La empresa minera canadiense Osisko Mining Corporation admitió que era de su autoría una carpeta con datos precisos sobre pobladores de la ciudad riojana de Famatina que se oponen al proyecto de extracción de oro en la zona. La documentación, que había sido olvidada por un gerente de la firma en una hostería de la que se tuvo que ir en forma precipitada al ser repudiado por los vecinos, fue calificada como “una verdadera ‘lista negra’, como las que se hacían en la época de la dictadura militar”, dijo en un comunicado la Asamblea de Famatina y Chilecito, movilizada en contra del emprendimiento. Una de las dirigentes, Marcela Crabbe, precisó los datos que aparecen en el listado de nombres que figuran en la carpeta, encontrada en forma casual por los vecinos: “Figuran el apellido, el nombre, la profesión, el nivel de participación, es decir si eran ‘cabecillas’, ‘protagonistas’ o si eran personas ‘muy agresivas’”, a la vez que se deja sentado “qué suma de dinero sería suficiente” para darles un “resarcimiento económico” como forma de hacerlos cambiar de posición. Gustavo Zullieger, el gerente olvidadizo, reconoció la carpeta como suya, pero le cambió el color: “No es una ‘lista negra’”, dijo.

Por su parte, el secretario de Minería de La Rioja, Oscar Lhez, criticó las manifestaciones y los cortes de ruta que realizan los militantes antiminería. La queja del funcionario se debe a que el domingo quedó varado ocho horas con su camioneta, en un paraje de Famatina, porque un piquete los retuvo cuando bajaba de la montaña. Lhez, ex presidente de la Cámara de Minería, opinó que los manifestantes “evitan el diálogo generando violencia”. Sobre la “lista negra”, aseguró no tener “ninguna certeza” de quién la confeccionó con tanto esmero y detalle.

El hoy funcionario lamentó el incidente y planteó que “es necesario encontrar el punto de equilibrio y dentro de la tranquilidad y legalidad, sentarnos a dialogar”. Lhez refirió que durante la protesta del domingo, que consistió en un “abrazo” al cerro bajo la consigna “el Famatina no se toca”, fue objeto de “insultos” y advertencias sobre que “no iba a poder transitar más por Chilecito y Famatina”. Respecto de los objetivos del proyecto minero del gobierno riojano, informó que “solamente pedimos la posibilidad de estudiar científicamente la factibilidad del desarrollo a través de la minería como una, no la única actividad productiva”.

Para aventar cualquier duda sobre el origen de la “lista negra”, el gerente de la firma Osisko, Gustavo Zullieger, reconoció que era suya la carpeta olvidada en la hostería de Famatina, pero afirmó que “no era una ‘lista negra’ porque no existe ninguna ‘lista negra’”. Sostuvo que fue un trabajo que se hizo para “conocer a los actores sociales y sus opiniones” con el fin de “dialogar”. Zullieger señaló que la empresa “está en condiciones de firmar un compromiso público de que el Famatina no se va a tocar”. Sobre el tema de la lista, el director de la empresa estatal Energía y Minerales (EMSE), Héctor Durán Sabas, trató de minimizar el episodio diciendo que “la denominada ‘lista negra’ es un artilugio para hacer ver a la sociedad cosas que no son”.

El gerente de Relaciones con la Comunidad de la firma, Martín Carotti, dijo que impulsan “el diálogo con diferentes vecinos y actores sociales del departamento para despejar dudas”. Zullieger insistió en que al cerro Famatina “nadie lo va a tocar, nadie lo va a pisar”, porque “el área de interés se encuentra cinco kilómetros al oeste de los cerros del Nevado del Famatina”. El convenio firmado en agosto en Montreal por La Rioja y Osisko establece que el proyecto “cubre una zona de 40 kilómetros cuadrados” para buscar “oro epitermal”. La estatal EMSE “será responsable de obtener los permisos necesarios durante la vida útil del proyecto”.

En una declaración, los vecinos dijeron que el documento encontrado por ellos contiene “contratos con cifras en dólares, relevamientos con la ubicación de pozos de agua, encuestas sobre la actividad (minera) y folletos varios”. Lo más grave fue la presencia de “hojas manuscritas de una extensa ‘lista negra’, con los nombres de buena parte de los asambleístas de Famatina y de Chilecito, con datos personales como edad, profesión e, incluso, referencia del tenor de ‘cabecilla’, ‘protagonista’ o ‘muy agresiva’”. Consideraron que se trata de “un claro hecho de intimidación”, motivo por el cual las Asambleas Ciudadanas de La Rioja se declararon “en estado de alerta”.

En el texto, al que tuvo acceso Página/12, se recalcó que a 35 años del comienzo de la dictadura militar “hoy vemos con profunda tristeza y dolor que una de las peores prácticas de la época represiva esté de vuelta”. Agregó que “esta ‘lista negra’ ya no es confeccionada por militares genocidas, sino por mercaderes inescrupulosos al servicio de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que en la provinicia de La Rioja actúa con la absoluta complicidad y el beneplácito del gobernador, Luis Beder Herrera”. Denunciaron la existencia de “un aparato de inteligencia” que “sigue los pasos” de los vecinos autoconvocados.

La declaración concluyó diciendo que hacen “responsables al gobierno provincial y al gobierno nacional por cualquier hecho de violencia que pudiéramos sufrir quienes aparecemos en esta ‘lista negra’, nuestras familias o nuestro pueblo en general”. En Buenos Aires, diputados del radicalismo pidieron al Congreso una declaración de repudio y que intervenga el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.