“Tendremos que recorrer mucho camino para transformar los medios de comunicación en servicios con interés social, en los que la información no sea una mercancía y las mujeres no sean vistas como objeto de dominación, sino como sujeto de derecho”, opinó la defensora del Público de Medios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, en una entrevista con Página/12, cuyo disparador fue su primera resolución sobre un caso que afecta los derechos de las mujeres en un medio (ver nota central). “No es casual que cuando la mujer se empodera, cuando debate, cuando se asume como el sujeto político que es, desde los medios de comunicación masivos se la invisibiliza”, agregó.

–Sí.

–La Defensoría tiene legitimación para actuar de oficio, sin embargo, hasta el momento sólo hemos actuado ante denuncias concretas, ya que a la fecha recibimos 35 denuncias y consultas. Además de trabajar para solucionarlas, estamos fundando la Defensoría, desde el punto de vista más pragmático, como el edificio, los escritorios y computadoras, hasta el más complejo, como completar el equipo interdisciplinario de trabajo –antropólogos, semiólogos, abogados, periodistas, sociólogos–, realizar reglamentos y protocolos, crear el 0800, el sitio web definitivo y las delegaciones para recibir denuncias.

–A pesar de que existe el Observatorio contra la discriminación en la Radio y la TV, integrado por Afsca, Inadi y el Consejo Nacional de las Mujeres, he tenido reuniones con sus integrantes y con organizaciones preocupadas y ocupadas por la discriminación, la estigmatización y violencia mediática contra las mujeres, en las que convenimos mutua cooperación. Trabajaremos en conjunto a través de la tramitación activa de las denuncias, la interrelación de opiniones al respecto y la generación de cursos de capacitación, para construir entre todas y todos servicios de comunicación que respeten la dignidad humana y la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, y adolescentes. No se trata de superponerse, sino de ser complementarios y articular esfuerzos para evitar, como dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el trato discriminatorio y la violencia contra las mujeres.

–Tendremos que recorrer mucho camino, colectivamente hablando, para transformar los medios de comunicación en servicios con interés social, en los que la información no sea una mercancía y las mujeres no sean vistas como objeto de dominación, sino como sujeto de derecho. La comprensión de la responsabilidad social que tienen los comunicadores y comunicadoras también es clave para empezar a profundizar el derecho a la comunicación, como derecho humano básico e inalienable. En ese sentido, no sólo tendremos que trabajar sobre la violencia mediática contra las mujeres, sino también sobre la violencia mediático-discursiva, sobre el alto grado de conflictividad y agresión que parece atravesar la programación en general, descalificando al otro, cuando se trata de incluirlo y sobre el daño social que se produce cuando se invisibiliza, por ejemplo, el XXVII Encuentro Nacional de Mujeres. No es casual que cuando la mujer se empodera, cuando debate, cuando se asume como el sujeto político que es, desde los medios de comunicación masivos se la invisibiliza. No puede ser susurro lo que debe ser grito colectivo.

–Las realidades son diversas, por ejemplo en el Perú, el organismo autónomo y consultivo, creado por la ley de Radio y TV, el 23 de noviembre pasado, dio a conocer un monitoreo que revela “violencia contra la mujer en medios de comunicación”. Concluyeron que el 96 por ciento de los canales tiene contenidos sobre violencia contra la mujer, pero sólo el 3 por ciento propone acciones para erradicar la problemática y reconocen que “la violencia contra la mujer es una de las principales problemáticas que enfrenta el país, por ejemplo las noticias sobre violencia de género son abordadas en su mayoría como temáticas policiales o judiciales y en menor medida son vistas como una problemática social”. No es un problema exclusivo de la Argentina.

–No creo que las sanciones por sí solas produzcan los cambios que necesitamos en los servicios de comunicación audiovisual, camino a cumplir 30 años de recuperación democrática. Eso no quiere decir que eluda la posibilidad de exigir a la Afsca que aplique toda la fuerza de la ley cuando sea vulnerada. La Defensoría del Público usará todas las herramientas a su alcance, pero claramente elegiremos el camino del diálogo y la pedagogía, de manera sistemática e inclusiva, porque se trata de un cambio cultural, que si no lo hacemos entre todos y todas no se concretará. Se trata de modificar el trato discriminatorio y de violencia, pero también de multiplicar y realzar aquellos que promueven el Estado democrático, que respetan los derechos personalísimos y la defensa de la persona humana, con un tratamiento plural, igualitario y no estereotipado.