[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

No es lo mismo decir que “por la quita de subsidios habrá aumentos de tarifas en los servicios de hasta el 300 por ciento”, que decir “a las residencias de las zonas más pudientes de San Isidro, Recoleta o Belgrano se les dejará de reconocer un subsidio del 75 por ciento de la tarifa”. La información parecería ser la misma: si antes pagaba el 25 por ciento de la tarifa y ahora el 100, tuvo un aumento del 300 por ciento. Pero la forma de presentarla es distinta, como también lo que se quiere decir en una forma u otra.

¿Cuál es la situación abusiva: que un chalet con pileta de natación y todo el confort imaginable deba pagar a partir de ahora la tarifa plena o que hasta ahora recibiera el servicio de agua corriente, luz y gas con subsidio del Estado? Presentar la noticia como “un aumento del 300 por ciento” sugiere lo primero. Decir que se elimina un subsidio inequitativo, en cambio, lo segundo.

“Si el subsidio era inequitativo, ¿para qué se lo otorgó, y por qué este gobierno lo mantuvo durante ocho años?”, es una pregunta retórica, que sugiere que “los que ahora lo quitan son los mismos responsables de la injusticia”. Dejar la cosa así es ignorar (ocultar) el origen del problema: la privatización de los servicios públicos en los ’90 y las concesiones bajo cláusulas de ajuste automático de las tarifas en dólares. Romper el esquema de la convertibilidad y recuperar la soberanía monetaria y financiera significó, entre otras cosas, replantear unilateralmente (desde el Estado) aquellos contratos. La forma elegida fue congelar las tarifas en pesos y, a la vez, ir cubriendo con subsidios los ajustes necesarios de tarifa por aumentos de costos de generación, para que los concesionarios no abandonaran la prestación.

¿No hubiera sido mejor que el Estado retomara directamente la prestación? Quizá, pero era imposible hacerlo en todos los casos (sólo se hizo en el de Aguas Argentinas). No hay que olvidar que la convertibilidad, además de otros males, dejó un Estado quebrado y atado legalmente de pies y manos ante tribunales extranjeros.

Quizá no sólo por cuestiones fácticas (lo posible), sino también políticas, la eliminación de subsidios se hizo ahora y no antes. Tarde pero necesaria, se podrá decir. Lo que es inadmisible es que quienes promovieron el nefasto sistema de privatizaciones dos décadas atrás ahora quieran cargarle al Gobierno el costo político de un supuesto “tarifazo”, ocultando el origen y la responsabilidad del problema. Ni hay que confudirse repitiendo sus muletillas.