La fiscalía pidió una pena de cuatro y tres años de prisión efectiva para el productor agropecuario y el piloto de una avioneta que en las adyacencias de la ciudad de Córdoba aplicaron un agroquímico en campos sembrados con soja, lo que puso en peligro la salud de la población.

El fiscal Marcelo Corbalán pidió cuatro años para Francisco Parra, por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, e instigador del mismo delito por un hecho sucedido en 2008. También requirió tres años de prisión para el agrofumigador Edgardo Pancello, al acusarlo de “presunto autor de la contaminación ambiental constatada en 2008 cuando fumigaba un campo de Parra”.

En cambio, por falta de pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia, la fiscalía pidió la absolución del productor Jorge Gabrielli. El hombre estaba imputado de instigación del delito de contaminación ambiental a raíz de un fumigación concretada en su campo, en el año 2008.

En forma subsidiaria y para el caso de que el tribunal impusiera penas de prisión, pero de ejecución condicional, el fiscal solicitó que a los dos acusados se les imponga que, durante cuatro años, presten funciones gratuitas, de lunes a viernes, en un dispensario público o en el Hospital Oncológico.

Los hechos por los que se juzga al productor y al piloto ocurrieron en campos cercanos al barrio Ituzaingó, en la periferia de la ciudad de Córdoba, donde los vecinos denunciaron problemas de salud a raíz de la aplicación de un agroquímico. “Ituzaingó Anexo es un barrio contaminado, enfermo, en terapia intensiva, que sufrió una agresión reiterada por fumigaciones de productos prohibidos y efectuadas a una distancia de un núcleo poblacional que no eran permitida por ordenanzas vigentes en la ciudad de Córdoba”, manifestó Corbalán en su alegato.

El fiscal también pidió a la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba que exhorte a las autoridades nacionales a que sancionen “una ley de agroquímicos que prohíba las fumigaciones aéreas en toda la Argentina, cualesquiera sea las sustancias empleadas”. Asimismo, pidió que se aconseje “la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de mil metros de distancia de centros poblacionales, de escuelas o de pozos de agua”.

Por otra parte, reclamó que se inste a que “se adelante la entrada en vigencia de la Resolución 511, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que prohíbe a partir de octubre de 2013 el uso de endosulfán” en las fumigaciones con fines agropecuarios.

El fiscal también requirió que se exhorte a las autoridades provinciales a que, hasta que entre en vigencia una ley nacional de agroquímicos, que se reforme la que rige en Córdoba (Ley 9164), para “prohibir las fumigaciones aéreas en la provincia”.

El juicio adquiere significado al ser la primera denuncia que llega a los tribunales sobre las consecuencias del uso de agroquímicos en la población. Los hechos ocurrieron cuando la municipalidad de la ciudad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.

Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato.