Por resolución 879 del 23 de noviembre de 2011, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dispuso dejar sin efecto la incorporación del subteniente de la Policía Metropolitana Fernando Pedreira. La resolución, que fue entregada ayer a este diario, viene a confirmar lo anticipado por Página/12 en su última edición: que Pedreira había ocultado en su declaración jurada de 2009 que había sido exonerado de la Bonaerense en 2007 por la masacre de Quilmes, hecho en el que murieron cuatro adolescentes durante un incendio en la Comisaría 1ª, donde él revistaba; y que desde mayo de 2009, cuando fue incorporado a la Metropolitana, pudo mantener sus antecedentes intachables, sin que el organismo de uniforme neoyorquino encargado de vigilar la seguridad de los porteños se enterara de que lo estaban timando desde sus propias filas.

En la edición de ayer, este cronista informó sobre la paradójica situación que se daba debido al escaso rigor de quienes están encargados de seleccionar a los futuros integrantes de las filas de la Metropolitana, y/o de quienes están encargados de supervisar a los seleccionadores: el exonerado de la Bonaerense Fernando Pedreira había sido incorporado a la policía porteña en mayo de 2009 sin otro requisito que el de cumplir el trámite de una declaración en la que debía jurar que era de los buenos, cosa que más que ingenua resulta ineficiente, si se parte de la base de que nadie se presenta a una convocatoria para revelar que está incapacitado de ser convocado.

Tal como señala Montenegro en su resolución, emitida hace un mes y diez días, Pedreira fue incorporado a la Metropolitana el 15 de mayo de 2009 por la resolución 487/09 de ese año, firmada por el mismo Montenegro, el 11 de junio de 2009. Haciendo una especie de racconto del legajo LP 241, con el que fue rotulado Pedreira al ingresar, la resolución sostiene que “él mismo acompañó la documentación requerida por la División de Incorporaciones de la Policía Metropolitana indicando, en lo sustancial, que había pertenecido a las filas de la policía de la Provincia de Buenos Aires y que se había desvinculado de aquélla en el año 2005, mediante la Resolución Nº 1715/05, conforme surge de fojas 26/26 de su legajo personal”.

A renglón seguido, la disposición señala que “con fecha 31 de agosto del corriente año, el encartado se notificó de la Resolución Nº 577/MJYSGC/11, por medio de la cual tomó conocimiento que debía acompañar la declaración jurada de su situación judicial, conforme lo estipula la Resolución Nº 17/2010, no encontrándose hasta el momento cumplimentada tal diligencia”. En pocas palabras, le dieron un plazo de dos años para confirmar con documentación aquel juramento de pertenecer a las filas de los buenos.

La falta obvia de respuesta de Pedreira a la certificación de su condición policial fue corroborada por Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Recién el 21 de noviembre de 2011, es decir, dos años y medio después de haber incorporado un mono al que proveyó de navaja, Asuntos Internos dijo basta. En esa fecha, “dicho órgano de control (sic) pone en conocimiento, en base a las diligencias probatorias practicadas en esa dependencia, que el sumariado fue desvinculado de la policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Ministerial Nº 5509/07, de fecha 18 de octubre de 2007”, tal como informó ayer este diario, y firmada un año y medio antes de que Pedreira fuera incorporado. Es decir, el Ministerio de Seguridad bonaerense, organismo público que debiera dar fe de lo juramentado por el incorporado, no fue consultado sino hasta dos años y medio después de lo que la eficiencia, el sentido común y el preámbulo marquetinero de la página de la Metropolitana indican como razonable: una verificación previa a la firma del contrato laboral.

Más adelante, además de describir el expediente procesal por el que es juzgado Pedreira y otros nueve colegas por la masacre (también informado en la edición de ayer) la resolución indica que “el contenido de la Declaración Jurada” de Pedreira, presentada “el día 28 de mayo de 2009 ante la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, resulta falso”, conclusión a la que arribaron dos años y medio después.

Entre tanto, antes de que la Metropolitana supiera quién era Pedreira, ya lo había echado basándose en el estatuto de la Metro, que fija un período de prueba de 12 meses. Esto ocurrió a principios de 2010. Para entonces, aquel despido era sin causa y Pedreira apeló ante la Justicia, que, necesariamente, le hizo lugar al recurso. Tal recurso habría sido nulo si la Metropolitana hubiera justificado en aquel momento informando a la Justicia sobre la exoneración de la Bonaerense. Pero faltaba un año y medio para que los sabuesos porteños tuvieran el dato.

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