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Fue, reclamó y la tomaron. Así se puede resumir el caso de Mónica, la ex mujer de un empleado público que se quedó sin sustento económico luego de que la Justicia condenara a su esposo a 18 años de prisión por haber violado a sus propias hijas. El lunes próximo empezará a trabajar en la misma repartición en la que lo hacía su ex marido. “Ella y su familia fueron víctimas del delito y luego se convirtieron en víctimas de la sentencia, ya que al ser condenado este hombre se quedaron sin ningún sustento económico para poder vivir”, explicó a Página/12 el abogado de la mujer, Gabriel Lugones, al detallar los fundamentos de su presentación. Desde el gobierno provincial se apuraron en aclarar que la incorporación de esta persona fue “totalmente excepcional”.
“No existe ninguna norma que lo avale, pero el gobernador Solá decidió dar una rápida respuesta al problema, recompensando la valentía de esta mujer que se atrevió a denunciar las conductas de su ex marido”, dijo el titular del Registro Provincial de las Personas, Mario Giacobe, en referencia al caso de Mónica, una mujer que una semana atrás le entregó un pedido al gobernador para que la incorporara al lugar que dejó vacante su ex marido luego de que la Justicia lo condenara a 18 años de cárcel por violación.
Todo comenzó en 1999, cuando la mujer denunció ante la Justicia a su esposo por haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de sus dos hijas. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, esta vez no fue difícil probarlo y para principios de 2000 el hombre, de apellido Ramos, ya estaba detenido a la espera del juicio oral.
Obviamente, desde ese mismo día dejó de concurrir al trabajo y tras varias intimaciones fue exonerado de su puesto como electricista en el Registro Provincial de las Personas, por abandono de trabajo, lo que provocó que su familia se quedara sin ningún sustento económico para vivir.
Angustiada por esta situación, la propia hermana del acusado se ocupó de conseguir un abogado para ver si existía alguna posibilidad de que la condena que caía sobre su hermano no afectara también a sus sobrinos y cuñada. Así, luego de mucho estudio, esta preocupación se tradujo en un pedido administrativo que fue presentado la semana pasada en la mesa de entradas de la Gobernación. Ayer rindió sus frutos.
“Nosotros tomamos en cuenta algunos derechos implícitos y explícitos de la Constitución Nacional para fundamentar nuestro pedido de que se continuara con el vínculo laboral, sobre todo en relación a la idea de que nadie puede ser penado por un delito que cometió otro”, explicó Gabriel Lugones, feliz por los resultados que arrojaron sus gestiones, pero molesto por el hecho de que desde la Gobernación se hubiera difundido el hecho como “un gesto humanitario” hacia su patrocinada y no como el “reconocimiento de un derecho inherente a toda persona en esa situación”.
Mientras tanto, desde el Registro Provincial de las Personas, ya se preparan todos los detalles para que a partir del lunes o martes próximo Mónica comience a trabajar con el mismo sueldo –de 1.100 pesos– y la misma antigüedad con la que contaba su ex marido, aunque aún no saben específicamente qué función le darán. “Claro que al tener diferentes capacidades, su función también será otra”, explicaron.