[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las burbujas de gas metano emergen en la superficie del agua. Bajo el Puente Avellaneda, que conecta el barrio de La Boca con el conurbano, un pequeño bote a remo cruza pasajeros de una orilla a otra. El olor entra por los poros, dando cuenta de que a pesar de que no se vea basura, el fondo del Riachuelo sigue lleno de metales pesados. El defensor del Pueblo, Anselmo Sella, comienza su recorrido en este punto emblemático del cauce. A tres años y medio del fallo de la Corte Suprema que intimó a catorce municipios y a los Estados nacional, provincial y porteño a sanear la contaminación del río, el funcionario se internará por algunos de los puntos más relegados de la cuenca. El objetivo es evaluar el avance de obras y escuchar de primera mano los reclamos de quienes conviven con la contaminación.

Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos La Boca, señala con el dedo los globitos de gas que se ven sobre los espejos negros de agua. La entidad integra el cuerpo colegiado, coordinado por la Defensoría, que junto a otras ONG asesora y vigila la ejecución del saneamiento ordenado por la Justicia en 2008. “Hace unos años no se veía el agua, era pura basura –dice–. En lo que es visual, esto mejoró. Pero el problema es que aún no se hace una limpieza del fondo. Acumar empezó a luchar, pero falta, sobre todo en la pulseada con el empresariado: están demasiado acostumbrados a que el pasivo ambiental lo pague la gente con su salud.”

Desde el camino de sirga, ya no se ven barcos: se prohibió su circulación y se logró la extracción de las viejas estructuras que habían envejecido de desidia en el río. Cuenca abajo, lo que sí se ve, imponente sobre el río, es la Villa 26, en Barracas. Las más de 200 viviendas de ese barrio porteño desfilan sus chapas y maderas sobre pilotes o barriles enclavados en la orilla del río. Un caño de descarga doméstica asoma también de una de las casas. Leandro García Silva, del área de ambiente de la Defensoría, explica que “en una cuenca hídrica donde el 55 por ciento de la población –cinco millones de personas– no tiene cloacas, los efluentes domésticos no desaparecen. Los desechos no se degradan y eso contamina.”

No se van porque quieren, los echa la contaminación. Una nueva parada en el recorrido es el complejo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de Avenida Cruz y Lacarra, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí comenzaron a mudarse, entre otros, una veintena de familias de Villa Luján. La familia de Susana vive en su nuevo departamento del complejo amarillo con otras ocho personas. Cuenta que están mucho mejor, aunque extraña un poco su barrio. Los vecinos del tercer piso, cuenta, sí tienen problemas: se mudaron hace unos siete meses y ya se les filtra agua del techo cuando llueve. Todos los días, además, se corta la luz al menos cuatro horas. Y todavía no tienen gas.

La población ribereña es víctima de la contaminación domiciliaria, pero sobre todo, de la industrial. Es el caso de Villa Inflamable, que fue señalada por la Corte Suprema como uno de los lugares a relocalizar por la alta exposición a los gases tóxicos del Polo Petroquímico de Dock Sud. Hace casi dos años, el juez federal Luis Armella prohibió el ingreso de materiales a la villa para que no se construyan nuevas viviendas, aunque tampoco había un proyecto acordado por todos los actores para mudar a las más de 1500 familias.

“A mí el último granizo me rompió toda la casa y no pude arreglar nada”, dice Cintia Villarruel, de 27 años, que carga a su hijo de 19 meses en brazos. Los vecinos asienten. Cuentan que no se puede entrar ni una bolsa de cemento, aunque tengan las paredes rajadas por el paso de los camiones, aunque tengan sus casas a punto del derrumbe o se les inunde la casa hasta la cintura. Una mujer resume: “Dicen que esto no es habitable y nos quieren mandar a una conejera. Pero acá tenemos patio, plantas. No queremos que nos muden separados”.

“Acá tenemos libertad, Carmen”, acota Cintia, e inspira otro asentimiento de cabezas. El chiquito que carga encima, Lautaro, tiene broncoespasmos desde los dos meses. “La semana que viene le voy a hacer el estudio de plomo en sangre de forma particular, porque acá en la salita me dicen que es un chico sano y que no se lo pueden hacer. Ya se me murió mi hermanito, hace ocho meses, de cáncer de colon. Cuando acá le hicieron el estudio le dijeron que era muy bajo el grado de contaminación. Pero el estudio del Hospital Posadas dio que tenía el 75 por ciento de su sangre contaminada. Falleció con 12 años.”

Una señora intercede: “Yo no digo que no tengamos que salir de acá, el tema es cómo”. “¡Necesitamos una mesa de trabajo porque en la medida en que el otro actor que necesitamos que esté sentado acá con nosotros no está, estamos en las nubes!”, le comunica al defensor Débora Swistun, antropóloga que se crió en la villa y tiene a su madre viviendo todavía allí.

El defensor del Pueblo concede que “hay una demora de Acumar en hacerse cargo en venir acá a escuchar y dar información de cuáles son los proyectos que hay, porque la gente no puede estar viviendo en la incertidumbre”. Lo dice antes de que Mussi anunciara a este diario el traslado del barrio (ver nota central).

“Estamos invisibilizados. Nos rodean el agua, las contenedores, que ya casi tapan las casas, el polo petroquímico. Entonces ya nadie ve. Es real: Villa Inflamable es el lugar que da origen al saneamiento de la cuenca, es increíble que hasta el día de hoy esté postergado”, concluye Swistun.

Informe: Rocío Magnani.