Después de reconstruir una parte significativa de la ruta que siguieron los fondos del Plan Federal de viviendas que debía usar la fundación de Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, el fiscal Jorge Di Lello está terminando de redactar un dictamen según el cual parte de ese dinero habría sido desviado de su finalidad a través de maniobras adjudicadas a Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad. En la fiscalía estiman, según trascendió en tribunales, que el volumen de las operaciones dudosas analizadas hasta ahora rondaría los 50 millones de pesos. Es la suma que habría ido a parar a cuentas, bienes y bolsillos de los hermanos y de un grupo de allegados, entre ellos ex empleados de Madres. Ayer la Sala I de la Cámara Federal confirmó los embargos de un barco del financista Fernando Caparrós Gómez y de una cuenta bancaria de Viviana Sala, ex esposa del mayor de los Schoklender. El tribunal volvió a conminar al juez Norberto Oyarbide a que formalice las imputaciones.

Di Lello finalmente tendría listo el pedido de indagatoria de unas veinte personas para el martes. La lista la encabezan los Schoklender e incluye a socios y personas de su círculo, como el contador Abraham Gotkin, el financista Caparrós (de Monetización), el empresario Daniel Laurentis, el piloto Gustavo Serventich, Patricia Alonso (mano derecha de Sergio) y Sala, entre otros. El fiscal les imputaría defraudación y lavado de dinero y no descarta asociación ilícita. No está definido si pedirá detenciones, pero suena improbable después de medio año con los imputados en libertad. Aunque Oyarbide haga las citaciones de inmediato, las declaraciones se harán recién después de la feria judicial. A fin de noviembre la Cámara le cuestionó el “errado direccionamiento” de la causa y lo urgió a definir de qué acusa a los investigados e indagar a quien corresponda.

Al confirmar ayer los embargos sobre una cuenta de Sala en el Citibank y el barco de Caparrós, la Sala I (con los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero) señaló que lo hacía para preservar los fondos y reparar un “posible daño patrimonial”. Sala, dijeron, no pudo demostrar que esa cuenta era solo para recibir honorarios como psiquiatra: allí habían detectado un cheque de unos 20 mil pesos de la fundación de las Madres. En el caso de Caparrós, el hecho de que la embarcación pertenecía a Meldorek, empresa que fue adquirida por Sergio Schoklender, y la cercanía del financiaste con él, determinaron la confirmación de la medida que le impide no sólo vender sino usar la nave.

La fiscalía ya estaría en condiciones de describir los mecanismos básicos con los que se habrían desviado por lo menos unos 50 millones de los 765 que destinó el Ministerio de Planificación a la construcción de casas para gente de pocos recursos a través de la Misión Sueños Compartidos. Según allegados a la causa, parte del dinero se desviaba a cuentas de empresas que operaban como pantalla; o los Schoklender libraban o endosaban cheques a otras firmas o personas –algunos vinculados a Madres y/o a los hermanos– que los cobraban en efectivo, siempre según las fuentes; se usaron, por ejemplo, cuentas de empleados con sueldos bajos para mover sumas abultadas; a veces el mecanismo era el cambio de cheques en financieras de confianza.

Si bien hay una trama de varias sociedades bajo sospecha, las que habrían funcionado como epicentro para el desvío eran Meldorek (con Sergio Schoklender y Serventich como socios de un contrato con las Madres para las obras) y Antártica (liderada por Gotkin). En una cuenta de Antártica se detectó uno de los primeros depósitos sospechosos de cheques de Madres por cuatro millones de pesos, que habría retirado Gotkin. La pesquisa analiza también el patrimonio y el nivel de vida de los sospechosos, así como el desvío de materiales (como los paneles móviles) de las viviendas sociales para sus propias casas en barrios privados y otras ofrecidas a la venta en el mercado inmobiliario.