Organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos marcharon a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Imagen: Télam.

A cinco días de la represión en el Hospital Borda, el gobierno porteño acumula intimaciones y denuncias: en cumplimiento de una disposición de la Cámara del Crimen, una jueza de instrucción ordenó que la Policía Metropolitana no vuelva a repetir el accionar del viernes 26 de abril y que se preserve la integridad de los pacientes. Por otra parte, la Defensoría General de la Nación y la Asesoría Tutelar porteña denunciaron penalmente a Mauricio Macri y a sus funcionarios.

La Cámara del Crimen ordenó una intimación, librada el lunes por la jueza de Instrucción Silvia Ramond, dirigida al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, a fin de adoptar “las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica y la seguridad de las personas internadas involuntariamente en el hospital José T. Borda”; y al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, para que evite “reiterar por parte de la Policía Metropolitana un accionar similar al acontecido el 26 de abril”.

La medida se originó en un recurso de hábeas corpus colectivo presentado el día de la represión por la Defensoría General de la Nación a favor de las personas internadas involuntariamente en el Hospital Borda, cuya integridad psicofísica fue puesta en riesgo por el violento accionar de la Metropolitana.

En su planteo, la Defensoría remarcó que, más allá de la discusión sobre la competencia de Justicia local o nacional, se debieron adoptar primero las medidas de resguardo necesarias para evitar que se repitan los hechos y “salvaguardar la integridad psicofísica de las personas”. La Defensoría ejerce la defensa de todos las pacientes internados involuntariamente en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental.

Por otra parte, el asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Gustavo Moreno, denunció el martes a Macri, a Montenegro, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y al jefe de la Policía Metropolitana, Alberto Horacio Giménez, por desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones.

En su presentación ante la Cámara del Crimen, Moreno argumentó que los citados funcionarios “preveían la potencial existencia de un conflicto de envergadura” el viernes 26, pero “su única finalidad era lograr la demolición del Taller Protegido Nº 19 a cualquier costo”. Por esta razón dispusieron de más de un centenar de efectivos de la Metropolitana en el Borda que formaron un cordón desde las 7 de la mañana.

De acuerdo con esto, el asesor les atribuye una “participación necesaria en los hechos” que provocaron lesiones a cuatro pacientes “con mayor gravedad en el caso de J. T., a quien la Policía Metropolitana le disparó con balas de goma desde atrás al presentar impactos en la espalda”.

Según informes de la Asesoría Tutelar, “J. T., de 21 años, internado en el Servicio 5, sufrió lesiones compatibles con 21 impactos de balas de goma en el tórax superior, cuello, axila izquierda, pecho y hombro derecho, por lo que fue derivado a través del SAME al Hospital Ramos Mejía retornando al Hospital Borda el día 27 de abril”.

Por este caso en particular también se presentó la Defensoría General, que radicó una denuncia penal por “vejación o apremios ilegales” a J. T. ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13.

En su presentación, la secretaria de Primera Instancia de la DGN Carolina Brandana, en su carácter de defensora del paciente internado involuntariamente en el Borda, formuló denuncia “por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 144 bis, inc. 2, del Código Penal”, el cual refiere “al funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.

El viernes 26 de abril al mediodía, el paciente J. T. salió al parque del hospital para ir a la “canchita” y se encontró con el cordón policial, desde donde inmediatamente comenzaron a dispararle.

Esto se condice con lo que expone el asesor Moreno en su denuncia. “La Policía Metropolitana, lejos de mantenerse en la zona en la que se llevaba a cabo la demolición, formó un cordón humano, el cual avanzó hasta el patio central del hospital, a más de 100 metros de distancia del área a demoler, instalándose en una zona de contacto con los usuarios de la institución y con el personal que allí cumple funciones. Tras la protesta de los trabajadores de la institución, el Cuerpo de Infantería procedió a reprimir con violencia los reclamos con balas de goma, que se dispararon en al menos tres momentos, ocasionando heridas graves a usuarios del servicio de salud mental y a trabajadores, como así también una seria conmoción en todo el hospital.”