La Justicia federal porteña desarticuló una organización que se dedicaba a realizar abortos en pésimas condiciones sanitarias en el barrio de Liniers, al punto de que una de las mujeres a las que atendieron en septiembre de 2011 fue sometida a un raspaje sin anestesia y por la infección que sufrió luego de esa cirugía tuvo que recurrir de urgencia al Hospital Penna, donde permaneció durante un mes internada y le extrajeron el útero para salvarle la vida. Escuchas telefónicas revelaron, además, el accionar de efectivos de la comisaría 44ª de la Policía Federal para coimear a integrantes de la banda –mientras avanzaba la investigación judicial– a cambio de protección y silencio. “Para esta historia podemos ensayar un título: los abortos de la pobreza”, señaló el fiscal federal Federico Delgado, en el pedido de elevación a juicio de la causa, presentado ante el juez Sergio Torres a cargo del Juzgado Federal N° 12, al que tuvo acceso Página/12. En el escrito, el fiscal puso en primer plano el fracaso de la ley que penaliza el aborto y sus graves consecuencias en la salud de las mujeres de sectores populares que desean interrumpir un embarazo y terminan en consultorios clandestinos “fuera de todo control y regulación pública” y con la connivencia de “agencias con poder de policía en el territorio”.

El caso involucra a 12 personas, la mayoría de ellas peruanas, varones y mujeres, de entre 47 y 28 años, que ocultaban su verdadera actividad –la práctica de abortos clandestinos– bajo la pantalla de ofrecer “servicios” de “tarot”, “consejo espiritual”, curanderismo o “soluciones a problemas de pareja”. Se promocionaban con folletería entregada en la vía pública. “Es usual que los folletos ofrezcan esta clase de servicios y entre medio promocionen ‘solución de atraso menstrual’”, señala el fiscal. Mutaban los domicilios y celulares que utilizaban con frecuencia. Operaban en unas pocas cuadras del barrio de Liniers, incluso en una galería comercial de la zona. Los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que realizaba abortos ilegales, y con ese fin cometía otros delitos como el ejercicio ilegal de la medicina y el suministro ilegal de medicamentos. El máximo de la pena que podría corresponderles es de 10 años. Se presentaban como profesionales de la salud “sin serlo”, paralelamente los sitios donde atendían no se encontraban habilitados como consultorios ni cumplían con las mínimas condiciones de higiene y seguridad hospitalaria, describe el fiscal Delgado. Sólo uno de ellos, sindicado como el jefe de la asociación ilícita (Marco Antonio Escobar Sosa, alias “Hermano Vicente”), está detenido. El resto fue excarcelado por decisión de la Cámara Federal y seis de ellos –todas mujeres– fugaron y se encuentran en rebeldía.

El pedido de elevación a juicio va más allá del caso puntual: es una clara radiografía de la problemática del aborto en la Argentina. “Este expediente es sólo una demostración más del fracaso del Estado para articular políticas eficaces en materia de salud y pone en evidencia la función meramente simbólica de la ley penal. Dicho de otro modo, es un ejemplo más acerca de cómo la manera en que el derecho y las instituciones abordan un problema social, en este caso la pretensión vigente de criminalizar el aborto, forma parte del problema”, apuntó Delgado en su resolución. En este contexto, destacó el fiscal, “muchísimas mujeres acceden a consultorios ilegales donde personas sin conocimientos ni habilitación para ejercer la medicina les practican abortos en condiciones que ponen en riesgo la integridad y salud de las personas. La consecuencia es previsible y la causa suministra precisos indicadores de esa dramática decisión: muchas de esas mujeres terminan internadas con infecciones graves que en algunos casos terminan con la extirpación del útero, otras simplemente mueren”.

