Legisladores porteños presentaron un proyecto para evitar que los chicos sean utilizados por instituciones de educación privada como un medio para perseguir el cobro de deudas de los adultos responsables. Así pasó en el Jardín El Abuelito, de González Catán, en diciembre del año pasado, cuando los directivos retuvieron material e insignias a los alumnos cuyos padres no tuvieran las cuotas al día. Ahora, la situación se repitió en un colegio de Tigre, donde una treintena de escolares fueron separados de sus compañeros y retenidos en un aula por varias horas, como castigo por la falta de pago.

“La idea surgió hace varios meses, cuando vimos distintos casos de discriminación en medidas que iban desde retenerle documentación a un chico, retarlo, expulsarlos a mitad de año o retenerlos en un aula, como pasó en una escuela de El Talar, de Tigre. Nos preocupa esta situación y nos parece importante prevenir que se den estos casos que implican sanciones en los chicos cuando hay un incumplimiento de los adultos”, explicó la diputada porteña que impulsó el proyecto, María Rachid.

Si bien los casos de El Abuelito y El Talar, los más mediatizados de los últimos meses, ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, la ex vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) explicó a Página/12 que en ese ámbito constató que en la Ciudad de Buenos Aires la modalidad se repite. “No son conocidas, pero las denuncias de discriminación en colegios privados producto del atraso en los chicos caían a centenares.”

El caso de El Abuelito obró de motor para los legisladores porteños del Frente para la Victoria María Rachid y Tito Nenna, autores del proyecto de ley. “Si bien esos sucesos son ajenos a nuestra jurisdicción, nos brindan la posibilidad de revisar la normativa local par hacer un examen crítico y verificar que nuestra legislación contenga los elementos necesarios para poder prevenir acontecimientos similares”, argumentan en el texto.

La Ley 400 de la Ciudad “prohíbe retener documentación oficial de alumnos, como certificados de regularidad, y determina que no se puede excluir de las clases, pero no habla de otros tratos, como por ejemplo de que se los prive de una excursión, o que no se les entregue una medalla”, explica a este diario Martín Muñez, abogado redactor del proyecto que cuenta con las firmas de todo el bloque del FpV, de María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), el peronista Claudio Palmeyro, Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

La iniciativa busca modificar la ley 400 para que se disponga la confidencialidad del estado de deuda, es decir que se establecerá que será información manejada sólo por personal administrativo y la exposición de esos datos quedará prohibida. Ningún docente, directivo o personal de la institución podría llamar al alumno “deudor” y, mucho menos, aplicarle sanciones por ello.

Por otra parte, el texto del proyecto fija que quedará prohibida la retención no sólo de documentación oficial, sino de elementos personales de los alumnos “sobre los que se registre morosidad en el pago de aranceles”. De ese modo se evitarían episodios como el de González Catán.

El tercer eje de la norma que ingresó a la Legislatura porteña refiere a la protección de la cursada de los chicos. El artículo 4, sobre “Derecho a la educación”, define que los alumnos de instituciones privadas podrán finalizar el año lectivo en el que se hubiere verificado la mora sin ser privados de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y/o actividades del establecimiento.

Muñez destaca que el proyecto introduce el principio de intrascendencia por el que “ningún acto, conducta u omisión de un adulto puede generarle consecuencias al niño”. Por lo tanto, se prohíbe también “someter a un alumno a discriminación, o un trato o privación desigual, respecto de sus pares”.

Informe: Rocío Magnani.