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Por Eduardo Jozami *

Tienen derecho las familias pobres de la Ciudad de Buenos Aires a ser beneficiarias de un plan de vivienda en La Matanza? Es difícil pensar la negativa, si consideramos que las tierras son de propiedad de la Comisión Municipal de la Vivienda, y la construcción no implicaría gastos para el Municipio de La Matanza. Sin embargo, desde hace tres meses, el proyecto de levantar en Villa Celina viviendas para 80 familias de la Villa Dulce tropieza con dificultades casi insalvables. En tres ocasiones, personal de la Comisión fue alojado en una comisaría, largas tramitaciones fueron necesarias para clausurar un basurero clandestino e incluso no faltó algún incidente con vecinos que amenazaban quemar el obrador. Mientras tanto, se agita la interna justicialista con invocaciones a “defender el territorio para los matanceros” y Ambito Financiero pone en boca del intendente Balestrini que el Gobierno de la Ciudad quiere “llevarle los villeros y la basura a La Matanza”.
Por otro lado, en la zona de Ciudad Evita, en tierras que también son propiedad de la CMV, la policía reprimió violentamente la ocupación de un predio por familias del asentamiento 22 de Enero. La situación es compleja porque la regularización del asentamiento exige la utilización de más tierra, pero los vecinos de los chalets se oponen alegando que está colapsada la infraestructura. La CMV ha ofrecido su colaboración para que el Municipio pueda disponer del terreno más adecuado para conciliar todos los intereses.
En el trasfondo de esta discusión hay mucho más que un conflicto institucional. El crecimiento de la pobreza se observa hoy a ambos lados de la General Paz y sería deseable la acción común para dar respuesta a la emergencia. Lejos de expulsar a los pobres, el gobierno porteño ofrece créditos y adjudicaciones de vivienda dentro de la ciudad, pero así como no puede limitar el derecho de los beneficiarios de los créditos a adquirir un terreno en el Gran Buenos Aires tampoco renuncia a utilizar tierras de su propiedad en el conurbano para proyectos de urbanización.
Tan estéril e injusto como echar la culpa de nuestros problemas habitacionales a la inmigración de los países limítrofes es plantear el conflicto entre la Capital y el Gran Buenos Aires en relación con el origen de los habitantes, el lugar donde trabajan o reciben servicios. Las políticas contra la pobreza (asistencia alimentaria, empleo y vivienda) deben ser hoy la primera prioridad de gobierno. No nos parece que pueda haber sobre esto lecturas distintas a los dos lados de la General Paz.

* Titular de la Comisión Municipal de la Vivienda.