La investigación fue iniciada en agosto de 2009 por efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal al seguir la pista de distintos folletos que se entregaban en la vía pública en la zona de Liniers, en los que se ofrecían soluciones para el “atraso menstrual”. Pero tiempo después la Federal fue corrida de la investigación y se convocó a personal de la Policía Metropolitana, cuando la Fiscalía N° 6 detectó que falseaba los informes: decía que ya no había actividad por parte de la organización en algunos de los domicilios donde más tarde se constató que continuaba la realización de abortos. Posteriormente surgieron escuchas telefónicas a integrantes de la banda que revelaron que habían sido visitados por efectivos de la comisaría 44ª, cuya jurisdicción es justamente el barrio de Liniers, para hacer la vista gorda frente a su actividad delictiva. En un diálogo entre dos de los imputados, uno le cuenta a otro que un oficial de la 44ª le dijo: “Bueno, mirá, vine a ver si estabas laburando con esto, podemos hablar, así puedes laburar tranquilo, me dijo.... vino como para poder arreglar, viste”.

Fuentes de la Procuración General de la Nación indicaron a Página/12 que esa misma División Delitos contra la Salud ha sido la que históricamente “hizo la vista gorda” a la existencia de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hoy sigue actuando en causas de infracción a la Ley de Profilaxis. En una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que también está en manos del fiscal Delgado, fue denunciada por hacer transcripciones de escuchas telefónicas de manera infiel: básicamente no transcribían las referencias que los imputados hacían a los pagos y relaciones con comisarios de la jurisdicción del prostíbulo que estaban investigando.

Además de la mujer que terminó con su útero extirpado, y que declaró en la causa, la investigación de la fiscalía detectó otro caso de otra joven que fue atendida en uno de los pseudoconsultorios de la banda y pagó 3200 pesos por un aborto quirúrgico en febrero de 2011, y tuvo que ser internada de urgencia con hemorragias en el Hospital Santojanni. La organización ofrecía también abortos con medicamentos. La investigación incluyó numerosos allanamientos en los diversos domicilios en los que atendía la red, donde se secuestró instrumental quirúrgico y medicamentos abortivos.

“La seguridad y la salud, como casi todos los bienes, están desigualmente distribuidos: mientras tanto las mujeres continuarán abortando... grupos y redes personales continuarán subsanando la ausencia del Estado. ¿En qué condiciones? Dependerá del poder adquisitivo”, advirtió el fiscal Delgado en su resolución. “La disputa penal es sólo una de las aristas del problema y que por lo general lleva a un callejón sin salida: la querella principista acerca del valor de la vida por nacer versus la autonomía de las mujeres para elegir y determinar sus planes de vida. Discusión que, por otro lado, puede producir perplejidad si la bajamos a esta simple pregunta ¿cómo obligar en términos prácticos (y no morales) a una mujer a llevar adelante un embarazo? Pues bien, es en ese plano que la ley penal adopta protagonismo porque delimita si es o no un delito. No entraremos de manera directa en esa discusión en este dictamen. Pero sí diremos que ese marco, la restricción del análisis a ese nivel abstracto, acarrea el riesgo de dejarnos miopes en relación con el problema concreto de una práctica que, precisamente, se reproduce a espaldas de la legalidad”, advirtió el fiscal. Delgado pidió además al juez Torres que “extraiga testimonios de las piezas pertinentes” y los envíe a la Oficina de Sorteos de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, para que se investigue “el rol de las fuerzas de seguridad en esa suerte de “administración de ilegalismos”, que quedó al descubierto con las escuchas, y que esas mismas actas sean remitidas a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

El pedido de elevación a juicio alcanza a los ciudadanos peruanos Marco Antonio Escobar Sosa, de 44 años; Martina Iris Pacheco Apaza, de 40; Rafael Quispe Lima, de 39, y Carlos Martín Sánchez García, de 35, además, a los argentinos José Luis Dameno, de 47, y Tamara Jésica Ibáñez, de 29. Un segmento de la investigación deberá permanecer en la instrucción, dado que el resto de las personas imputadas “ha evadido con éxito la actuación de la Justicia, algunas luego de ser procesadas (Isela Huarachi Torrez, boliviana; Miriam Mery Torrez Poma, boliviana; Felicitas Gerardo Manríquez, peruana), otras incluso antes de ser indagadas (Mercedes Mariluz Cabrera, Lucía Conde Cornejo, Paola Esperanza Silva Magallanes, peruana, de 28 años, de quien falta la orden de captura internacional, aclaró el fiscal).