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Julio César Jofré (foto), el chofer del colectivo con escolares que chocó y fue arrastrado por un tren en San Luis, pidió ayer una prórroga de ocho días para prestar declaración indagatoria. La jueza Mirtha Esley, a cargo de la investigación, en diálogo con Página/12, expuso las razones de la “sospecha vehemente” en que se funda la detención. Hay tres momentos que lo comprometerían: el primero tiene lugar cuando, aun advirtiendo que el tren se aproximaba, habría decidido cruzar; el segundo sería una impericia de manejo por la cual el vehículo quedó detenido sobre las vías; el tercero sería la posibilidad de que, en esas circunstancias, haya saltado para salvarse por su cuenta. Jofré está acusado de homicidio culposo y lesiones culposas./p>

Más allá de los fundamentos esgrimidos por la jueza, debe advertirse que ninguno de estos hechos necesariamente define la culpabilidad del chofer que transportaba a las alumnas de San Luis a un retiro espiritual en Mendoza, el miércoles pasado. El que parece más grave, saltar del colectivo donde las nenas se quedaban a morir, podría no ser punible en caso de que el chofer no tuviera ya posibilidad de salvarlas; pero también pudo haber constituido un abandono de persona seguido de muerte.

En cuanto a la posibilidad de que el chofer hubiera estado escuchando música o hubiera sido advertido en vano por las pasajeras, la jueza admitió que sólo son versiones. Además de las declaraciones de los lugareños, la jueza comentó que fue crucial “el testimonio brindado por los maquinistas del tren, en base a esos elementos se tuvo la sospecha vehemente que exige el Código Penal para ordenar la detención y escucharlo en una indagatoria”. Aún falta el testimonio de las nenas, quienes serán interrogadas con cámara Gesell y en presencia de psicólogos.

A Julio César Jofré, de 29 años, tampoco lo favorecen las actas del procedimiento policial y los dichos vertidos por los conductores de vehículos que venían detrás de él al momento del accidente. Dentro de ocho días, señaló la jueza, se empezará a tomar declaración en sede judicial a los testigos mayores de edad. Luego vendrán las menores. “Son testimonios importantísimos. Hay tiempo de sobra y quiero que las declaraciones de las menores estén bien hechas. Solamente los que están dentro del colectivo sabrán exactamente lo que pasó”, dijo Esley al respecto.

En base a los testimonios, agregó la magistrada, podría cambiarse la calificación legal. Incluso, de estar implicada en la causa la compañía que concesiona el ferrocarril podría cambiar la competencia legal y el caso podría llegar a la Justicia federal. “Esas concesionarias tienen la obligación de velar por todo lo que sea señalización y cuestiones que hacen a la preservación de los cruces viales”, agregó la magistrada, quien ya planteó una reserva de la competencia en este caso para avanzar, al menos, con la situación procesal del chofer del micro.

Mientras avanza la investigación, catorce personas, entre ellas 12 niñas, permanecían internadas ayer en la capital provincial con “evolución favorable en la mayoría de los casos”, según informaron autoridades sanitarias. El director del Complejo Sanitario San Luis, Roberto Schwartz, detalló que “fueron dadas de alta dos niñas” y especificó: “Hay nueve menores internadas en sala común y tres en terapia intensiva del área de pediatría”. En cuanto a los adultos, Schwartz informó que todavía había dos internados.