La Corte Constitucional de Colombia ordenó ayer el retiro de dos bases militares de la Armada en territorio indígena para proteger la vida y la cultura de las comunidades. El gobierno colombiano anticipó que apelará por razones de seguridad la decisión de los jueces.

El tribunal manifestó –al resolver una demanda iniciada por comunidades indígenas– que la Armada debe retirar dos bases erigidas en los departamentos de Meta (centro de Colombia) y Guaviare (sur) porque están en predios que pertenecen a las etnias jiw, guayabero y nukaven. La Corte Constitucional señaló que las comunidades indígenas que viven en esos departamentos se ven afectadas porque seis hectáreas que forman parte de su territorio están ocupadas por 19 construcciones levantadas por la Armada. Con la orden, el tribunal buscó proteger la vida y cultura de las comunidades que habitan en la zona y que experimentan acoso por parte de los actores armados.

Por eso, establecieron que la cartera de Defensa tiene seis meses para reubicar el centro militar donde opera la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina, que ocupa la extensión total de seis hectáreas. “Estos (aborígenes) continúan siendo víctimas de un sinnúmero de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen”, detalló el fallo. Según el tribunal, tres indígenas fueron víctimas en accidentes por municiones sin explotar que fueron halladas en las inmediaciones de la escuela militar. Además, se determinó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) deberá hacer un estudio de los terrenos disponibles en arriendo o compra en el Meta y en el Guaviare para reubicar temporalmente a las comunidades desplazadas por cuenta del conflicto armado interno.

Por su parte, el gobierno colombiano afirmó que acata el fallo de la Corte Constitucional, aunque anunció que apelará con el argumento de que los cuarteles brindan seguridad. “Respetamos los fallos de la Corte y los acatamos. Sin embargo, vamos a acudir a las herramientas jurídicas que tiene en este caso el gobierno para que sea revisado el tema”, dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. “En esa región del país, la relación entre las fuerzas militares y las comunidades indígenas es magnífica, es estrecha, y seguramente eso va a permitir que cualquier decisión que se tome se dé de una manera apropiada y conveniente, no sólo para esas comunidades, sino también para la seguridad de esa región del país”, añadió el ministro. “Los fallos de la Corte son para acatarlos y respetarlos y esa es nuestra manera de actuar y de proceder. Existen recursos legales que, por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene la posibilidad de presentar, así que haremos lo propio”, precisó Pinzón. Asimismo, el funcionario advirtió que el fallo de la Corte Constitucional no se relaciona con la movilización que desde hace casi un mes realiza en el departamento de Cauca (suroeste) la comunidad indígena Nasa-Páez que pide el retiro de sus territorios ancestrales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército y a la policía, pero que en los últimos días cesó sus acciones en el marco de un diálogo entablado con el gobierno. En los momentos de mayor tensión, esta comunidad desalojó una base militar instalada en el Cerro El Berlín, que luego fue recuperada por las autoridades, con el aval del gobierno que, en ese entonces, remarcó que el territorio no sería desatendido.