Uruguay debatirá de nuevo el próximo martes el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue sanciondo por el Congreso en 2008, pero vetado por el ex presidente Tabaré Vázquez. Esta vez el actual mandatario, José “Pepe” Mujica, adelantó que no bloqueará la eventual promulgación de la norma, impulsada desde las filas de su partido (Frente Amplio), y las organizaciones sociales por el derecho al aborto confían en que la iniciativa logrará la aprobación.

El lunes, la bancada del Frente Amplio resolvió someter a votación el próximo 27 de diciembre el proyecto de ley en una sesión extraordinaria del Senado. El legislador de ese espacio político José Luis Gallo Imperiale, presidente de la Comisión de Salud de esa cámara, había declarado días atrás ante la prensa uruguaya que en el partido “están asegurados todos los votos para la aprobación, ya que así lo expresaron los senadores en una reunión de bancada que se realizó semanas atrás”.

Mujica, por su parte, declara desde la época de su campaña electoral en 2009 que, como presidente, no se opondrá a una ley que surja desde el Poder Legislativo e incluya la despenalización del aborto. El 11 de noviembre de 2008, en una histórica sesión, el Parlamento uruguayo sancionaba una norma que permitía el aborto, con un Senado dividido, 17 votos a favor y 13 en contra.

Pero el principal problema era Tabaré Vázquez, que había anunciado días antes de la votación que vetaría la ley por una cuestión de principios, a pesar de que casi todo su bloque de legisladores lo haría a favor. Dos días después de sancionado el proyecto, vetaba el capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto por “razones filosóficas y biológicas”.

La ley disponía la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación por circunstancias derivadas de las condiciones en que se desa-rrolló la concepción, “de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. De no cumplir con esas condiciones o plazos, el aborto sólo podría realizarse cuando acarree un serio riesgo para la salud de la embarazada o “malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina”. La ley admitía también que los médicos pudieran negarse a practicar un aborto por “objeción de conciencia”.

En junio pasado, Gallo Imperiale, del bloque legislativo de Frente Amplio, adelantó que se iba a volver a presentar un proyecto de despenalización del aborto. “Es imperativo legislar en esa materia, por razones de salud poblacional y de políticas sanitarias, porque la legislación que criminaliza el aborto y no lo elimina de la práctica social genera profundos daños a las mujeres que deben enfrentar dicha intervención en condición de clandestinidad”, argumentó el legislador oficialista.

“El aborto clandestino es una de las primeras causas de muerte en las mujeres embarazadas en el mundo, además de ser causa de mortalidad como consecuencia del procedimiento inseguro”, agregó durante el encuentro. En Uruguay se estima que anualmente se realizan unos 35.000 abortos.

El 13 de diciembre último, el Frente Amplio dio por cerrada la discusión del aborto en la Cámara alta. Gallo explicó entonces que, entre la Legislatura actual y la anterior, expusieron más de 50 organizaciones sociales y eclesiásticas, gremios médicos, comisiones de bioética y expertos en medicina general. Diputados deberá esperar a 2012 para tratar el proyecto, que tiene grandes chances de obtener media sanción después de Navidad. Todos los sectores que integran el Frente Amplio, en tanto, expresaron su compromiso de dar apoyo al proyecto de ley.