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El Senado uruguayo podría dar hoy sanción definitiva al proyecto de ley de aborto que permite la interrupción del embarazo en determinados casos, cumpliendo algunos requisitos y plazos, y que sigue generando debates entre partidos políticos y organizaciones sociales. La norma cuenta con el apoyo del Frente Amplio, oficialista, y del Partido Independiente (PI), de la oposición, pero no termina de convencer a organizaciones sociales que se manifiestan en contra o a favor, pero con reparos.

El texto de 15 artículos, aprobado el 25 de septiembre último en Diputados, debe pasar el trámite parlamentario en el Senado y luego ser promulgado por el Poder Ejecutivo, para pasar luego por un proceso de reglamentación, por lo que no entrará en vigencia de inmediato.

El proyecto despierta polémicas: entre los argumentos en contra, está el que sostiene que “no despenaliza el aborto, porque lo mantiene como delito en el Código Penal”, según aseguró Alejandra López, codirectora de la ONG uruguaya Mujer y Salud. La iniciativa en debate establece que la interrupción del embarazo no será penalizada si se realiza antes de las 12 semanas de gravidez, pero para acceder a la práctica la mujer deberá cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación. Luego, la mujer tendrá cinco días para ratificar su decisión mediante la firma de un consentimiento informado.

Otra de las críticas es que no prevé ninguna sanción a los servicios de salud que no cumplan con los plazos. “¿Quién garantiza que el sistema de salud está en condiciones para implementar con la celeridad necesaria los requisitos para que la mujer acceda al aborto?”, preguntó López. Para la dirigente es importante “no generar confusión, no hay despenalización, y si se convierte en ley, no resuelve el problema”.

La propuesta original, que había aprobado el Senado en diciembre del año pasado, establecía la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación; en catorce, en casos de violación, y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios.

En noviembre de 2008, el Parlamento uruguayo había aprobado un texto de despenalización del aborto apoyado por el movimiento de mujeres, que fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.

En Uruguay, cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, según señalan organizaciones no gubernamentales.