En la disputa por el Club Comunicaciones, la Justicia resolvió a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, en lugar de aceptar la oferta realizada por el Gobierno de la Ciudad, avalada por la Asociación Civil “Todos por Comu” y que contemplaba la participación de los socios del club en la gestión. El eje de la resolución judicial, explicó a este diario la directora Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Villalba, es que la oferta de Camioneros, de 40 millones de pesos, supera la del gobierno porteño, cifrada en 14 millones. Villalba también adelantó que el Ejecutivo porteño apelará en los próximos días la decisión del juez comercial Fernando D’Alessandro.

La representante legal del Ministerio de Desarrollo Económico señaló que la marcada disparidad entre la oferta que el fallo de primera instancia privilegió en su resolución y la oferta realizada por el gobierno porteño obedeció a cuestiones de procedimiento. A la Ciudad no se le “permitió ver qué estaba contraofertando Camioneros”. “Pensamos que nuestra oferta era la última, porque lo hicimos sobre el filo del plazo, pero después nos enteramos de que a posterioridad de nuestra oferta Camioneros presentó otra. Para entonces ya estaba casi cerrado. Y nos enteramos una semana después, ya era tarde”, explicó Villalba. “El juez podría haber decidido darnos la posibilidad de contraofertar, y dejar que la Legislatura decidiera si el gobierno podía subir la oferta.”

La resolución fue firmada el 30 de noviembre, aunque la notificación por cédula judicial recién llegó a la Procuración General porteña el 2 de diciembre, “a última hora”, explicó Villalba. De allí que el plazo de cinco días hábiles para la apelación tenga como límite el martes 13 de diciembre. Antes de que ese plazo expire, el gobierno presentará argumentos en disconformidad con la sentencia que entrega las 17 hectáreas a la gestión de la Mutual de Camioneros.

El fallo del juez D’Alessandro se fundamentó en cuatro puntos, explicó Villalba. El primero, que la oferta económica total que realizó la Mutual de Camioneros “casi triplica la oferta económica del gobierno”: mientras que Camioneros ofreció 40 millones de pesos, la Ciudad, con autorización de una ley votada por la Legislatura, propuso pagar 14 (además de levantar el pasivo del club). En segunda instancia, el juez objetó la representatividad de la Asociación Civil “Todos por Comu”, la entidad de socios a la que el gobierno propone entregar en comodato, por 99 años, la gestión del club. En tercera instancia, el juez cuestionó también la capacidad patrimonial de la ONG “Todos por Comu”. Y en cuarto lugar, “el juez valoró positivamente los beneficios extra que agregó Camioneros en su última oferta”, que consistían en garantizar la gratuidad de la cuota social durante un tiempo para los socios actuales, además de la imposición de un canon locativo al Instituto Educativo que funciona en el predio cuya recaudación se destinaría, durante dos años, a becas.

El plazo para la apelación vence el martes 13 de diciembre. La abogada Villalba adelantó que el gobierno porteño se presentará y rechazará cada uno de estos argumentos. Sin embargo, la causa podría no registrar novedades hasta “abril o mayo” de 2012, habida cuenta de que a fines de diciembre comienza la feria judicial.

La propuesta de la Ciudad contemplaba que, a cambio de la ayuda, el club cedería terrenos para la construcción de un microestadio cubierto.

Apenas notificada la Procuración, informó Villalba, “lo primero que hicimos fue llamar a los socios que participan de la Asociación para adelantarles la decisión de apelar, con la que están de acuerdo”. Luego, “notificamos a Legislatura”, habida cuenta de que el cuerpo había sancionado la ley que autorizaba la oferta económica del gobierno porteño en la puja por el club. Esas notificaciones, por lo demás, tuvieron una naturaleza puramente informativa, ya que desde lo operativo el próximo paso debe partir, obligatoriamente, del Poder Ejecutivo local.