La Justicia porteña ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad que suspenda el aumento de la tarifa de subte, que iba a empezar a regir a partir de hoy, y pidió a las autoridades que, en un plazo de 48 horas, presenten un informe con los antecedentes que fundamentan el incremento. La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Pablo Mantaras, ante un recurso de amparo presentado por el legislador Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur).

Se trata de una medida precautelar, que suspende la aplicación de la Resolución Nº 1798, de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que disponía un aumento de la tarifa de los actuales 2,50 a 3,50 pesos, lo que representa un 40 por ciento de incremento. Si se compara con la tarifa vigente en enero de 2012, hace poco más de un año, el aumento sería del 218 por ciento.

“Es un fallo importante porque la Justicia le pide al gobierno los argumentos que hasta ahora no dio, ni en la audiencia pública ni ante los legisladores que lo reclamaron”, dijo Bodart a Página/12. “Lo pone en un brete al gobierno, porque si hasta ahora no presentó los datos que fundamenten el aumento, es porque no los tiene –agregó–. Ahora cuentan con dos días para dibujar algo.”

Bodart se presentó ante la Justicia como “ciudadano afectado” por la resolución que dispuso el aumento “sin justificación alguna” y solicitó la medida cautelar argumentando que el nuevo costo del servicio generaría un medio de transporte “elitizado”, con “mayores niveles de caos de tránsito, ruidos y contaminación ambiental”, por la previsible fuga de pasajeros hacia el transporte terrestre. El legislador sostuvo además que la audiencia pública previa a la resolución, celebrada a principios de marzo, fue “una mera instancia formal”, ya que el incremento de la tarifa “ya estaba decidido”.

El juez Mantaras, que asumió en su cargo el 14 de marzo último –hace menos de una semana–, fundamentó su fallo en que “hasta el momento el demandado (es decir, el gobierno porteño) no ha evacuado el traslado que le fuera conferido” por el tribunal, de manera que “no obran en el expediente elementos de juicio suficientes que permitan adoptar la medida cautelar solicitada”. El juez concluye que “la simple lectura de los considerandos de la Resolución 1798/Sbase/13 no permite identificar las constancias fácticas o normativas que habrían sustentado las razones allí invocadas” para disponer el aumento tarifario.

El magistrado tomó en cuenta también “el derecho reconocido a los usuarios” del servicio a “tener acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”, lo cual “justifica suspender provisoriamente la aplicación de la mencionada resolución hasta tanto se cuente con elementos suficientes para juzgar la procedencia” de la medida.

Con eso, el magistrado advierte que si la información que acerque el gobierno para justificar la medida resulta satisfactoria, la precautelar podría revocarse y el aumento podría entrar en vigencia. “El juicio podría verse modificado una vez que el gobierno conteste el traslado (...) y acompañe las constancias que considere necesarias”, escribió en el fallo al que accedió Página/12.

Por esas razones, y para evitar los perjuicios que podría ocasionar una demora, el juez dispuso habilitar la feria judicial –vigente en estos días ya que el Poder Judicial porteño está en un proceso de reorganización por la creación de nuevos juzgados–, ordenar al Gobierno de la Ciudad que “con carácter precautelar” suspenda la entrada en vigencia de la resolución hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada”. Y también exigir al Ejecutivo que “en el plazo de dos días acompañe un informe del cual resulten los antecedentes” que motivaron dicha resolución.

Con similares argumentos que Bodart, siete asociaciones de consumidores habían presentado un amparo, que recayó en el juzgado de la jueza Elena Liberatori, quien aún no tomó una decisión. “El juez Mantaras dictó una precautelar, que es una medida extraordinaria, para suspender la medida antes de que se haga efectiva”, destacó Claudio Boada, de la Unión Usuarios y Consumidores.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, confirmó que hoy seguirá vigente la tarifa de subte de 2,50 pesos, a raíz de la medida judicial. “Si no hubiera inflación, no habría aumento de tarifa”, argumentó el funcionario.

El secretario general de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, calificó la medida judicial como un “acto de justicia” contra “la postura de oídos sordos que estaba teniendo el Gobierno de la Ciudad”. “El aumento era una medida que no tenía asidero”, expresó Pianelli.

El diputado Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular) consideró que “el fallo frena por ahora una decisión injusta y arbitraria”, ya que “el aumento de la tarifa obedece a la decisión política de que viaje menos gente en el subte, los que puedan pagarlo, y el resto que vaya a los colectivos”. “No hay necesidad económica para el aumento; la necesidad es política. No habrá más obras para extender el subte, sólo mejora de lo que hay”, afirmó.

También celebró la medida el legislador Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos), para quien “es una alegría que un juez se haya pronunciado para frenar el tarifazo”. Agregó que la decisión del juez “acompaña el sentir de la mayoría de la población, pero llama la atención sobre el propio Ejecutivo para que de una vez por todas escuche a la población y a la Legislatura”.

Desde el Frente para la Victoria, Francisco Nenna sostuvo que la actualización de la tarifa prevista por el gobierno porteño era “un incremento visto desde un punto de vista empresario donde se analizan los costos y beneficios, en vez de garantizar el servicio”. Y coincidió en que “no están claras las causas que llevaron a considerar un aumento de más del 200 por ciento” desde enero del 2012”.