“Los vuelos de la muerte fueron varios, muchos. Los traslados se hacían de noche, desde Aeroparque, y los que hacían los vuelos eran el segundo comandante Guillermo Cardozo, de Gendarmería; Eugenio Pereira Apestegui, de Inteligencia de Gendarmería; el Turco Julián, y el principal Rosas, de apodo ‘Clavel’, que era de la Policía Federal (...) Las personas iban vivas, drogadas, sedadas, iban libres, deliraban, no estaban esposadas, iban vestidos. Se les decía que iban a un campo. Ninguno tenía ya capuchas ni vendas. No les importaba mucho que vieran a las personas que los llevaban.”

Este relato es un tramo de la declaración testimonial que prestó la semana pasada el ex gendarme Federico Talavera ante el fiscal Federico Delgado, en la que reconstruyó los “traslados” en los que tuvo participación cuando era chofer asignado al centro clandestino El Olimpo.

Talavera aportó, junto con su descripción directa como engranaje del aparato represivo, algunos detalles: un mapa de las bases aéreas de donde salían los vuelos desde los cuales se arrojaba a los detenidos desaparecidos, el uso de aviones sin identificación militar, los nombres de víctimas y de miembros de las fuerzas de seguridad que participaban de estos operativos, algunos ya condenados y otros no. Su testimonio plantea una encrucijada para Delgado y el juez Daniel Rafecas, que tendrán que definir si convertirlo en imputado y disponer su detención o priorizar sus aportes como testigo, para conocer la verdad.

Talavera fue interrogado en una causa específica sobre los “traslados” de prisioneros desde centros clandestinos del Primer Cuerpo de Ejército. Esta línea de investigación quedó abierta el año pasado por el juez Rafecas, después de procesar a siete represores por el asesinato de 19 personas llevadas el 6 de diciembre de 1978 desde El Olimpo, previo suministro de un “tranquilizante”, a un avión desde donde serían arrojadas al mar. Rafecas definió que “los traslados no eran otra cosa que el homicidio y el garantizar la desaparición del cuerpo de la víctima”, con lo cual daba por probados los asesinatos aun cuando no se hubieran identificado los restos de los detenidos. Eso le permitió procesar por homicidio, lo que habilita penas de prisión perpetua, a quienes hasta entonces eran imputados por secuestros y torturas, con penas menores.

El ex gendarme le dijo al fiscal Delgado que trabajó en Gendarmería entre 1975 y 1980. Desde el destacamento de Campo de Mayo le dieron funciones como chofer de camiones en El Olimpo. En 1995 declaró, en forma más genérica, ante la Cámara Federal y habló en una entrevista sobre los vuelos de la muerte. La fiscalía lo buscó mucho tiempo y, ante pistas de que vivía en Paraguay, pidió a Migraciones que si cruzaba la frontera le notificaran que debía presentarse. Lo hizo, finalmente, el 15 de marzo.

“Eramos tres choferes”, narró, aunque sólo recordaba a un tal Vera. “Nos iban tocando de manera alternada distintas noches de traslados (...) Fueron muchos los vuelos que se hicieron para ‘trasladar’ a los detenidos de El Olimpo, allí había más de cien personas y todos se hacían desde Aeroparque y después se levantaba a los que participaban en Ezeiza”, precisó. Involucró a los gendarmes Cardozo y Pereira Apestegui y a los policías Julio Simón (“Turco Julián”) y Roberto Rosa (alias “Clavel”), que ya fueron condenados por los crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Incluyó al mayor Guillermo Minicucci (fallecido) y a un grupo de procesados: el oficial de inteligencia Eduardo Angel Cruz (“Crámer”), el oficial Juan Carlos Mario Chacra (“Paco”) y al gendarme Juan Miguel Méndez (“Nelson”). Agregó nombres que los investigadores deberán identificar: los cabos Luque y Godoy, el principal Soto y el sargento Luna, y Estévez todos de Gendarmería. Añadió al gendarme Jorge Torres, hasta ahora testigo.

“Había otros vuelos de la muerte que salían de El Palomar”, dijo Talavera. Supone que “eran los de la ESMA” y “los del Pozo de Banfield”, porque “los de Campo de Mayo tenían su propio aeropuerto”. Como algo novedoso mencionó que los aviones “eran los Fokker 27 civiles (...) no eran de ninguna fuerza de seguridad ni del Ejército”, aunque no recuerda a qué empresa pertenecían.

Dentro de El Olimpo dijo que casi no estuvo. Alguna vez le encomendaron llevar al Batallón de Inteligencia escuchas telefónicas y listados de detenidos. Lo que sabe, enfatizó, es que en ese centro clandestino “murieron varias personas”. “Los torturaban ahí mismo y los sacaban muertos. Los quemaban en tachos”, dijo. “También en El Olimpo hubo muchas embarazadas (...) Todas iban a parir al Hospital Militar y luego desaparecían. El oficial que las llevaba era el que se iba a hacer cargo de la criatura. Pero no recuerdo el nombres (...) sí que eran de Ejército o de Policía”, relató.

Se detuvo en dos casos puntuales. Dijo que recordaba haber llevado a Marta Inés Vaccaro a unos de los vuelos que partían de Aeroparque, en 1979. Marta fue secuestrada 1978 junto con su pareja. El sigue desaparecido, igual que el bebé. Al referirse a otros traslados, el ex gendarme recordó haber llevado a parir al Hospital Militar a quien sería, por la descripción, Lucía Tartaglia. Relató que la acompañó “Paco”, y que después del parto le pidieron a él que la llevara en el baúl hasta el destacamento policial de Puente 12 cuando, supone, estaba sin vida.

Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, evaluó: “En el caso de Tartaglia, se confirma que hubo un parto; queremos que amplíe su declaración para mostrarle fotos de otras embarazadas”. El abogado Pablo Llonto, que representa a la familia de Carlos Pacino (cuyo cuerpo es uno de los hallados en la costa atlántica), sostuvo: “Es necesario que Talavera aporte la mayor cantidad de datos y que luego se resuelva su situación procesal. Hay que corroborar sus dichos. Es el primero que habla de vuelos no identificados, tiene que precisar qué vio”.

Hasta ahora, los represores que reconocieron algo sobre los vuelos de la muerte lo hicieron en declaraciones públicas o ante organismos extrajudiciales. Los acusados en el juicio de ESMA los niegan. Sólo Adolfo Scilingo aportó datos ante la Justicia española.