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En la Legislatura porteña, un proyecto intenta dilucidar el insólito caso de una calle porteña, en el barrio de Barracas, que fue cerrada con un paredón de cuatro metros, en un extremo, mientras que en el otro, una garita de vigilancia impide el acceso público. Esa cuadra, de algo más de cien metros de extensión, es usufructuada como playa de estacionamiento y depósito por una empresa privada. Del otro lado del muro están los vecinos de la Villa 21-24, muchos de los cuales deben hacer un rodeo y circular por zonas peligrosas para salir del barrio.

El reclamo de vecinos de ese barrio dio pie a un proyecto de resolución presentado por la diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) para que el gobierno porteño informe si existe autorización oficial para el cierre de la calle. La cuadra es usufructuada por la planta donde se imprime el diario Clarín.

Un cronista y un reportero gráfico de Página/12 intentaron circular por esa arteria el jueves a la tarde. Después de recorrer la calle hasta el paredón, fueron abordados por tres personas, dos uniformados pertenecientes a una empresa de seguridad privada y un hombre de civil. Les preguntaron qué estaban haciendo y por qué habían sacado fotos a la “mercadería”. Se referían a una pila de diarios de devolución de cinco metros por cinco, y de 1,5 metro de alto, ubicados en plena calle, sobre el paredón. Agregaron que esa “mercadería” era propiedad privada y por lo tanto no podía ser fotografiada. Los cronistas respondieron que en cualquier caso, está ubicada sobre la calle que, en teoría, es pública, lo cual no impediría tomarle fotografías. Dicho esto, se retiraron del lugar bajo la atenta mirada de los vigilantes, que los acompañaron hasta su vehículo.

El paredón no es nuevo. Según los vecinos, data de finales de los ’80 y principios de los ’90, cuando se instaló la planta impresora. “Antes había un alambrado, que estaba caído y la gente podía pasar igual, pero después levantaron la pared y ya no se pudo circular”, relató a este diario uno de los vecinos. En los veinte años de existencia del muro, nunca hicieron un reclamo a la Municipalidad. “Los dirigentes del barrio nunca se ocuparon”, dicen.

El tema apareció ahora, después de que los vecinos sufrieron cortes de luz y tuvieron dificultades para que Edesur haga la reparación. “La cámara transformadora está ubicada sobre la calle cerrada y, cuando los operarios vienen, tienen que identificarse ante la vigilancia. A veces pierden tanto tiempo que se van y regresan al otro día”, reclaman. Además, el reclamo aparece en pleno proceso electoral dentro de la Villa 21-21, para la elección de autoridades del barrio.

Los vecinos están preocupados además porque al no poder circular por la calle Ascasubi, deben transitar por otras arterias “menos iluminadas y más peligrosas”.

“Hemos llamado a distintas oficinas del Gobierno de la Ciudad para pedir información, y en todos lados nos informan que esa calle figura como abierta. Esto ratifica la necesidad de investigar si allí se está cometiendo una ocupación ilegal del espacio público”, dijo a Página/12 la diputada Naddeo.

Este diario también intentó buscar respuestas en la Secretaría de Tránsito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, o en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli, pero en ninguna de esas dependencias confirmaron si existió un pedido para cerrar la calle o si la construcción del muro fue autorizada por alguna autoridad.

De acuerdo con los fundamentos de la presentación realizada ante la Legislatura, el cierre de una calle sin autorización podría ser violatorio del Código Contravencional de la Ciudad (ley 1472), que en su artículo 78 que establece la infracción de “obstrucción de la vía pública”, que sanciona a “quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos” con penas de “uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos”. Esa norma fue creada para sancionar, entre otras infracciones, los cortes de calles provocados por piquetes, pero en la mayoría de esos casos no se aplica debido a que los jueces privilegian el derecho a peticionar y hacer un reclamo a las autoridades. Para esos casos, la norma contempla excepciones, como dar aviso a la autoridad competente “con razonable anticipación”. De comprobarse la infracción, sería la primera vez en que la norma se aplica por construir un muro en medio de una calle.