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Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

Un nuevo traspié judicial sufrieron los familiares de María Marta García Belsunce, imputados de encubrimiento de homicidio. Ayer, el juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña, rechazó el pedido de la defensa para considerar nulas las indagatorias tomadas por el fiscal Diego Molina Pico. Los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi sostenían que las declaraciones de sus defendidos no debían ser tomadas en cuenta porque el fiscal había omitido relevarlos del juramento de decir verdad al que estaban sujetos desde su declaración inicial, como testigos. Pero Barroetaveña consideró que las garantías constitucionales no fueron afectadas y rechazó el pedido. “Esas nulidades sólo se dan en los casos de pobres y desamparados –aseguró una fuente judicial a Página/12–. Pero estos imputados tenían abogados, estaban al tanto de sus derechos y mantuvieron reuniones previas con ellos.” Mientras la estrategia de la defensa parece desmoronarse, las expectativas de Scelzi y Nardi se concentran a kilómetros de San Isidro, en la jurisdicción de San Martín. Allí se sustancia la investigación contra Molina Pico, el fiscal de Casación Juan Romero Victorica y los jueces de San Isidro Diego Barroetaveña y Juan Makintach. Ayer, esa causa recibió el testimonio del flamante jefe de las DDI de la provincia, Angel Casafús, y del ex titular de la DDI de San Isidro, Aníbal Degastaldi.
El pedido de nulidad de las indagatorias fue uno de los pasos de la estrategia de defensa de Scelzi y Nardi, abogados de Carlos Carrascosa, Horacio García Belsunce, Guillermo Bártoli, Constantino y Juan Hurtig, y Nora Taylor. Los seis fueron imputados de encubrimiento por Molina Pico, junto a Sergio Binello, el médico Juan Gauvry Gordon y la masajista Beatriz Michelini. Previo a ese pedido, ya la defensa había sufrido otro traspié cuando solicitó el apartamiento del fiscal de la causa que investiga los encubrimientos. Los defensores consideraban que Molina Pico había participado del velorio de María Marta como testigo, y como tal no podía actuar con imparcialidad. Ese pedido formulado ante Barroetaveña corrió la misma suerte: el juez consideró que el fiscal no fue testigo, ya que no existía ningún vínculo que explicara su presencia allí sino como funcionario judicial, y lo rechazó.
Con la resolución que ayer tomó Barroetaveña, las actuaciones ordenadas por el fiscal se mantienen firmes. Para colmo, el juez también rechazó el pedido de la defensa de sobreseimiento de los acusados. Si Barroetaveña hubiese optado por aceptar las nulidades, hubiesen caído todos los actos procesales surgidos de esas indagatorias, el caso no se podría elevar a juicio oral y las posibilidades de sobreseimiento de los acusados serían infinitamente mayores a las que se presentan hoy. Scelzi y Nardi aseguran que “si no se releva a los acusados del juramento de decir verdad, estos podrían autoincriminarse y se violaría el derecho de defensa en juicio”.
“Eso se suele aplicar solamente en el caso de pobres que carecen de medios y de entendimiento –confió una fuente judicial–. Pero en este caso los acusados tienen estudios de abogados que los respaldan, estaban enterados y hasta mantuvieron reuniones previas con ellos.” La fuente hacía alusión a las reuniones mantenidas en el bunker del Sheraton de Pilar los días previos y durante las indagatorias, reveladas en exclusiva por Página/12, durante las que el grupo familiar hizo uso del derecho que lo asiste a repasar respuestas y recibir consejos de sus abogados.
Como ocurrió en los casos anteriores, el rechazo de Barroetaveña será apelado ante la Cámara de San Isidro. Allí tramita la apelación al pedido de recusación del fiscal. Según fuentes judiciales, esta semana la Sala I de la Cámara citará a las partes a una audiencia y posteriormente tomará una resolución que no pasará de la semana próxima.
Previamente, los jueces aguardan recibir copias de la investigación que lleva adelante la fiscal Laura Pascual, de San Martín, sobre las actuaciones de los cuatro funcionarios judiciales (Molina Pico, Romero Victorica, Barroetaveña y Makintach). Fueron Scelzi y Nardi quienes solicitaron a los camaristas que antes de tomar una resolución atendieran los resultados de esa investigación. El pedido no es gratuito. Después de tanto traspié, la defensa concentró sus expectativas en que de esa investigación surja alguna evidencia de faltas graves cometidas por el fiscal Molina Pico que, finalmente, determinen su apartamiento del caso. “Parece la única posibilidad de que recusen al fiscal”, anticipó dudosa una fuente judicial.
Precisamente, ayer, ante la fiscal Pascual declararon como testigos el ex titular de la DDI, Aníbal Degastaldi, y el ascendido Angel Casafús. Como testigo, Casafús sufrió algún percance cuando le preguntaron por la hora de la famosa llamada del “sacame la policía de encima”. El comisario insistió en que había sido el lunes. “Está comprobado que fue a las 22.57 del domingo”, le dijo la fiscal. Casafús titubeó: “Puede ser, no me acuerdo”.