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“Si nuestras empresas quiebran, sería un genocidio encubierto.” Así sintetizó Rubén Romano, presidente de la Asociación de Empresas de Salud de la República Argentina (Aesra), la crítica situación que atraviesan las más de 5000 clínicas que atienden a los afiliados al PAMI. Ayer por la tarde se reunieron con el interventor del Instituto, José Manuel Corchuelo Blasco, para reclamar el pago de un mes y medio de prestaciones atrasadas. Dicen que si no reciben ese dinero, el 80 por ciento de las clínicas cierra. Desde el PAMI les respondieron que hay posibilidades de abonar lo que resta de agosto de 2001 durante febrero, pero que no hay fondos suficientes para afrontar el pago completo de setiembre. Ahora solicitan que el presidente Eduardo Duhalde los reciba y se ocupe personalmente del tema para evitar que las empresas se vean obligadas a cerrar.
“Esto es el final de la recta final, al menos pedimos que nos paguen la mitad de agosto antes de fin de febrero y el mes de setiembre completo antes del 5 de marzo”, indicó Alberto Curci Castro, de los prestadores bonaerenses. Sin embargo, las autoridades explicaron que “se manejan con la recaudación actual y están tratando de conseguir recursos del presupuesto del año pasado que estaban acordados con el Congreso”, según contó Mercedes Elmeaudi, titular de la cámara que agrupa a las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos un monto que nos permita recomponer la cadena de pagos”, insistió.
La empresaria destacó que “este sector viene financiando la atención de los jubilados y reemplazando la responsabilidad del Estado, pero llegamos hasta donde pudimos”. Además, hizo hincapié en que “si nos pagan un mes cada dos meses, esto no se puede sostener porque el sector está quebrado”. En este sentido, Rubén Romano precisó que “el 90 por ciento de las empresas están en convocatoria”. Por otro lado, Curci Castro apuntó hacia arriba al expresar que “se necesita voluntad política para decidir si las prestaciones para los jubilados son importantes”.
Juan Metrebian, representante de la Red de Prestadores del PAMI de Córdoba, explicó los inconvenientes surgidos a partir del nuevo plan económico. “Estamos llegando a la imposibilidad de continuar prestando servicios y a algunas clínicas sólo les quedan pocos insumos –explicó–. Pero encima hubo fuertes incrementos de precios, por ejemplo, el oxígeno aumentó entre un 400 y un 500 por ciento y el Estado no está controlando.” También se quejó de la nueva intervención del Instituto: “Desde que asumió nos dicen que están elaborando un plan de emergencia pero todavía no lo presentaron y los días pasan”.
Según los empresarios, unos 700.000 trabajadores dependen de este sistema y 4 millones de jubilados y pensionados son sus beneficiarios. La deuda asciende a 240 millones de pesos y los prestadores exigen un cronograma de pagos, una vez saldados los meses de agosto y setiembre. Solamente se están atendiendo las urgencias y emergencias, y todas las atenciones programadas están suspendidas. “Cuando viene un paciente para una consulta por una úlcera y no se lo atiende, luego vuelve dos o tres meses después pero ya al borde de la muerte –recalcó Romano–. Lo que estamos haciendo es transformar lo programado en urgencias.” El dirigente fue categórico respecto a lo que viene: “Si dejamos de atender tendrían que responder los hospitales públicos, que están peor que nuestras empresas”.