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El ministro Jorge Remes Lenicov sólo consiguió en su visita a Washington que el FMI emitiera un comunicado protocolar en el que califica a las reuniones de los últimos dos días de “muy positivas y cordiales”, e insiste con que son “un buen comienzo para una nueva relación”. Sin embargo, tal como anticipó este diario, el vocero del Fondo aclaró que todavía no hay ninguna negociación concreta por asistencia financiera en marcha, lo que recién ocurrirá cuando aterrice en los próximos días en Buenos Aires una misión técnica del organismo. Y confirmó cuál puede ser la máxima aspiración de Remes cuando se inicie dicha negociación: “Según el programa que se había acordado con la Argentina, hay entre 8.000 y casi 9.000 millones de dólares pendientes, pero para que sean desembolsados hay que adoptar un programa nuevo o modificar el viejo”, afirmó Tomas Dawson. Consciente de que eso al menos le permite seguir en carrera, el Gobierno empezó a hacer ayer mismo los deberes solicitados por Washington como condición previa a cualquier discusión. Por un lado, vetó la ley de quiebras aprobada por el Congreso; y por el otro, dispuso por decreto retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de hidrocarburos. “Estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones necesarias (al programa económico) para remontar esta crisis”, concedió Remes desde Washington.
El FMI presionaba para que el Gobierno apure ambas medidas y las había incluido informalmente dentro de las llamadas “acciones prioritarias” que debía encarar el gobierno antes de sentarse a la mesa de negociaciones.
La ley de quiebras abría un paraguas protector a los principales grupos económicos locales fuertemente endeudados en dólares con inversores extranjeros. Así, la legislación cerraba por seis meses la posibilidad de que los acreedores externos pudieran solicitar la quiebra o ejecución de activos de dichos deudores en el caso de que éstos dejaran de pagar sus compromisos en dólares contantes y sonantes.
En el Fondo, haciéndose eco de los reclamos del establishment financiero internacional, interpretaban que esto era inadmisible y exigían al gobierno el veto de la ley, condicionalidad que ayer fue cumplida. Dicho sea de paso, el nuevo capítulo en esta puja entre el establishment local e internacional se abrirá en los próximos días con el pedido de un seguro de cambio de los grupos locales al Estado, para conseguir los dólares que requieren para pagar sus obligaciones externas a un tipo de cambio preferencial que no supere los 1,20 pesos.
Las retenciones a las exportaciones de petróleo y derivados estaban contemplados en la ley de Emergencia económica. Pero su reglamentación se había demorado debido al duro lobby de las multinacionales petroleras que operan en el país. La aplicación de exportación es bien vista por los técnicos del FMI, ya que forman parte del recetario tradicional: en Washington consideran que el Estado debe apropiarse de parte de las ganancias de la devaluación, como una fuente de ingresos adicional para cerrar el déficit fiscal. Por eso, el próximo paso será el pedido de instrumentación de derechos a las exportaciones agropecuarias, una medida que –más allá del criterio fiscalista de Washington– permitiría también aminorar la suba de precios de los alimentos en el mercado local.
Cumplida esta primera etapa, si Remes Lenicov quiere seguir participando en el juego con reglas “made in Washington”, deberá avanzar en las próximas semanas con las siguientes tareas:
- Recorte adicional en el gasto público previsto en el proyecto de Presupuesto 2002, ya que en el Fondo consideran infladas las cifras estimadas de recaudación. La diferencia básica radica en que mientras en el equipo económico de Duhalde pronostican una caída del PBI del 5 por ciento en el año, para los técnicos del FMI el derrumbe llegará al 10 por ciento. Además, éstos quieren que el gobierno blanquee exactamente en el Presupuesto el costo fiscal que tendrá la compensación oficial a losbancos por la pesificación de depósitos a 1,40 y la pesificación de créditos 1 a 1.
- Nuevo ajuste en los estados provinciales y un nuevo compromiso para limitar la emisión de bonos provinciales.
- Abolición total del control de cambios, para permitir que las multinacionales establecidas en el país remesen utilidades y dividendos en dólares a sus casas matrices.
- Redefinición del sistema financiero público y privado local, con una solución definitiva al corralito.
En este contexto, es lógico que el presidente Duhalde se haya tenido que conformar con un comunicado oficial del Fondo Monetario cuidadosamente redactado para no ofrecer ninguna señal concreta de que está garantizado un paquete de asistencia financiera para Argentina. Aunque ya devaluó y, contra su voluntad, abandonó en tiempo record el tipo de cambio oficial de 1,40 para ir a una flotación libre, Washington quiere que la administración Duhalde siga haciendo mucho más de lo mismo antes de soltar un sólo dólar.
“Coincidimos en la necesidad de que Argentina ponga en marcha un programa integral y consistente que promueva un crecimiento sostenido”, afirma el comunicado en sus parte más sustancial. “Permaneceremos en contacto cercano con el ministro Remes y con el equipo argentino, y continuaremos ofreciendo consejo y apoyo”, agrega luego.
En la práctica, la verdadera negociación se iniciará una vez que llegue a Buenos Aires la misión técnica del Fondo encabezada por el chileno Tomás Reichman. Aunque el comunicado oficial del FMI ni siquiera precisa la fecha para dicha misión, Remes afirmó que podría llegar la próxima semana. “Cuando vaya a Buenos Aires, la misión (del FMI) discutirá metas, financiación y cómo ejecutar el programa”, explicó el vocero Dawson.
“Hemos cumplido el objetivo de nuestra visita; hemos podido hablar con los principales referentes del mundo financiero”, se conformó Remes antes de emprender el regreso. Y reconoció que la influencia decisiva de Washington al trazar el rumbo de la agenda económica: “Estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones necesarias (al programa económico) para remontar esta crisis”, afirmó.
Según adelantó Página/12, y confirmó ayer el vocero del Fondo, el equipo económico sólo puede aspirar, tras las negociaciones, a destrabar los fondos congelados del blindaje: 8400 millones de dólares entre todos los organismos internacionales. Y no serían desembolsados todos juntos sino en tramos, previo monitoreo del cumplimiento de las nuevas condiciones que impondrá Washington.