Las cajas contienen documentos reservados de la dictadura uruguaya. Télex que iban y venían entre los consulados uruguayos ubicados en Argentina, el Consulado general radicado en Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Los funcionarios de unos y otros organismos se preguntaban en los mensajes por el número de uruguayos radicados en el país y cuál podría ser, por ejemplo, el modo de saber cuántos de ellos eran “subversivos”. Los papeles que contienen nombres, listas de proscriptos y comunicaciones sobre los vuelos ilegales entre uno y otro país vuelven al presente para radiografiar de modo patente la trampera en la que se convirtieron las sedes diplomáticas uruguayas radicadas en Argentina. Los documentos fueron presentados por un grupo de sobrevivientes uruguayos –encabezados por Sergio López Burgos– al juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación del Plan Cóndor. En la presentación, los uruguayos pidieron ser querellantes de la causa, denunciaron a una veintena de funcionarios y pidieron que se inicie una investigación sobre la línea diplomática.

“Los cables entre los consulados y las embajadas muestran, por ejemplo, cómo los funcionarios pedían ayuda a la Policía Federal para detectar a los ‘elementos subversivos’ que operaban en Argentina”, dice López Burgos, uruguayo y sobreviviente de Automotores Orletti y del periplo de detenciones en Uruguay. “Eso demuestra para nosotros que la diplomacia era una fuente de información y a la vez una trampera: entre no-sotros de alguna manera empezamos a saberlo y por eso teníamos prohibido pasar por la embajada.”

Durante la dictadura militar en Uruguay –dice la denuncia presentada por las abogadas Mariana Neves y Elizabeth Victoria Gómez Alcorta–, “el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo activa participación en el Plan Cóndor. Aquella dependencia llevaba adelante, entre otras funciones, averiguaciones sobre ciudadanos uruguayos a solicitud de los otros gobiernos sin que mediara ninguna decisión judicial. Sobre la base de los partes de las agencias de inteligencia y las comunicaciones de los mandos militares, se suspendió y negó a muchos ciudadanos la documentación necesaria para moverse por el mundo, conformando así un cerrojo sobre los ciudadanos uruguayos”.

Eso es de alguna manera lo que muestran las cajas de documentos que entregaron a Oyarbide, rescatadas después de más de un año de trabajo en los archivos de la Cancillería uruguaya. Entre los denunciados hay, por lo menos, 25 diplomáticos o ex diplomáticos de primera y segunda línea: unos 13 militares y 12 civiles. Uno de los nombres más conocidos es el del ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, hasta el momento el único procesado y detenido en Uruguay. Pero los archivos también recogen denuncias sobre los embajadores uruguayos en el país, el primero de 1975 a 1978, Gustavo Magariños, y quien lo sucedió entre 1978 y 1980, Luis Posada Montero. También hay seis ex cónsules y ex funcionarios, entre ellos Arisbel Arocha y Alberto Voss Rubio que todavía son embajadores. La conexión diplomática también incluyó a quienes operaron los dos vuelos clandestinos en los que salieron de Buenos Aires a Montevideo con los prisioneros uruguayos que estaban secuestrados.

La línea roja

Uno de los documentos más elocuentes sobre la línea roja de los diplomáticos es una carta del 7 de diciembre de 1978 (ver foto), firmada por el ministro consejero del Consulado general de Buenos Aires, Alfredo Menini Terra, y dirigida al “embajador extraordinario y plenipotenciario de la república Luis María Posadas Montero”. El documento parece un verdadero manual en el que el Consulado le va contando a la embajada cuáles podrían ser los mejores modos para trasmitir información confidencial. O explican cómo contar uruguayos en Buenos Aires y cómo discernir cuáles podrían ser “subversivos”. En ese sentido, en un párrafo el cónsul se pregunta: “En cuanto al porcentaje de ciudadanos uruguayos que a juicio de funcionarios consulares pueden haber estado o están vinculados a actividades subversivas –dice–, naturalmente es una apreciación muy difícil de establecer. La única guía que tiene el funcionario consular para poder brindar esa información radica en: A) Algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; B) la comunicación de No Autorizado efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes.”

Más abajo, el cónsul le cuenta a su superior que el Consulado de Rosario encontró en sus archivos la constancia de cuatro ciudadanos a los que no les autorizó la expedición de pasaporte. Y el Consulado de Buenos Aires, entre negativas a pasaportes y trámites “motivados por actividades subversivas”, tiene la constancia de 300 ciudadanos.

La carta, de varias páginas, analiza lo de los mensajes cifrados. “...Se hace constar –dice por ejemplo– que no existe mecanismo de comunicación de cable cifrado entre este Consulado general y los consulados de distrito, quedando como única alternativa para la comunicación o recepción de información confidencial la vía postal.” En otro de los puntos, reflexionan sobre lo que está pasando con los uruguayos:

“...Ha llamado la atención del suscripto que en los últimos tiempos, posiblemente ante el conocimiento de que se solicitaba la previamente autorización a Cancillería para expedir o renovar los pasaportes, sólo se presentan en su gran mayoría ante nuestros consulados en Argentina los ciudadanos que no tienen inconvenientes...”.

Entre los primeros casos de pasaportes que vedó la Cancillería estaban el de Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Los tres estaban siendo perseguidos en Uruguay y estaban radicados en Buenos Aires. Seis meses más tarde de la suspensión y la decisión, asesinaron a Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Los vuelos

Los documentos prueban además varias actividades desarrolladas ad hoc por la Cancillería. Entre ellas, demuestran que desde ahí partió la orden del traslado masivo de los uruguayos que estaban secuestrados en Buenos Aires y volaron clandestinamente a Montevideo en los llamados primero y segundo vuelo.

Una de las pruebas aparentemente es un télex del 2 de junio de 1976, identificado como C194/24, firmado por el ex canciller Juan Carlos Blanco y dirigido al entonces cónsul en Buenos Aires Alberto Voss Rubio. En el télex, Blanco le da “la orden de proveer el traslado a la República Oriental del Uruguay de todos los ciudadanos uruguayos requeridos por la autoridad competente”.

A ojos de López Burgos, la fecha del télex y el contenido lo convierten en un documento que está hablando probablemente del primer vuelo, un viaje clandestino y masivo de secuestrados que estaban en el centro clandestino de Automotores Orletti y viajaron a Montevideo. Pese a que, por ejemplo, ese documento es conocido en Uruguay, no lo es para las causas argentinas. La causa sobre el centro clandestino de Automotores Orletti, sede del Cóndor en Buenos Aires, concluyó el año pasado, pero sólo se juzgó e investigó lo que sucedió de las puertas del centro clandestino para adentro. Todo lo que sucedió afuera es materia de investigación de la llamada Causa Cóndor que está en manos de Oyarbide y del fiscal Miguel Angel Osorio, uno de cuyos tramos fue elevado a juicio oral hace dos años y todavía espera el sueño de los justos para recibir fecha de comienzo de juicio.

La imprescindible complicidad de las dependencias de Cancillería probada en los documentos reservados.