Desde San Miguel de Tucumán

Que la Justicia disponga prisión de entre 23 y 25 años para los imputados. Que se reabra la investigación por el secuestro de Marita Verón y esta vez se acuse al ex gobernador de Tucumán Julio Miranda; a su subsecretario de Seguridad, el comisario Julio Díaz; a cinco policías, al ex secretario de la fiscalía que instruyó la investigación, Ernesto Baaclini; al ex juez riojano Daniel Moreno, y a Rubén “La Chancha” Ale, un ex dirigente del fútbol local vinculado con la mayoría de los imputados. Por ello, y muy especialmente, que el primero de la lista de nuevos imputados cuando se reanude la investigación sea Ale, ex marido de una de las principales acusadas de la causa y cabecilla de un mundo tan poderoso que “el gobernador Julio Miranda era su empleado” (ver aparte). Eso solicitó en nombre de la querella el abogado José D’Antona, en una sala donde de a ratos los trece imputados transparentaban la tensión en gestos y respuestas lanzadas al aire ante preguntas retóricas del letrado. En el camino, también había señalado que, además de los acusados, el Estado es culpable: “Hace diez años y medio que no puede devolverle su hija” a Susana Trimarco.

La presión del final del juicio no sólo se volvió visible cuando el tribunal desalojó a uno de los principales acusados, José “Chenga” Gómez, por bostezar sonora y reiteradamente durante el alegato; o en la exageradamente socarrona sonrisa de su madre, Lidia Irma “Mama Lili” Medina, afanada en contorsionarse para forzar un cruce de miradas con Susana Trimarco. El nerviosismo también se volvió contundente pasado el mediodía, en los alrededores de la sala, cuando encarnó en un grupo de personas a quienes varias fuentes consultadas identificaron como vinculadas con Ale y la barra brava del Club Atlético San Martín de Tucumán.

Tras cinco horas de alegato de la querella, que –al igual que la fiscalía el martes– finalizó pidiendo la inmediata detención de los imputados, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 8.30 de hoy, cuando comenzará el turno para alegar de los defensores de los acusados.

La exposición del abogado D’Antona comenzó dando por acreditado el secuestro y el posterior derrotero de Marita Verón. A continuación, alternando teoría del derecho, emotividad y “una automayéutica” en la que él mismo respondía sus preguntas, agradeció a Susana Trimarco haber dejado en sus manos las acciones judiciales por su hija Marita. Por esa mujer desaparecida, dijo D’Antona paseando la mirada por los trece imputados, estaba en la sala para “pedir, rogar, implorar que digan dónde está Marita. ¿Qué pasó con Marita?”. Los acusados miraban en silencio. El abogado continuó:

–Díganme dónde está.

–No sabemos dónde está, flaco –farfulló Chenga Gómez, flanqueado por Azucena “Doña Claudia” Márquez a un lado y su hermano, Chenguita, reconocible por llevar la misma remera desde el lunes, al otro.

El alegato continuó. D’Antona repasó los primeros tramos de la investigación, realizados poco después del 3 de abril de 2002, cuando Marita desapareció. Recordó las menciones recurrentes a La Chancha Ale en los testimonios, las actuaciones judiciales y policiales que obstaculizaron la investigación de la pista de los prostíbulos riojanos (“prostíbulos, porque no son whiskerías”, acotó; “no existe ‘prostituta’, es ‘mujer en situación de prostitución’”). Volvió sobre el valor y la veracidad de los testimonios de mujeres rescatadas de redes de trata y cómo la psicóloga Zaida Gatti, del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, explicó que el stress post traumático las obliga a construir de manera diferente sus memorias, pero no por ello son falsas. “Dicen que Susana Trimarco hizo una novela” al arrojar luz sobre las redes de trata, señaló, antes releer un fragmento de Visita francesa y completo, novela del tucumano Eduardo Perrone que describió, en 1973, el funcionamiento de un prostíbulo.

D’Antona sí señaló falsedad, en cambio, en trece pistas que sembraron de obstáculos el camino de la investigación por el secuestro de Marita. Una a una, las fue desbaratando: entre ellas, la versión según la cual a la joven la habían secuestrado por una deuda de juego de su padre –jamás demostrada–; las acusaciones contra su hermano; los testimonios –desacreditados en audiencias– sobre la presencia de Marita en distintos lugares y la relación de esas versiones con policías sospechados, uno de ellos relacionado con uno de los defensores, y las afirmaciones de “un paranormal”. Eran relatos para desviar la investigación, hipótesis que “buscaban ganar tiempo” para que Trimarco y su marido, que aún vivía, “no llegaran a La Rioja”, donde estaban los prostíbulos en los que la red explotaba a su hija. En ese camino turbio tuvo que ver el poder, afirmó D’Antona: político, policial, judicial y el más opaco de Ale.

“Está plagada la causa de indicios. Necesito que los valoren no aisladamente, sino en conjunto”, dijo el abogado. “Voy a hablar de lo que nadie habla”, había advertido al comenzar la jornada. Llegando el mediodía volvía sobre esa idea, al referirse explícitamente la trata, cuya ley específica no puede aplicarse al caso Verón porque fue sancionada a instancias de Susana Trimarco seis años después de secuestrada Marita. Los testimonios permitían reconstruir un mundo basado en “captar, marcar, encerrar, esclavizar, prostituir” a mujeres. El abogado citó a Eva Giberti y Eugenio Raúl Zaffaroni. Chenga Gómez ya bostezaba sonoramente; a la tercera vez, el presidente del tribunal le pidió que abandonara la sala; pasando la puerta habló ante los micrófonos.

Poco después, la querella iniciaba sus peticiones. Que se reabra la investigación y se incluya como presuntos autores, coautores e instigadores a Rubén Ale, a Ernesto Baaclini, a Julio Díaz, a la enfermera Patricia Soria, al ex policía Víctor Hugo Lisandro, a Paola Ceballos (pareja de Chenguita Gómez), al juez riojano Enrique Moreno, al ex gobernador tucumano Julio Miranda, a los policías de La Ramada y al padre de los Rivero, entre otros. Tras pedir tres procesamientos a testigos por falso testimonio, detalló los pedidos de pena por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución: 25 años para María Jesús y Víctor Rivero, Daniela Milhein, Azucena Márquez, Carlos Luna, los hermanos Gómez y su madre, Lidia Irma “Mama Lili” Medina; 24 años para Alejandro González y Juan Derobertis; 23 años y 7 meses para Pascual Andrada; 23 y 6 meses para Mariana Bustos y Paola Gaitán. En todos los casos, agregó, “de cumplimiento efectivo”.

“La tarea de ustedes es reconstruir lo que pasó y decírnoslo en una sentencia. El país espera. El mundo espera”, acotó D’Antona.

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