El proyecto para construir una represa en la provincia de Corrientes que inundaría 7800 hectáreas con fines de riego para la producción de arroz fue frenado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese organismo estatal dio a conocer ayer una resolución contraria a la iniciativa, argumentando que su ejecución “afecta la calidad del agua” del río Uruguay, por lo cual es “incompatible con el Tratado Internacional firmado en 1975 con Uruguay”. El emprendimiento es impulsado por un consorcio, entre cuyos accionistas se encuentran José Aranda, uno de los máximos directivos del Grupo Clarín, y el magnate George Soros.

“De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua”, dijo a Página/12 el jefe de gabinete de la Secretaría, Ricardo Salvioli.

La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, sostiene que el emprendimiento privado resulta “incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente”.

El proyecto iba a realizarse en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Es impulsado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Adecoagro y Copra SA, que habían anunciado una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo de la represa es irrigar 28 mil hectáreas para la producción de arroz.

El proyecto había sido avalado por el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi. El Estado nacional intervino de oficio, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaban sobre los graves daños que ocasionaría en el ecosistema de la provincia, pero también en el río Uruguay, que es compartido por otros países y que baña las costas de la República Oriental del Uruguay.

En septiembre del año pasado, el gobierno nacional presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que reclamaba la paralización de la obra. Tres meses después, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte le pidió a Corrientes que en 90 días entregue un informe del impacto ambiental de la obra. El gobierno correntino entregó la documentación pedida.

En forma paralela, la Secretaría de Ambiente conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas de esa cartera. Los expertos, en base a la información aportada por la provincia, concluyeron que “siendo previsibles probables efectos de eutrofización (proliferación de algas)”, el proyecto “constituye un peligro de daño grave e irreversible” para el ambiente. Esta situación es agravada por “la sustracción del 27,3 por ciento del caudal del Ayuí Grande”.

El informe técnico permite concluir que, de acuerdo con los rendimientos previstos para la explotación arrocera, “por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la UTE un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento” a las aguas del río Uruguay.

De acuerdo con el informe, el anegamiento afectará 6900 hectáreas de humedal, donde pueden encontrarse entre otras comunidades vegetales, “bosque de ribera, pastizales húmedos, pajonales de gramíneas y no gramíneas”. Los efectos de la obra en esas comunidades serán “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y cambios en el régimen de inundación aguas abajo”.

También afectaría a la fauna ictícola, ya que allí se presentan “condiciones apropiadas para el desove y cría de larvas” de dorados, surubíes, sábalos y bogas. En ese sentido, el informe advierte que podría producirse la “mortalidad de larvas por reducción en la velocidad de la corriente y predación visual (por parte de las aves) por el aumento en la transparencia” del agua.

Esas razones, entre otras, hacen que el proyecto sea “incompatible con las obligaciones” asumidas por el país en el Estatuto del río Uruguay de 1975, el mismo que el país vecino violó al permitir la construcción de la planta de Botnia, según la Resolución 1238/11, firmada por Mussi. “Por ese motivo, la autorización del proyecto deja de ser una atribución del gobierno correntino, ya que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias o a otro país”, dijo Salvioli, para fundamentar la decisión.

El proyecto, además, “resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.

“Los humedales son una reserva importantísima de flora y fauna, y nuestro deber es protegerlos”, concluyó el jefe de gabinete de la cartera ambiental.