenía la minera San Esteban, que se declaró en quiebra.