La Asamblea Permanente de Personas Usuarias de Salud Mental (Appusam) impulsa una campaña para que la gente internada en instituciones psiquiátricas pueda ejercer su derecho al voto. La movida, respaldada por el CELS, encuentra –y pone de manifiesto– un grave obstáculo: muchos de los internados están indocumentados, porque su DNI fue retenido, se perdió o quedó en su provincia de origen: justamente por eso, “uno de los sentidos de esta campaña es empezar a resolver la indocumentación de personas en las instituciones psiquiátricas”, observó una referente de Appusam. Otro problema se refiere a las declaraciones judiciales de insania: la nueva Ley de Salud Mental establece que la inhabilitación no es general, sino sólo para las acciones que esa persona en especial no pueda cumplir, pero, mientras no se revisen los casos uno por uno, estas personas no pueden votar. Pero otro problema es –observó una funcionaria de la Dirección Nacional de Salud Mental– la falta de una “cultura institucional” que haga lugar a que los internados ejerzan sus derechos cívicos.

Alicia A. –que integra el grupo fundador de la Asamblea Permanente de Personas Usuarias de Servicios de Salud Mental (Appusam)– contó a este diario que “esta campaña surgió en una de las reuniones de la Asamblea: votar en las elecciones no sólo sería respetar el derecho de las personas internadas, como sujetos participativos, sino que también serviría para legalizar situaciones que no están siendo tomadas en cuenta, como la de que muchas personas internadas en las instituciones psiquiátricas están indocumentadas, y eso es una violación de los derechos humanos”.

Es que “lo primero que se hace cuando se interna a una persona es retenerle el DNI: a veces, después, se pierde, o el dato no figura en la historia clínica, sobre todo cuando la persona llega a pasar muchos años internada. Esto sucede con muchos en el Moyano, en el Borda. Entonces, esta campaña implica llegar a que todas las personas internadas estén documentadas y así puedan ejercer su derecho a votar”, precisó Alicia.

“En realidad, en la Asamblea se planteó no sólo que las personas internadas puedan votar, sino que en las instituciones se dispongan unidades de votación donde también pudiera ir a votar la gente del barrio. Eso sería excelente, pero es pedir mucho”, comentó Alicia.

La Asamblea admite que, para estas próximas elecciones, no es mucho lo que podrá lograrse: “Hay poco tiempo; mucha gente está internada por ejemplo en el Moyano, pero empadronada en alguna provincia. Pero empezar a resolver la situación de los indocumentados es un primer paso; que nos den la voz y el voto sería un segundo paso y así vamos ganando terreno”.

Alicia destacó que “la discapacidad psicosocial es una barrera del medio, no del sujeto: el sujeto puede tener una dificultad, una discapacidad, pero las barreras sociales las ponemos todos. Yo en dos oportunidades, por estar internada, no pude votar”.

Macarena Sabin Paz –coordinadora del equipo de salud mental del CELS– recordó que “en 2008, la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye a las personas con discapacidades mentales o psicosociales: desde entonces, trabajamos para sensibilizar y capacitar en el cambio de paradigma contenido en la convención. La convención es el marco en el que se basa la Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en diciembre pasado: el gran cambio es considerar a estas personas como sujetos de derecho, con presunción de capacidad jurídica y, en casos de incapacidad, considerarla como un hecho parcial, determinar sobre qué cuestiones recae. Esto plantea una manera muy diferente de pensar la locura”.

“Desde 2008 venimos colaborando en la conformación de la Asamblea de Usuarios. Hay que advertir que este colectivo no tiene una representación social como la tienen otros, por ejemplo el de quienes tienen discapacidad física. La Asamblea funciona con autonomía, pero con apoyo del CELS. Cuando plantearon la cuestión de la campaña por el derecho al voto, nos pareció de gran interés, en cuanto plantea la participación política; y se trata de una tendencia mundial, en otros países ya sucede que las personas en esta situación tienen posibilidad de votar”, contó Sabin Paz.

“Efectivamente, el tema lleva a la cuestión de las personas indocumentadas. Nos sorprendió mucho que en las instituciones psiquiátricas muchas veces las autoridades no saben quiénes tienen documentos y quiénes no; el hecho de que haya personas indocumentadas está naturalizado, no produce ningún asombro. Pero, entonces, los profesionales que deciden y mantienen esas internaciones ¿saben quién es la persona que está allí internada?”, observó Sabin Paz, y señaló que “así, esto viene a visibilizar cuestiones que habían quedado solapadas, como la de la documentación.

“Todavía está por resolverse la cuestión logística –observó Sabin Paz–: designar acompañantes terapéuticos, contar con vehículos: la idea es que vayan a votar a los centros ordinarios de votación, no generar ‘la urna de los locos’. Otra opción interesante era abrir centros ordinarios de votación en los institutos, de modo que el vecino pueda ir a votar ahí, pero no hemos tenido tiempo de gestionarlo.”