El Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea) incluyó en los últimos cuatro meses más de 20 mil personas al padrón de peones registrados, luego de realizar operativos en Mendoza, Catamarca, La Rioja y Misiones. Esto se logró en el marco de la aplicación de la nueva ley para el sector, que le devolvió al Estado la capacidad de fiscalizar la situación laboral en los campos y mejorar las condiciones de los ruralistas. Hasta 2012, cuando el registro era manejado por Gerónimo “Momo” Venegas, titular de Uatre, junto a las entidades patronales del sector agropecuario, la fiscalización era tercerizada a la empresa Gregard SA, con un contrato de ocho millones de pesos anuales. Como resultado de esa delegación, el Estado encontró que la gestión Venegas había dejado en suspenso más de 71 mil actas por incumplimientos empresarios, por un total de 72 millones de pesos.

“El ex Renatre no cumplió ninguna función efectiva, porque cuando estaba en manos privadas no logró bajar índices de informalidad del 80 por ciento. Los lugares donde se registraban los trabajadores tenían como titulares a la Sociedad Rural o Confederaciones Rurales Argentinas, entidades que nuclean a los propios empleadores agrarios”, sostuvo a Página/12 Guillermo Martini, titular del actual Renatea.

La sanción de la nueva ley del Estatuto del Peón Rural –que fue reglamentada el pasado 21 de marzo a través de dos decretos– les otorgó a los trabajadores del sector varios derechos laborales que habían sido eliminados durante la última dictadura cívico-militar. Parte de esa quita de derechos podría explicar el actual nivel de precarización del sector.

En los últimos cuatro meses, el Renatea logró incorporar 20 mil nuevos trabajadores agrarios. De ese total, aproximadamente 1500 personas fueron registradas –esto implica que ganaron derechos laborales– luego de una serie de operativos realizados en Chaco (4), Mendoza (5), Corrientes (1), Salta (5), Misiones (2), San Juan (1), Buenos Aires (2) y La Rioja (2). En febrero de este año se realizó uno de los últimos operativos, en La Rioja, donde fueron detectados trabajadores en situaciones de extrema precariedad en campos vinculados con la empresa láctea Mastellone Hermanos.

Un dato que da cuenta del cambio de paradigma tiene que ver con Mendoza. El promedio de registración en dicha provincia era de 547 personas en 2007. Actualmente alcanza a los 1400 trabajadores. Otro caso es el de Nidera, empresa denunciada por la AFIP por tener “trabajadores esclavos”. En 2011, la multinacional tenía registrados 4983 peones dedicados al desflore del maíz. Luego de sancionada la ley, en la que se prohibió el uso de bolsas de trabajo, registró para el mismo período de desflore 7854 trabajadores, una diferencia de 2871 peones que estaban en condiciones de precariedad laboral.

El cambio también puede verse en los aportes patronales. Si bien el nivel de informalidad sigue siendo uno de los más altos del país, en enero de 2012 se registró un aumento del 133 por ciento en el pago a término en dichos aportes. En 2011, los empresarios habían declarado 121 mil relaciones laborales, mientras que para el mismo período de 2012, luego de sancionada la norma, fueron registradas 246 mil relaciones laborales.

Venegas se jactaba de contar con 840 mil trabajadores inscriptos de 2002 a diciembre de 2011. Sin embargo, de ese total solamente estaban activos un 40 por ciento aproximadamente, sin contar la cantidad de libretas entregadas a peones que no eran peones. Según un informe de la Sigen y el Ministerio de Trabajo, en el ex Renatre no había ninguna información sobre los campos inspeccionados, ni los resultados de dichas tareas que eran tercerizadas. Por año, el Momo Venegas llegó a gastar ocho millones de pesos en la empresa Gregard SA. Pero éste no era el único contrato de tercerización.

“Se rescindieron los contratos de las cinco empresas tercerizadas, recuperando para el Estado nacional las funciones de fiscalización, inspección, control, recaudación, cobranza judicial y extrajudicial, capacitación y desarrollo del sistema informático. Estos contratos implicaban una fuga de 20 millones de pesos anuales de los fondos de los trabajadores rurales”, sostuvo Martini.

En el rubro capacitación, Venegas llegó a transferir cinco millones de pesos en un contrato firmado por la Uatre, la entidad gremial que él representa. Lo curioso de esas capacitaciones es que muchas no fueron realizadas, según informó y documentó a Página/12 Carlos Isequilla, ex director de Uatre La Pampa, información que fue publicada por este diario el 21 de febrero de 2012.

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