La Dirección porteña de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) se comprometió a levantar el lunes próximo la clausura que lleva más de dos semanas en un hotel de Constitución tras un incendio ocurrido en circunstancias no aclaradas, y que dejó a siete familias en la calle. La orden de restringir el acceso a los inquilinos era por peligro de derrumbe, pero los inspectores enviados por la entidad el miércoles determinaron que no existe ese riesgo, sino que sólo se necesitan reparaciones en la red eléctrica. La promesa se consiguió luego de que las familias, que hace más de dos semanas duermen en la calle, frente al domicilio, se movilizaran a la entidad para pedir que se frene el intento de desalojo. “Esto es una maniobra ilegal del dueño” del inmueble, con quien los vecinos mantienen un juicio civil, denunció a este diario una de las vecinas.

El fuego se había desatado el 22 de noviembre en una de las habitaciones de la primera planta de un edificio ubicado sobre el Pasaje Sastre, a media cuadra de la estación de trenes Constitución. La noche anterior los vecinos escucharon que “El Truji”, un inquilino amigo del propietario, amenazaba con comenzar un fuego.

Los bomberos ordenaron que, por seguridad, las familias desalojaran el piso por 48 horas. Luego, contó Lidia, otra damnificada, “un ingeniero del gobierno de la Ciudad tenía que corroborar que estuviera todo bien”. Sin embargo, “no vino nadie, y cuando cortamos la calle (el viernes 25) dijeron que no podíamos entrar por peligro de derrumbe”. Lo llamativo, comentaban los vecinos, era que si había un peligro de derrumbe, no hubieran desalojado también la planta baja, el segundo y el tercer piso del edificio.

El miércoles, los profesionales de la DGFyCO concluyeron que el lugar “es habitable”, aunque tiene problemas con la red de electricidad y necesita otras reparaciones, contó Rafael Atuati, integrante del Movimiento Popular Latinoamérica, que apoya el reclamo de las familias afectadas.

“Tenemos miedo de que después de que nos dieran tantas vueltas, esto sea una nueva maniobra del dueño”, aseguró ayer a Página/12 Cirley, una vecina que el lunes que viene, cuando los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, acompañados por la Guardia de Auxilio, levanten la clausura, cumplirá 20 días en la calle.

La disputa con el propietario tiene larga data. Atuati explicó a este diario: “El alquilaba las habitaciones, pero sin contratos de alquiler. Hace algunos meses decidió que no quería seguir con esa suerte de hotel y el problema era que no podía simplemente pedir a la Justicia que los desalojara porque, entonces, también hubiera tenido que explicar por qué tenía familias viviendo allí por años”.

“Entonces, inventó un contrato de alquiler con un tercero y pidió el desalojo, tras la conclusión del tiempo que estimaba el documento”, relató Atuati. Evelyn Torres, una vecina, recordó que hace unos meses, oficiales de la Comisaría 16 –que vigila el acceso a los departamentos– se presentaron, “diciendo que teníamos que desalojar el lugar”. “Pero no bien pedimos que nos mostraran la orden, se fueron.” También denunciaron que un policía se llevó del lugar un televisor, aunque luego explicó que lo hizo “para que no se lo robaran”.

El incendio y la posterior negativa a que los vecinos ingresaran a sus viviendas –ni siquiera para retirar sus pertenencias, denunciaron– se produjo en medio del juicio por el intento de desalojo.

Informe: Rocío Magnani.