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Dos familias de trabajadores rurales fueron violentamente desalojados en la localidad de Piquillín, Córdoba, luego de que la Justicia de esa provincia fallara a favor de una mujer que mantenía un litigio con un empresario sojero. Las viviendas de los campesinos estaban ubicadas en un terreno que había sido centro de una disputa judicial para definir su posesión. Luego del desalojo, y tras demoler las precarias viviendas en que vivían las familias, fueron detenidas al menos 15 personas.

Sara Jabase había denunciado ante la Justicia cordobesa que el terreno que, según ella, le pertenecía, había sido usurpado hace varios años por un empresario de apellido Cattáneo. En el medio de esos campos, de 183 hectáreas, estaban las viviendas de los campesinos, quienes aseguraron que su presencia en el lugar era centenaria y advirtieron, a su vez, que nunca se enteraron del litigio. El jueves pasado, por orden del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 46 de la ciudad de Córdoba, las familias fueron expulsadas. La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “todo el proceso se desarrolló desconociendo que estas familias estaban dentro del campo”. Y agregó que “desalojaron gente que nunca fue notificada que tuvieran un juicio”.

Tras haber sido desalojados, las familias regresaron el domingo pasado al terreno, en el paraje Tres Esquinas, acompañados por vecinos, organizaciones sociales y el Movimiento Campesino de Córdoba. En el lugar sólo quedaban los escombros de sus casas demolidas por topadoras. La policía que custodiaba la zona detuvo a 15 personas, entre ellas a dos niños –quienes ya fueron entregados a sus padres–, a raíz de un orden del fiscal Víctor Hugo Chiappero, quien consideró que “más allá que el reclamo era justo, se decidió la detención ya que si un juez civil los desalojó y se vuelven a meter están ilegalmente en ese lugar”.

La mujer favorecida por el fallo judicial, Sara Jabase, indicó que “pueden haber vivido antepasados de ellos (por los campesinos) antes de que vinieran mis abuelos. Yo eso no lo sé, tan atrás no sé. Pero desde que vino mi abuelo esto era el campo de los Jabese. Tengo todo anotado en el registro. Tengo cuatro matrículas. No gané un juicio de posesión porque sí”.

Uno de los hermanos de los campesinos desalojados, Julio González, sostuvo que luego del operativo su hermano “no tiene dónde vivir, no tiene dónde dejar las cosas, dónde llevar lo poco que rescató”. “Le tiraron todo a la calle como si fuera un animal y llovía, se mojó todo, no sirve más nada. No eran grandes cosas, pero era lo que tenía”, se lamentó. “Nunca en la vida tuvimos ningún problema y nunca lo pensamos”, agregó.